El debate nacional sobre el reclutamiento forzado se reabrió con fuerza tras los recientes bombardeos ordenados por el gobierno Petro, donde murieron menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados. La discusión pública se ha enfocado en la responsabilidad del Gobierno. Pero abrir este debate obliga a ir más allá: obliga a mirar lo que está ocurriendo en las regiones, a revisar lo que el Estado conoce —o decide no conocer— y a enfrentar la dimensión real de un fenómeno que se ha desbordado en silencio.
Un ejemplo ilustrativo es el Cauca. Allí, la Fiscalía lleva 709 investigaciones activas por reclutamiento forzado. Esta cifra, sin contexto, podría malinterpretarse como si se tratara de 709 niños reclutados. Pero la realidad es más grave. Una sola investigación puede corresponder a un reclutamiento masivo: existen procesos que agrupan entre 36 y 40 menores víctimas en el mismo hecho, o expedientes iniciados por deserciones simultáneas de 8, 10 o incluso 12 estudiantes de una institución educativa. Es decir, si se analizan los patrones y los expedientes colectivos, el número real de víctimas denunciadas en el departamento puede acercarse a los 1.000 niños y adolescentes afectados.
Y aun así, esta cifra es engañosa, porque está construida solo con lo que llega a los despachos judiciales. ¿Qué pasa con las familias que no denuncian por miedo? ¿Con las comunidades bajo control armado que no pueden hablar? ¿Con los docentes que callan porque son amenazados? ¿Con las madres que no acuden a las instituciones porque ya intentaron antes y nadie actuó? El subregistro es profundo, estructural y casi imposible de calcular.
Lo más preocupante es que estas cifras existen únicamente porque la Fiscalía Seccional del Cauca ha decidido tomarse el fenómeno en serio: documenta, sistematiza, prioriza y abre líneas de investigación. Es la excepción en el país. En la mayoría de departamentos, las fiscalías no cuentan con bases de datos actualizadas, no identifican patrones, no cruzan información y no realizan seguimiento sistemático. En otras palabras: si no hay cifras en el resto del país no es porque no haya reclutamiento, sino porque no hay institucionalidad mirando.
Mientras el país debate sobre los bombardeos, el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz ha encendido otra alarma que revela el abandono estatal desde otro ángulo. Las mujeres del movimiento han documentado casos de niños y adolescentes que, tras ser rescatados, fugados o desvinculados de los grupos armados, son entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, lejos de encontrar protección, muchos de ellos sufren maltratos, ausencia de rutas diferenciales, negligencia institucional y falta de acompañamiento psicosocial especializado.
Las madres denuncian que varios menores se han escapado de los hogares del ICBF, no porque quieran regresar a la guerra, sino porque allí tampoco encuentran seguridad, cuidado ni una atención adaptada a su condición de víctimas de reclutamiento. El resultado es una tragedia silenciosa: adolescentes que terminaron siendo víctimas de dos guerras —la de los grupos armados y la del abandono institucional— y que, al no encontrar un refugio en el Estado, terminan regresando forzadamente a las estructuras armadas de donde salieron.
Este vacío institucional se agrava en las escuelas. Docentes y estudiantes han advertido que mayores de edad de las mismas instituciones educativas están reclutando a menores. Aun así, no hay presencia efectiva del Ministerio de Educación, que sigue sin implementar rutas de protección ni actuar territorialmente. La Policía de Infancia no patrulla las zonas rurales, la Defensoría alerta pero no acompaña, las personerías están desbordadas, el ICBF falla en protección y la Procuraduría no sanciona las omisiones estatales que permiten que el reclutamiento avance sin freno. En muchas regiones del país, niños y niñas están quedando completamente solos frente a este flagelo.
Por eso, es urgente insistir en que el debate no puede quedarse atrapado en los bombardeos. Colombia abrió la conversación por los niños y niñas muertos en esos operativos. Ahora tiene que abrirla por los menores que siguen vivos, escondidos, silenciados y en riesgo. Por los que fueron reclutados y nadie busca. Por los que escapan y nadie cuida. Por los que regresan a la guerra sin que nadie pregunte por qué.
Porque detrás de cada cifra hay un niño o niña. Y detrás , un Estado que no llegó.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo