Colombia vuelve a entrar en ese ritual macabro que ya conoce de memoria: el paro armado. El ELN decretó en diciembre 72 horas de inmovilidad forzada y, como siempre, la orden no fue un gesto simbólico sino una amenaza directa a la vida cotidiana. No se muevan, no trabajen, no transiten. Y como siempre, el miedo volvió a hacer de Estado en muchas regiones.
En las primeras horas se reportaron más de cincuenta acciones violentas: ataques a la infraestructura, bloqueos de vías, amenazas a la población civil, hostigamientos armados. Nada extraordinario para un país donde la guerra se ha vuelto costumbre y donde los actores armados repiten su libreto como si el tiempo no hubiera pasado.
El ELN afirma que el paro es una protesta contra Donald Trump y las supuestas amenazas de intervención estadounidense. Pero la explicación cojea. Si el enemigo es Washington, ¿por qué el castigo lo sufren campesinos, transportadores, comerciantes y enfermos? Desde cuándo la lucha antiimperialista se ejerce encerrando pueblos y sembrando terror en carreteras secundarias. El presidente Petro lo dijo sin rodeos: esas no son amenazas contra Trump, son amenazas contra Colombia. Y tiene razón.
Pero la cosa no termina ahí. El paro armado ocurre en un momento políticamente sensible: un gobierno de izquierda intentando sostener un proyecto de cambio, un ambiente preelectoral cargado y una oposición que ha hecho de la inseguridad su mejor argumento. En ese contexto, la violencia funciona como propaganda involuntaria —o no tanto— para quienes sostienen que la izquierda no sabe gobernar y que el país necesita volver a la mano dura.
Al mismo tiempo, el caos armado encaja perfectamente en la narrativa de Trump: países desordenados, Estados débiles, enemigos internos que justifican presiones, sanciones y eventualmente intervención. Un paro armado que se proclama antiestadounidense termina siendo el mejor argumento para quienes quieren “salvar” a Colombia a punta de bombas.
Y detrás de todo asoma una sospecha más antigua: la de la doctrina de seguridad nacional, importada durante décadas, que convirtió el conflicto armado en un fenómeno funcional. Primero fue el comunismo, luego la subversión, después el narcotráfico. El enemigo cambia de nombre, pero el negocio permanece. Guerra eterna, cooperación militar eterna, dinero eterno.
El paro armado no es solo una protesta ni solo un desafío al gobierno Petro. Es otra escena de una guerra que, curiosamente, siempre estalla cuando conviene. Y casi nunca a favor de Colombia.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

