Por estos días circula una denuncia que, de confirmarse, podría representar uno de los mayores sabotajes internos al gobierno de Gustavo Petro. El exmilitar en retiro y tuitero conocido como el sargento Chala compartió extractos de unos supuestos chats en la aplicación Signal entre el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y el general (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. En ellos se hablaría de acuerdos, favores y visitas a instalaciones militares clave. Lo más grave: todo, al parecer, a espaldas de la Presidencia.
Traición. De las más graves.
Todos sabemos quién es Zapateiro. Su espíritu golpista no es secreto. Es parte orgánica del uribismo, hijo directo de la doctrina de la Seguridad Nacional, enemigo declarado del progresismo colombiano y, según múltiples testimonios ante la JEP (Justicia Especial para la Paz), presunto autor de crímenes de lesa humanidad. Fue quien ordenó la masacre de los jóvenes durante el paro nacional. Su desprecio por la democracia es tan público como su cuenta de Twitter.
A simple vista, estos chats podrían parecer un nuevo escándalo menor. Pero lo que reflejan —si son ciertos— es mucho más profundo: una cultura de poder militar que se niega a ser subordinada al mandato civil. Un poder que no responde ante la ciudadanía ni ante el voto popular, sino ante sus propios intereses corporativos, políticos y económicos.
Que sea Zapateiro quien aparece en el centro de esta trama no es casual. Fue protagonista de enfrentamientos públicos con Petro cuando era senador, defensor a ultranza de oficiales responsables de falsos positivos y portavoz informal del ala más reaccionaria de la cúpula militar. Nunca se retiró realmente. Solo se reubicó para seguir moviendo los hilos desde las sombras.
Hoy, para muchos, Zapateiro representa la continuidad del militarismo impune que amenaza los ya frágiles equilibrios entre lo civil y lo castrense en Colombia. Verlo involucrado en posibles negociaciones clandestinas con el ministro de Defensa —el mismo que debe garantizar el control político sobre las Fuerzas Armadas— no solo sería un escándalo: sería una amenaza directa a la democracia.
Y ahí está el corazón del problema. Nombrar a Pedro Sánchez, un militar, como ministro de Defensa fue un error. Uno que muchos advirtieron. Porque, por más voluntad de cambio que tenga un gobierno, el sistema militar colombiano ha sido formado para desconfiar de lo civil, criminalizar la protesta y resistir cualquier liderazgo progresista.
Un civil puede poner límites. Un civil puede incomodar, exigir cuentas, empujar una reforma. Un militar difícilmente se enfrentará a sus antiguos compañeros, mucho menos a sus superiores. Y Pedro Sánchez no lo ha hecho. Por el contrario, ha promovido ascensos de oficiales cuestionados, entregado condecoraciones sin sustento legal y permitido que el Ministerio se convierta en santuario de lealtades castrenses, no republicanas.
Petro hizo lo que ningún gobierno de derecha se atrevió a hacer: entregar el Ministerio de Defensa a un militar en ejercicio. Y eso fue más que un error: fue un riesgo. Si el uribismo vuelve al poder en 2026, no sería descabellado ver al propio Zapateiro de nuevo en el Ministerio. Sería el regreso de la doctrina del enemigo interno, del exterminio sistemático, de las violaciones generalizadas a los derechos humanos.
Queremos creer que los chats de Chala son falsos. Que son otra provocación. Pero, si son verdaderos, estamos en peligro. Porque el poder militar sin control democrático no solo sabotea un gobierno: sabotea una nación entera.
Presidente Petro: se lo dijo la gente. Se lo dijeron las víctimas. Se lo advirtieron las organizaciones sociales.
Un militar en el Ministerio de Defensa, no. Nunca más.
Por Prensa Justicia & Dignidad