Dicen que “los zurdos quieren todo regalado”. Lo repiten como mantra quienes se creen dueños del mérito, la eficiencia y el esfuerzo. Pero basta rascar un poco la superficie para descubrir que, en Colombia, quienes más han vivido del Estado no son los pobres ni los movimientos sociales, sino la derecha tradicional y los megarricos que dicen odiar el “asistencialismo” mientras estiran la mano con una destreza admirable.
El problema no es que existan subsidios o créditos públicos: el problema es quién logra capturarlos. Porque cuando el Estado ofrece un incentivo, un crédito blando o una beca, los primeros en llegar no son los campesinos sin asesoría ni los estudiantes brillantes sin redes, sino quienes tienen abogados, contadores y gestores especializados en doblar requisitos sin romperlos. La ley no se viola: se optimiza. Y eso también es una forma de privilegio.
Ahí está el caso, ampliamente debatido en la opinión pública, de Juan José Lafaurie Cabal, hijo de María Fernanda Cabal, quien accedió a un crédito con recursos de Finagro y a un subsidio asociado, presentándose como pequeño productor. Todo dentro de los márgenes formales. El detalle incómodo es el contexto: pertenecer a una de las familias más influyentes del gremio ganadero y del uribismo duro, ese mismo que lleva años despotricando contra los subsidios “para vagos”. No es ilegal. Es revelador.
El caso más estructural es Colfuturo. Durante décadas, su esquema de crédito-beca benefició de manera desproporcionada a estudiantes de estratos 5 y 6: colegios privados, educación bilingüe, universidades de élite y respaldo familiar suficiente para asumir deudas en dólares. No es un accidente: es diseño social.
Colfuturo ha estado históricamente dirigido y financiado por representantes del gran capital colombiano. En su junta directiva y órganos de dirección han participado figuras vinculadas a los principales conglomerados económicos y financieros del país. Entre ellos, el nombre más emblemático: Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza del Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país y beneficiario histórico de políticas estatales, concesiones y contratos públicos. También han tenido asiento o representación empresarios y altos ejecutivos ligados a grupos como Colpatria (Grupo Scotiabank Colpatria), al gran sector bancario, asegurador y empresarial, es decir, los mismos megarricos que dominan la economía nacional.
Colfuturo no es una ONG popular ni una política pensada desde la desigualdad real. Ha funcionado como un negocio elegante para las élites: el Estado pone recursos, garantías y legitimidad; los grandes grupos aportan dirección y redes; y el resultado es que el dinero público financia trayectorias que ya venían con ventaja. Luego, muchos de esos beneficiarios regresan a ocupar cargos en bancos, consultoras, multinacionales o en el propio Estado, cerrando el círculo perfecto.
La derecha colombiana no quiere un Estado pequeño: quiere un Estado selectivo. Gigante para proteger patrimonios y socializar pérdidas, microscópico para derechos, educación y salud de la mayoría. Por eso el cuento de que “el Estado sobra” solo aparece cuando el beneficiario no son ellos.
Así que no: los que quieren todo regalado no son “los zurdos”. Son los mismos de siempre, expertos en llamar privilegio a los derechos ajenos y mérito a sus propias ayudas públicas.
Por Justicia & Dignidad
Periodismo independiente e investigativo