La Ley 100 de 1993 se presentó como la panacea: modernización, cobertura universal, progreso. Pero lo que trajo fue un negocio, puro negocio. La salud se convirtió en póliza, en trámite, en ventanilla; la vida, reducida a números de carné.
Privatizaron la salud con un disfraz: “aseguramiento”. Detrás, la misma vieja trampa: plata pública en manos privadas. Y no tardaron en aparecer las EPS como bancos de la enfermedad, enriquecidas con cada fila de espera, con cada cita negada, con cada muerte por “no cobertura”.
Ni siquiera las comunidades indígenas se salvaron. La Asociación Indígena del Cauca – AIC EPSI, que debía garantizar salud propia e intercultural, está bajo auditoría forense de la Contraloría General de la República. La revisión detectó 46 hallazgos, de los cuales 33 tienen incidencia fiscal, por un valor de $5.196 millones de pesos. Hallazgos sobre contratos inflados, anticipos sin justificar, facturas dudosas y fallas en la ejecución de programas de salud.
Durante 2024, la AIC EPSI suscribió contratos con asociaciones indígenas por más de $64.509 millones de pesos. Uno solo, de $2.126 millones, destinado a fortalecer el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), generó un hallazgo fiscal de $850 millones por incumplimiento de actividades pactadas y falta de amortización del anticipo.
La Supersalud, ante estas irregularidades, revocó la autorización de funcionamiento de la AIC EPSI en ocho de los nueve departamentos donde operaba. El resultado: más de 211.000 usuarios perdieron cobertura, entre régimen subsidiado y contributivo, y solo se mantiene parcialmente operativa en Cauca.
Esto no es un caso aislado. Es la consecuencia lógica de un sistema que convirtió la salud en un negocio rentable, y donde la corrupción se cuela incluso en los programas destinados a proteger a los más vulnerables, como los pueblos indígenas.
La salud, en Colombia, nunca fue derecho. Fue botín. Se volvió botín legalizado con la Ley 100. Y lo peor es que todos lo saben: los burócratas que hacen informes, los directivos de EPS, y los enfermos que mueren en pasillos de urgencias. Todos lo saben.
Urge un cambio. No un parche. No una reforma cosmética. No una EPS con plumas indígenas o logos verdes. Urge un modelo público, solidario, intercultural y universal, donde la salud sea un derecho, no un negocio.
Mientras tanto, los indígenas también siguen muriendo en las salas de espera.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo