“No queremos reyes”, gritaron los norteamericanos el 18 de octubre. Que nos quede claro también a nosotros, en Colombia: el pueblo estadounidense dijo en voz alta que no quiere a Donald Trump, ni el modelo autoritario y monárquico que la derecha sueña replicar aquí si gana en 2026.
Las calles se llenaron. Más de 7 millones de personas en 2.500 marchas ocuparon avenidas, parques y plazas de costa a costa: familias migrantes con niños, sindicatos, estudiantes, veteranos, comunidades que se han sentido silenciadas durante años. No se veía algo así desde las grandes movilizaciones contra la guerra o las oleadas por los derechos civiles. No era una manifestación electoral: era una defensa colectiva del principio mismo de la República.
El movimiento No King nació el 14 de junio como gesto de desobediencia civil y tomó fuerza hasta convertirse en una marea que reclamó la calle como el único tribunal legítimo. No tiene un solo líder; es la suma de voces que se niegan a ceder su soberanía a un individuo.
Pero antes de que las multitudes dieran un solo paso, el gobierno había trabajado para convertir la protesta en amenaza. En septiembre, la administración firmó una orden ejecutiva que calificaba a Antifa como organización terrorista doméstica. Fue un gesto político con consecuencias: expertos jurídicos y constitucionalistas advirtieron que no existe una herramienta clara en la ley estadounidense para designar como “organización terrorista” a un colectivo descentralizado y sin estructura formal —y por tanto señalaron que la medida carecía de la base legal que exige una decisión de ese calado. Es decir: se etiquetó y se estigmatizó sin la claridad legal necesaria.
Esa etiqueta no fue inocua. Antes de la jornada, se habló en voz alta de “agitadores infiltrados”, de “pro-Hamas” y de amenazas externas, construyendo un relato que sirviera para legitimar la represión. La respuesta del Estado fue desmesurada en muchos lugares: despliegues de la Guardia Nacional, presencia militar en avenidas, detenciones selectivas, uso de gases y cargas policiales. Lo que se estaba viendo no era solo control del orden público: era una ofensiva discursiva y práctica contra la protesta social. La Primera Enmienda —que protege la libertad de expresión y de reunión pacífica— fue puesta en jaque por una mezcla de ordenanzas, amenazas y prácticas que, en la realidad, cercenan el derecho a disentir.
Organizaciones como la ACLU —la Unión Americana de Libertades Civiles, principal entidad jurídica de defensa de derechos civiles y constitucionales en EE.UU.— levantaron la voz para recordar lo obvio: protestar es un derecho. Grabar a la policía, reunirse en una plaza, marchar con un cartel —todo eso está amparado. Sin embargo, la criminalización previa y la obstinada etiqueta de “terrorismo” hicieron que muchos manifestantes llegaran a la movilización con miedo, sabiendo que su presencia podía traducirse en una acusación, en vigilancia extrema o en la pérdida de libertades básicas.
A pesar de ello, la gente salió. Salieron quienes nunca habían marchado antes. Salieron quienes no tenían nada que perder salvo la dignidad. Salieron porque entendieron que la democracia —ese pacto frágil entre ciudadanos— se defiende con presencia y memoria, no con silencios complacientes.
Lo que ocurrió el 18 de octubre fue una reivindicación de cuerpos: ancianos que sostienen pancartas, madres que empujan carriolas por avenidas, jóvenes que gritan con la garganta ronca. Fue un recordatorio de que la soberanía popular no admite coronas.
Si la lección se mantiene y el pueblo norteamericano logra poner freno a la ambición monárquica que algunos intentan imponer desde la oficina más poderosa, ellos se salvan. Y quizá, con ellos, se salva la humanidad. Porque las democracias que se defienden son un respiro para el resto del mundo. Y bueno —que nadie se ofenda demasiado— si ese día llega, y si el tal mono anaranjado se va, el planeta podrá volver a dormir un poco más tranquilo.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo