El próximo 26 de octubre, millones de colombianos acudirán a las urnas para participar en la consulta del Pacto Histórico. Sin embargo, esta jornada electoral llega marcada por una serie de decisiones institucionales que, aunque presentadas como técnicas, tienen profundas implicaciones políticas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió, a última hora, no autorizar el uso del logo del Pacto Histórico en los tarjetones. El argumento: la fusión de los partidos que integran la coalición no está formalmente consolidada.
Pero detrás de esa justificación administrativa hay una consecuencia política evidente: la eliminación de un símbolo colectivo. El logo no es una simple imagen; representa una identidad construida a lo largo de años de lucha por la justicia social y la dignidad. Al desaparecerlo del tarjetón, se diluye la memoria de quienes creyeron posible otro país.
El CNE también negó la fusión formal del Pacto Histórico, dejando por fuera a Colombia Humana —el movimiento del presidente Gustavo Petro— y a Progresistas, bajo argumentos que podrían haberse subsanado fácilmente.
En la práctica, esta decisión impide que la izquierda participe como un bloque unificado, a pesar del mandato popular que le dio origen. Lo que debió ser un trámite de integración se convirtió en una barrera burocrática.
A estas medidas se suma una decisión reciente de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC): prohibir las alocuciones presidenciales. Bajo el argumento de “equilibrio informativo”, se restringe la posibilidad del presidente de dirigirse al país, justo en un contexto electoral clave. Esta limitación equivale a una forma de censura institucional. Silenciar al jefe de Estado en medio de una disputa política por el rumbo del país no garantiza neutralidad: consolida un desequilibrio.
Pero quizá la situación más grave pasa inadvertida.
El diseño actual del tarjetón para la consulta del 26 de octubre plantea que se elige candidato a la Presidencia de la República, no precandidato. Esto significa que quien gane no podrá participar en la consulta ampliada del Frente Amplio en marzo, ya que jurídicamente habría sido proclamado candidato presidencial.
El resultado: una trampa legal que fragmenta al campo progresista y pone en riesgo su participación en la contienda definitiva.
Además, los precandidatos que hoy se presentan podrían incurrir en doble militancia, quedando inhabilitados para competir en marzo. Un detalle técnico con efectos políticos devastadores.
En conjunto, estas decisiones —la exclusión del logo, la negación de la fusión, la censura de las alocuciones y el error en el tarjetón— no son hechos aislados. Responden a un mismo patrón: el uso del aparato institucional para restringir la participación y debilitar la unidad del movimiento social y político que representa el cambio.
La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, hoy dominados por sectores conservadores, actúan como árbitros y jugadores al mismo tiempo. Bajo la apariencia de legalidad, están configurando un escenario electoral desequilibrado, donde la derecha mantiene el control a través de procedimientos, no de votos.
La violencia política ya no siempre se expresa con amenazas ni con balas. También opera desde los escritorios, a través de resoluciones, plazos y formularios. Es una violencia administrativa, diseñada para desgastar, confundir y desmovilizar.
Una democracia no se destruye de un día para otro. Se erosiona lentamente, con decisiones que parecen técnicas pero que minan su esencia: el derecho ciudadano a elegir libremente y a reconocerse en un proyecto común.
Si no se corrige el tarjetón, si no se permite la fusión y si se mantiene el veto a la comunicación presidencial, el país se encamina hacia unas elecciones desiguales, donde las reglas del juego están diseñadas para que gane quien nunca ha dejado de tener el poder.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo