No es solo Gustavo Petro, el presidente incómodo que osa pronunciar la palabra vida en medio del ruido de los fusiles. También es Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, una abogada italiana que decidió cumplir con su deber: mirar de frente la barbarie y nombrarla por su nombre. Desde su despacho, desde sus viajes a Cisjordania y sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos, Francesca ha descrito lo que el poder mundial prohíbe decir: que lo que ocurre en Palestina no es una guerra, sino una ocupación prolongada, un régimen de apartheid, una maquinaria de despojo que se ha vuelto genocidio. Lo escribió con precisión jurídica y con la calma de quien no tiene miedo. Y por eso, Estados Unidos la sancionó.
La acusan de “presionar” a la Corte Penal Internacional por investigar a israelíes y estadounidenses. Le aplicaron las sanciones del decreto ejecutivo 14203, la incluyeron en la lista negra del Departamento de Estado, le cerraron las puertas financieras y le prohibieron entrar en suelo norteamericano. Sus cuentas y transacciones quedaron congeladas en el sistema internacional; las empresas y bancos que la toquen serán castigados. Es una manera elegante de decirle: “Cállate o desaparecerás del mapa”. Porque así opera el nuevo totalitarismo: ya no necesita quemar libros ni encarcelar poetas, basta con borrarlos de los bancos y de los algoritmos.
Francesca Albanese ha dicho que esas sanciones violan la inmunidad que protege a los relatores de Naciones Unidas. Pero el imperio no reconoce inmunidades cuando la verdad duele. Su pecado fue documentar cómo Israel, con apoyo de las potencias occidentales, ha transformado la Franja de Gaza en un laboratorio de exterminio: hambre como arma, hospitales convertidos en ruinas, niños convertidos en cifras. En su informe “From Economy of Occupation to Economy of Genocide”, denunció cómo las empresas de Estados Unidos y Europa obtienen ganancias de esta devastación. Lo que era una “ocupación” se volvió un “negocio del genocidio”. Y al tocar el dinero, tocó el nervio sagrado del poder.
No es solo Francesca. Es el castigo a quien osa mirar. Es la advertencia a todo aquel que se atreva a decir que el rey está desnudo. En el mundo de hoy, decir la verdad se paga con aislamiento, sanciones o muerte civil. Lo mismo hacen con Petro cuando habla de Palestina, con los periodistas palestinos que aún escriben bajo las bombas, con los médicos que rescatan cuerpos sin anestesia y sin electricidad. Las palabras libres son tratadas como delitos.
Y mientras tanto, la derecha mundial —esa cofradía que no cree en Dios pero adora el dinero— cierra filas alrededor de Israel. Gobiernos, corporaciones, plataformas y medios repiten el mismo guion: “defensa propia”, “antisemitismo”, “seguridad nacional”. Y así, el horror se disfraza de justicia, y el genocidio se vende como una operación quirúrgica. Todo encaja en el plan de siempre: borrar a un pueblo para construir sobre sus ruinas el paraíso de unos pocos.
Porque —no nos engañemos— todos los caminos llevan a Roma, perdón, a Israel. La derecha global es cómplice de un genocidio insoportable, transmitido en tiempo real, pixel a pixel, cadáver a cadáver. Y detrás del humo y del dolor, asoma el rostro de Donald Trump, que a través de su yerno Jared Kushner —el arquitecto de los “Acuerdos de Abraham”— sueña con levantar un emporio inmobiliario para los mega ricos del planeta sobre los escombros de Gaza. No es una metáfora: quieren que la ciudad mártir se convierta en un paraíso fiscal rodeado de muros, un Dubai del despojo.
Pero la historia no se deja enterrar. Por cada palabra silenciada, otras mil se levantan. Por cada sanción, una conciencia despierta. Francesca Albanese no está sola. Los pueblos la miran con respeto, con rabia y con amor, porque saben que ella está pagando el precio de decir lo que todos sabemos y el poder niega: que el genocidio tiene patrocinadores, y que el silencio también mata.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo