El 3 de diciembre de 2025, en la vereda Ventiadero del resguardo indígena San Lorenzo, en el municipio de Caldono, Cauca, desapareció Karen Melissa Caviche Menza. Tenía 11 años, cursaba quinto grado y vivía entre montañas donde la infancia debería ser sinónimo de juego y resguardo, no de miedo. Desde ese día, su familia, docentes y autoridades comunitarias activaron la búsqueda. La comunidad caminó, preguntó, esperó. La esperanza, frágil, se sostuvo durante semanas.
El 29 de diciembre, casi al cierre del año, la noticia cayó como un golpe seco: en la parte alta de la vereda Santa Elena, cerca de la bocatoma, fueron hallados restos humanos. Las autoridades tradicionales confirmaron lo que nadie quería escuchar: se trataba de Karen Melissa. Así terminó su búsqueda. Así terminó, también, cualquier intento de cerrar el año con alivio.
No fue solo una muerte. Fue una fractura. Padres, madres, estudiantes y maestras quedaron con una pregunta que no se responde con rituales ni comunicados: ¿cómo proteger a las niñas cuando el peligro está tan cerca y la justicia tan lejos?
La violencia contra las niñas y las mujeres indígenas no es un hecho aislado ni una excepción trágica. Es una constante silenciada. El caso de Karen Melissa se suma a una larga lista de agresiones que rara vez llegan a una investigación seria y casi nunca a una sanción efectiva. Los niveles de impunidad son alarmantes, incluso dentro de los sistemas de justicia propia. Pero decirlo tiene costo.
Muchas mujeres indígenas saben que denunciar es enfrentarse no solo al agresor, sino al machismo estructural y a la misoginia que atraviesan comunidades, autoridades y organizaciones zonales y regionales. Callar, en muchos casos, ha sido una forma de sobrevivir. Hablar puede significar aislamiento, estigmatización o castigo. Por eso, la impunidad no es solo jurídica: es cultural, política y profundamente patriarcal.
El asesinato de Karen Melissa interpela a todos los sistemas de justicia. A la justicia indígena, que debe revisarse críticamente cuando no protege a las niñas. Y al Estado colombiano, que no puede seguir usando el respeto a la autonomía como excusa para la omisión. La autonomía no puede convertirse en abandono.
Hoy es urgente exigir verdad y justicia. Exigir que la Fiscalía, Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, el ICBF y los mecanismos de protección actúen de manera integral y respetuosa, acompañando este caso hasta sus últimas consecuencias. Exigir garantías reales para la familia. Exigir que no se archive, que no se diluya, que no se olvide.
Pero también es tiempo de algo más profundo: la construcción de un derecho propio desde las mujeres indígenas, con enfoques diferenciales, de género y de niñez, que atienda estos casos sin revictimización, sin silencios impuestos, sin pactos patriarcales. Un derecho que ponga la vida de las niñas en el centro.
Así se va el 2025: con una niña asesinada, con comunidades heridas y con una deuda que el país sigue sin saldar. Nombrarla es el primer acto de justicia. Exigirla, una obligación ética.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo