Cada vez que en Colombia se anuncia un aumento significativo del salario mínimo se activa un ritual que ya es costumbre nacional. Aparecen los mismos voceros, con los mismos gestos graves y las mismas advertencias apocalípticas: que habrá desempleo, que crecerá la informalidad, que se disparará la inflación, que las pequeñas empresas quebrarán y que, en general, el país se habrá metido en una aventura irresponsable. El salario sube, nos dicen, y la economía se cae. Lo curioso es que el salario ha pasado décadas sin subir de manera sustancial y, aun así, la economía tampoco se volvió justa ni próspera para la mayoría.
El argumento más repetido es que subir el salario mínimo destruye empleo. Se afirma que los empresarios no podrán pagar y despedirán trabajadores. Sin embargo, Colombia ha tenido altos niveles de desempleo incluso en los años en que el salario mínimo crecía apenas por encima de la inflación o incluso por debajo de ella. El desempleo no parece reaccionar con obediencia a la modestia salarial. Además, los sectores que concentran mayor capital y toman las decisiones económicas más relevantes no pagan salario mínimo. Ningún banquero, ningún alto ejecutivo, ningún gran accionista ha reducido su nómina porque el salario del vigilante o de la cajera aumente. El desempleo en Colombia no es consecuencia del salario mínimo sino de un modelo económico que concentra riqueza y reparte precariedad.
También se afirma que un aumento del salario mínimo empuja a los empleadores hacia la informalidad. El argumento resulta casi cínico en un país donde más de la mitad de los trabajadores ya es informal desde hace décadas. La informalidad no apareció cuando el salario subió: existía cuando el salario era insuficiente para vivir. El verdadero problema no es el nivel del salario sino la ausencia histórica de inspección laboral, la permisividad estatal frente al incumplimiento de la ley y la naturalización del abuso. Culpar al salario mínimo de la informalidad es como culpar al paraguas de la lluvia.
Otro de los temores invocados es la inflación. Se nos dice que si los trabajadores ganan más, los precios subirán automáticamente. Pero la experiencia muestra que los precios en Colombia suben incluso cuando los salarios no lo hacen. Suben los alimentos, sube la energía, sube el transporte, suben los arriendos, y rara vez alguien culpa a la especulación, a los monopolios o a las fallas estructurales del mercado. El salario mínimo, en cambio, siempre ha corrido detrás de la inflación, nunca delante de ella. Atribuirle el aumento de precios es confundir causa con efecto o, peor aún, elegir al culpable más débil.
Con frecuencia se apela a la difícil situación de las pequeñas y medianas empresas. Se afirma que no pueden soportar salarios más altos y que terminarán cerrando. Sin embargo, las pymes no quiebran porque sus trabajadores ganen un poco más; quiebran porque el crédito es caro, los impuestos son regresivos, los grandes competidores fijan precios y la gente no tiene dinero para consumir. Un salario mínimo más alto no asfixia a la pequeña empresa: le devuelve clientes. El problema es que, mientras se invoca a la pyme como argumento moral, las políticas públicas suelen beneficiar a los grandes conglomerados.
Cuando los argumentos económicos flaquean, aparece la acusación política: subir el salario mínimo es populismo. El término se usa con una elasticidad notable. Es populista mejorar el ingreso de los trabajadores, pero no lo es rescatar bancos con recursos públicos, ni condonar impuestos a grandes empresas, ni socializar pérdidas privadas. En Colombia, el populismo parece consistir exclusivamente en que la gente viva un poco menos mal.
También se insiste en que primero debe aumentar la productividad y luego los salarios. La idea suena técnica, pero es profundamente injusta. La productividad no depende del trabajador sino de la inversión, la tecnología, la organización empresarial y el modelo productivo. Exigirle al trabajador que sea más productivo sin mejorar sus condiciones es pedirle que corra más rápido mientras otros deciden el rumbo, el ritmo y la meta. En la práctica, la productividad aumenta, pero las ganancias no se reparten: se concentran.
Lo que casi nunca se dice es que un salario mínimo bajo funciona como un subsidio oculto al empresariado. El trabajador mal pagado sobrevive gracias a ayudas públicas, endeudamiento, trabajo adicional o apoyo familiar. El Estado termina cubriendo lo que el mercado laboral no garantiza. Tampoco se dice que un salario digno reduce la violencia cotidiana, el estrés social, la desigualdad y la desesperanza. Y menos aún se reconoce que mejorar el salario no solo redistribuye ingresos, sino también poder.
En el fondo, el miedo al aumento del salario mínimo no es técnico ni económico. Es político. Porque cuando la gente puede vivir con dignidad, también puede pensar, organizarse y exigir. Y eso, para algunos, resulta mucho más amenazante que cualquier cifra de inflación.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo