Si algo caracteriza a Colombia es esa capacidad casi poética de indignarse por encargo. Por estos días, Abelardo de la Espriella —tribuno de las buenas costumbres ajenas y operador alegre de fortunas que aparecen y desaparecen con la misma gracia con que un mago saca conejos— decidió iluminar al país con una propuesta digna de sobremesa entre capos: legalicemos el 10% del dinero ilegal, entreguemos el 90% al Estado, demos tres años de cárcel a los delincuentes y eliminemos la extradición. Una lavadora industrial de activos, pero con factura. Y como es Abelardo, los guardianes del orden moral han decidido ponerse de perfil: nadie grita, nadie se escandaliza, nadie exige la renuncia de nadie. Al contrario, lo celebran como si hubiera descubierto la vacuna contra la corrupción. Aquí nadie recuerda —o prefiere no recordar— DMG, las pirámides financieras, los paramilitares adoptivos ni las contabilidades esotéricas. Pero ahora sí, súbitamente, Abelardo es apóstol fiscal.
Lo divertido —si se puede llamar así a esta tragicomedia— es imaginar qué pasaría si Gustavo Petro propusiera exactamente lo mismo. Basta un segundo para escuchar los gritos: Semana sacaría 20 portadas simultáneas (“¡Chávez reencarnó!”, “Petro legaliza a Pablo Escobar”, “Se acabó la República”). Vicky Dávila transmitiría en un solo suspiro tres horas de indignación patriótica. La W pondría panelistas de ceja crispada denunciando la inminente entrega del país al crimen. Y en cafeterías y chats familiares se repetiría el mantra habitual: Petro está destruyendo la patria. Porque en Colombia, lo que escandaliza no es la propuesta sino quién la firma.
Mientras Petro lleva dos años buscando un marco jurídico serio para la Paz Total —un marco que permita el sometimiento real de estructuras criminales, con verdad para las víctimas y penas que no sean simbólicas—, el Congreso y la Fiscalía se han empeñado en bloquearlo. Ni una ley, ni un procedimiento, ni un articulito que permita pacificar territorios. Pero aparece Abelardo, que no tiene víctimas a las cuales responder ni una guerra que terminar, ofreciendo un modelo de blanqueo masivo con beneficios carcelarios… y la derecha lo celebra como si hubiera traído la tabla de la ley. Su propuesta es, en esencia, un lavado de activos con recibo oficial: los narcos entregan lo que quieran llamar “90%”, esconden el resto donde siempre, y salen a disfrutar de tres años en una cárcel que probablemente tendrá spa. Y además sin extradición, para completar el paquete premium.
Por supuesto, nadie como Abelardo para administrar fortunas “arrepentidas”. Si pudo revolcarse en el caso DMG sin despeinarse, ¿qué no haría con los patrimonios de los grandes capos? No sería raro que parte de ese 90% terminara misteriosamente en consultorías mágicas o fundaciones familiares de súbito altruismo. Colombia, siguiendo su lógica, debería entregarle su economía directamente a Capone: al menos ese tenía estilo.
En el fondo, lo que queda en evidencia es la obscena incoherencia de la extrema derecha. Si Petro quiere un marco para la paz, es dictadura. Si Abelardo propone un blanqueo masivo, es innovación. Aquí la ética no depende del contenido sino del color político del mensajero. Y así seguimos: un país donde los santos son bandidos, los bandidos son próceres y quienes intentan arreglar el desastre son los únicos acusados de empeorarlo. Un país donde lo grotesco ya es simplemente lo normal.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo