En Ecuador, el narcotráfico ya no es un rumor de puertos lejanos ni un eco de las guerras de carteles en México o Colombia. Tiene nombre y apellido. Se llama Noboa Trading S.A., la empresa del presidente Daniel Noboa, y sus contenedores de banano han terminado convertidos en vehículos de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.
Entre 2020 y 2022, la policía ecuatoriana incautó cerca de 700 kilos de cocaína escondidos en los cargamentos de esta firma. No se trató de un episodio aislado: en años recientes, al menos otros 400 kilos de droga han sido interceptados bajo la misma marca exportadora. Los registros judiciales y los reportajes de investigación coinciden en un punto: el apellido que hoy ocupa la presidencia también aparece en las bodegas de los buques que transportan cocaína a gran escala.
Noboa y su familia poseen más de la mitad de las acciones de la compañía. El presidente no ha asumido responsabilidades. Por el contrario, se ha refugiado en una estrategia conocida en toda América Latina: el argumento de la “contaminación” de contenedores, como si el narcotráfico actuara en soledad, sin cómplices, sin redes, sin protección política.
Pero los números cuentan otra historia. La droga salió de los mismos puertos, de las mismas cadenas logísticas, bajo las mismas razones sociales. El patrón es demasiado nítido para explicarse solo como coincidencia. La empresa ha seguido operando, blindada por el poder presidencial y la indiferencia del norte global.
Y aquí la contradicción se vuelve obscena: a estas empresas jamás se les llama cartel. No se les persigue, no se les descertifica. Nadie coloca a Noboa Trading en las listas negras del Departamento de Estado. Nadie amenaza con sanciones económicas ni exige cabezas políticas. La etiqueta de “narcotráfico” se reserva, cuidadosamente, para gobiernos incómodos, sobre todo los de izquierda. La “guerra contra las drogas” se convierte, entonces, en un instrumento para castigar a quienes desafían la hegemonía, no a quienes inundan de cocaína las calles de Estados Unidos y Europa.
La paradoja es brutal: mientras Washington predica la lucha contra el crimen organizado y presiona a países como México, Colombia o Venezuela, calla cuando la droga viaja en barcos que llevan el apellido de un presidente aliado. Ecuador, desde sus muelles, alimenta el mercado global de cocaína con la venia del poder político.
El mensaje es claro. El cartel no siempre se esconde en la selva, ni se camufla en caravanas clandestinas. A veces está en los directorios de empresas respetables, en sociedades registradas en Panamá, en presidentes que sonríen en las cumbres internacionales. En Ecuador, el cartel está en el norte.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo