Colombia fue castigada. No por narcotráfico, ni por corrupción, ni por terrorismo. Fue castigada por decir la verdad.
El presidente Gustavo Petro, con la osadía que pocos jefes de Estado se atreven a sostener frente a Washington, denunció lo que el mundo debía escuchar: que los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico podían ser ejecuciones extrajudiciales. La respuesta fue inmediata y brutal. No hubo diplomacia, hubo represalia.
En cuestión de días, el mandatario colombiano, su familia y su embajador Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton, ese invento del Departamento del Tesoro que, bajo el pretexto de luchar contra el lavado de activos, se ha convertido en un arma de castigo político. Y por si fuera poco, llegaron las amenazas de nuevos aranceles y restricciones comerciales. Un mensaje nítido: quien critique la política militar de Estados Unidos será sancionado.
Pero el fondo del asunto no es Colombia. El fondo es la vida. Porque mientras Washington se escuda en su lucha antidrogas, lo que realmente está ocurriendo en las aguas del Caribe son muertes sin juicio, sin proceso y sin defensa.
Las imágenes son claras. Lanchas pequeñas, tripuladas por pescadores, hombres pobres de las costas de Colombia, Venezuela, Guyana y Trinidad y Tobago, alcanzadas por misiles estadounidenses bajo la acusación de ser “narcolanchas”. Sin pruebas. Sin órdenes judiciales. Sin capturas.
En varios de esos casos, los familiares de las víctimas denunciaron que se trataba de pescadores locales que salieron a faenar y nunca regresaron. Lo confirmaron medios caribeños, defensores de derechos humanos y hasta autoridades regionales.
Los pescadores se están organizando. En Trinidad y Tobago, en el puerto de Cedros y en la costa de Chaguaramas, se realizaron marchas y plantones exigiendo el cese de los ataques. “Nos están matando en nuestro propio mar”, decía una pancarta. Pero el mar calla, y Washington también.
El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son claros:
El uso letal de la fuerza solo es legítimo cuando hay una amenaza inminente y no existen medios menos letales disponibles. Si un Estado sospecha que una embarcación transporta drogas, debe interceptarla, no destruirla. Debe detener y judicializar, no ejecutar.
Por eso, organismos internacionales han levantado la voz:
Human Rights Watch calificó las acciones como “ejecuciones extrajudiciales”, recordando que Estados Unidos “no puede reemplazar la justicia por la pólvora”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los ataques y recordó que “ninguna potencia puede arrogarse el derecho de quitar la vida fuera de un marco legal”.
Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitieron una declaración formal afirmando que estos bombardeos violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho al debido proceso.
Organizaciones como Amnistía Internacional, WOLA y CEJIL señalaron que las operaciones marítimas estadounidenses equivalen a “una política de ejecuciones sumarias encubierta bajo el discurso antidrogas”.
Y entonces aparece Colombia, la antigua aliada, la obediente, la que por décadas acató cada orden en nombre del Plan Colombia. Ahora, con Petro en el poder, osa decir lo que nadie decía: que hay una frontera ética y que Estados Unidos la ha cruzado.
La respuesta fue el castigo. Meter al presidente en la Lista Clinton es un gesto simbólico de poder. No se sanciona al corrupto ni al narcotraficante; se sanciona al que denuncia. Se castiga al que rompe el silencio.
Pero callar no es opción.
Porque si se deja sin nombre una ejecución, mañana será legal matar en el mar.
Porque si se silencia a un presidente por denunciar, mañana se silenciará a un pueblo entero.
La libertad de prensa, la libertad de opinión y la libertad de expresión no se negocian. Son el último refugio cuando el poder abusa. Y desde este rincón del sur, entre montañas y mares, hay que decirlo con todas las letras: sí, Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extrajudiciales, y sí, Colombia está siendo castigada por denunciarlo.
El mar no se limpia con misiles. La justicia no se impone con listas negras.
Y la verdad, por más que la bombardeen, siempre flota.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo