Las inundaciones no empiezan cuando el agua cruza la puerta de una casa. Empiezan mucho antes, cuando alguien decide qué hacer con el agua que no se ve: la que se acumula detrás de los muros de concreto de una represa. Esa agua no es solo un elemento natural. Es energía, es dinero, es control y es riesgo. En Colombia, el agua represada ha sido, durante décadas, una forma silenciosa de ejercer poder sobre los territorios.
En el norte del país, el río Sinú fue uno de esos ríos intervenidos en nombre del desarrollo. Allí se levantó la Represa de Urrá I, una obra presentada como progreso energético para la región Caribe, pero construida sobre una geografía humana que fue tratada como un estorbo. Antes de que el embalse se llenara de agua, el territorio ya se había llenado de miedo.
La historia de Urrá no puede separarse de la expansión del paramilitarismo en Córdoba. Durante los años noventa, mientras avanzaban las obras civiles, el Alto Sinú fue tomado por estructuras armadas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Veredas enteras fueron vaciadas a punta de amenazas, listas negras y masacres. En Tierralta, Valencia y las zonas ribereñas, la violencia cumplió una función precisa: despejar el camino para que el proyecto avanzara sin resistencia.
Las masacres no siempre ocurrieron dentro del área exacta del embalse, pero sí en su zona de influencia. Saiza, La Resbalosa, Batata y otros corregimientos del Alto Sinú quedaron marcados por asesinatos colectivos y desplazamientos forzados. La lógica era clara: quien se oponía, quien preguntaba, quien organizaba, debía callar o irse. El río empezó a cambiar su curso al mismo tiempo que la vida comunitaria era fragmentada.
A esa violencia se sumó una práctica más silenciosa y prolongada: la desaparición forzada. En el municipio de Tierralta —epicentro del Alto Sinú y principal zona de influencia de la represa— las autoridades de búsqueda han registrado más de mil personas desaparecidas, una de las cifras más altas del país para un solo municipio. Detrás de cada número hay un cuerpo que no volvió, una familia que sigue esperando y un territorio atravesado por el miedo como forma de control.
En medio de esa violencia se alzó la voz de Kimy Pernía Domicó, líder indígena del pueblo Embera Katío. Kimy defendía el Sinú como se defiende a un ser vivo. Para su pueblo, el río no era solo agua: era alimento, camino, memoria, espiritualidad. Kimy advirtió que la represa rompería el equilibrio del ecosistema y pondría en riesgo la supervivencia cultural de su comunidad. No hablaba desde la ideología, hablaba desde la vida cotidiana.
El 2 de junio de 2001, Kimy fue secuestrado y desaparecido en Tierralta. Años después, jefes paramilitares como Salvatore Mancuso reconocieron que su asesinato fue una orden directa. Kimy era considerado un obstáculo para intereses económicos y estatales. Su cuerpo nunca regresó, pero su ausencia se volvió una presencia incómoda que aún recorre el río.
La represa entró en funcionamiento. El agua subió. Los peces desaparecieron. La pesca colapsó. Las comunidades Embera Katío quedaron sin su principal fuente de alimento y fueron empujadas al desplazamiento. La Corte Constitucional reconoció que el proyecto había violado derechos fundamentales y ordenó medidas de reparación, pero el daño ya estaba hecho. El río había sido domesticado a la fuerza.
Años después, el país volvió a mirar al agua, esta vez no por la energía sino por las inundaciones. El sistema eléctrico colombiano funciona con una lógica que rara vez se explica: cuando entra en operación la generación térmica a gas, más costosa, el precio de toda la energía sube, incluso la que se produce con agua. Retener el agua en los embalses puede ser rentable. Soltarla a tiempo puede ser menos lucrativo.
Durante meses recientes, mientras se hablaba de escasez de gas y tarifas elevadas, los embalses estaban llenos. El agua se retuvo. El riesgo creció detrás de los muros. Luego llegó la ola invernal, intensificada por la crisis climática. Sin margen para seguir acumulando, las compuertas se abrieron de manera abrupta. El agua salió con fuerza, convertida en inundación.
En Córdoba, municipios enteros quedaron bajo el agua. Miles de familias perdieron casas, cultivos y animales. Más de la mitad del departamento resultó afectada. El Sinú volvió a desbordarse, esta vez no como río libre, sino como descarga controlada desde una represa que ya había marcado el territorio con violencia.
A esto se le puede llamar capitalismo de las tragedias: retener el agua cuando produce ganancias y soltarla cuando se vuelve peligrosa. El presidente Gustavo Petro ha pedido investigaciones porque aquí no solo hay lluvias y cambio climático. Hay decisiones humanas que amplificaron el desastre. Decisiones con responsables, con nombres, con cargos.
La historia de Urrá muestra que el daño no es solo ambiental. Es social, cultural y político. El agua que hoy inunda las casas es la misma que ayer se usó para justificar desplazamientos, silencios y muerte. El río Sinú no olvidó. Como advirtió Kimy Pernía, un día el agua reclamaría lo suyo. Ese día parece haber llegado.
Por Justicia & Dignidad
Periodismo independiente e investigativo