Las inundaciones no empiezan cuando el agua cruza la puerta de una casa. Empiezan mucho antes, cuando alguien decide qué hacer con el agua que no vemos, la que se acumula detrás de los muros de las represas. Esa agua no es solo un elemento natural: es energía, es dinero y es riesgo. En Colombia, dos represas concentran hoy esa discusión: Hidroituango, en Antioquia, y Urrá, en Córdoba. Lo que ocurra con ellas no se queda en los embalses; baja por los ríos y termina en la vida de miles de personas.
El sistema eléctrico colombiano funciona de una manera que pocos conocen: el precio de la energía sube cuando se necesita usar plantas térmicas que funcionan con gas, un combustible mucho más caro que el agua. Cuando el gas entra a cubrir la demanda, toda la energía se paga a ese precio alto, incluso la que se produce con agua. Por eso, decidir si se genera con energía hidráulica o se retiene el agua en los embalses no es una decisión técnica neutra: es una decisión económica que afecta a todos.
En los últimos meses, mientras se hablaba de escasez de gas y de tarifas elevadas, las represas estaban llenas. Había agua suficiente para producir energía más barata, pero esa agua se retuvo. Al hacerlo, el sistema siguió dependiendo del gas y los precios se mantuvieron altos. Retener el agua mejoró los ingresos del mercado energético, pero también acumuló un riesgo silencioso que creció día tras día detrás de los muros de concreto.
Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande del país, está ubicado sobre el río Cauca y es operado por Empresas Públicas de Medellín, una empresa cien por ciento pública, propiedad del municipio de Medellín. La responsabilidad política sobre su conducción recae en la Alcaldía de la ciudad y, hoy, en su alcalde, Federico Gutiérrez. Aunque no abre compuertas ni firma órdenes técnicas, es el responsable político de la empresa que toma las decisiones estratégicas sobre el manejo del embalse y la gestión del riesgo.
En Córdoba, la represa de Urrá controla el río Sinú y es operada por Urrá S.A. E.S.P., cuyo gerente es Juan de Jesús Acevedo Rocha. Sus decisiones impactan directamente a los municipios aguas abajo, donde viven comunidades campesinas y ribereñas históricamente vulnerables. Cuando el nivel del embalse supera los límites permitidos, la responsabilidad deja de ser abstracta y se vuelve concreta, con nombres y cargos.
Luego llegó la ola invernal. Las lluvias, intensificadas por la crisis climática, llenaron aún más los embalses. Sin margen para seguir reteniendo agua, las compuertas se abrieron de manera abrupta. El agua salió en volúmenes enormes, convertida en una fuerza descontrolada. En Córdoba, municipios enteros quedaron bajo el agua. Miles de familias perdieron sus casas, sus cultivos y sus animales. Más de la mitad del departamento resultó afectada, con zonas rurales aisladas y una emergencia humanitaria que aún no termina.
En Antioquia, el riesgo se concentra en las zonas aguas abajo de Hidroituango: el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el Magdalena Medio, territorios históricamente golpeados por inundaciones, minería y abandono estatal. Allí, cualquier aumento súbito del caudal del río Cauca se traduce en pérdidas humanas y materiales difíciles de reparar.
A esto se le llama capitalismo de las tragedias: retener el agua cuando produce ganancias y soltarla cuando se vuelve peligrosa. El presidente Gustavo Petro ha pedido investigaciones porque aquí no solo hay lluvias y cambio climático. Hay decisiones humanas que amplificaron el desastre. Las consecuencias ya están a la vista: inundaciones más graves, energía desperdiciada, ecosistemas dañados y comunidades empobrecidas. La pregunta que queda flotando, mientras el agua aún no se retira del todo, es quién decidió retener, quién decidió soltar y quién responde cuando el río entra a las casas.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo