Álvaro Uribe Vélez fue condenado este primero de agosto por soborno a testigos y fraude procesal. Una primera condena que muchos sentimos como una grieta en la impunidad de una maquinaria de poder que ha hecho del crimen un instrumento de gobierno. Y aunque la justicia penal ordinaria apenas ha alcanzado la punta del iceberg, el prontuario del expresidente y exsenador es vasto, abrumador y aún impune en su mayor parte.
Colombia ha tenido que cargar por décadas el peso del uribismo no solo como doctrina política, sino como una forma de operar en la sombra: con redes de paramilitarismo, silenciamiento, corrupción y control institucional. Lo que se conoce es apenas lo que el Estado ha permitido investigar. El resto yace en expedientes dormidos, pruebas destruidas o testigos asesinados. No son conjeturas ni exageraciones. Son hechos que se han repetido con nombres propios, fechas, fosas comunes y coordenadas satelitales.
Uribe tiene por lo menos más de 50 procesos abiertos en la Fiscalía General de la Nación, la mayoría por delitos graves: homicidios, desapariciones forzadas, conformación de grupos armados ilegales, desplazamientos, interceptaciones ilegales, nexos con el narcotráfico. Muchos de estos procesos avanzan a paso de tortuga o están congelados. Otros se han cerrado sin mayor explicación. Pero el expediente más visible, el del soborno a testigos, es apenas el eslabón más pequeño en una larga cadena.
El caso por el cual hoy se dicta condena empezó con una denuncia del propio Uribe contra el senador Iván Cepeda, quien investigaba sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. Lo que siguió fue un búmeran: la Corte Suprema no solo archivó la denuncia contra Cepeda, sino que abrió una investigación contra Uribe al encontrar pruebas de que había presionado testigos a través de su abogado para que cambiaran su versión sobre su participación en la conformación del Bloque Metro de las AUC.
Pero mientras este proceso camina, al menos 16 casos más en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes duermen el sueño de los justos. Allí donde la Constitución debería garantizar el juicio político a expresidentes, se ha instalado un sistema de encubrimiento legal. La llamada “Comisión de Absoluciones”, como la apodan, ha sido por años un muro de impunidad institucionalizada. Allí reposan denuncias por las chuzadas del DAS, la masacre del Aro, las ejecuciones extrajudiciales, las órdenes para bombardear zonas pobladas, el espionaje a magistrados y defensores de derechos humanos, las masacres paramilitares ocurridas durante su gobernación en Antioquia, y la represión sistemática a comunidades campesinas y pueblos indígenas que resistieron a sus megaproyectos extractivos.
Los casos no son pocos ni leves. En tribunales internacionales también hay acciones abiertas. En 2023, más de 120 organizaciones entregaron a la Jurisdicción Universal en Argentina un dossier por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mandato, incluyendo los falsos positivos, que según la JEP ascienden a por lo menos 6.402 víctimas civiles ejecutadas por el Ejército y presentadas como guerrilleros muertos en combate. La gran mayoría de estos crímenes ocurrieron entre 2002 y 2008, durante su primer gobierno. Uribe no solo no los detuvo, sino que promovió una política que premiaba los resultados operacionales sin verificar su legalidad.
La justicia transicional, limitada por los marcos del Acuerdo de Paz, ha intentado develar estos crímenes. Pero Uribe, desde su tribuna mediática, ha negado toda responsabilidad. Ha dicho que son montajes, que son odios ideológicos, que son campañas en su contra. Pero las pruebas están. Las familias están. Las madres que aún buscan a sus hijos están. Los informes forenses están. Las exhumaciones, las sentencias a militares, las confesiones de paramilitares. Todo está.
Hoy, la condena por soborno es una pequeña luz. Una señal de que la justicia puede abrirse paso en medio del pantano. Pero no es justicia todavía. No mientras sigan impunes las masacres, las desapariciones, los desplazamientos forzados, la estigmatización de líderes sociales, el exterminio de comunidades enteras. No mientras la justicia internacional no actúe ante la imposibilidad de que la justicia colombiana rompa el cerco de la impunidad política.
El prontuario criminal de Álvaro Uribe Vélez no es un secreto ni una sospecha. Es un clamor documentado de miles de víctimas. Su condena no es suficiente, pero es necesaria. Y lo que sigue es no olvidar, no ceder al miedo, no rendirse ante el poder. Porque la dignidad de los pueblos se construye también con memoria y con justicia.
Por Prensa Justicia & Dignidad