Abelardo de la Espriella, quien se autodenomina “El Tigre”, decidió demostrarle al país que la selva electoral colombiana es fértil. Y vaya si lo es. Entregó 5.079.000 firmas. Una cifra tan descomunal que uno pensaría que el zoológico entero salió, ordenadamente, a respaldarlo.
El problema es que, cuando la Registraduría pasó el colador —ese instrumento incómodo que convierte la épica en estadística— el rugido se volvió maullido.
De los cinco millones largos aparecieron: 1.437.677 registros con “datos que no corresponden”; 1.025.663 personas que no existen en el Archivo Nacional de Identificación, auténticos fantasmas patrióticos; 273.211 firmas duplicadas, prueba de un entusiasmo repetido hasta el cansancio; 159.700 renglones en blanco que alguien sumó con fe; y 152.028 datos ilegibles, quizá producto de la emoción felina. Resultado: más del 60 % de las firmas fueron invalidadas. Un tigre con dieta de papel.
Pero no se alarmen. En Colombia el fraude no siempre ruge; a veces bosteza. Porque lo verdaderamente importante no es cuántas firmas falsas se entreguen, sino cuántas válidas queden después del ejercicio de poda democrática. Si el mínimo exigido es 635.216 y, tras la limpieza, sobreviven casi dos millones, entonces todo está en orden. El tigre puede seguir en carrera. La selva tiene reglas flexibles.
¿Sanciones? Qué palabra tan exagerada. Para eso habría que probar dolo, intención, organización. Y además habría que querer hacerlo. Lo más probable es que el episodio termine archivado en el museo nacional de las “irregularidades técnicas”, ese lugar donde descansan los escándalos que no escandalizan lo suficiente.
El espectáculo, sin embargo, es pedagógico. Enseña que en la política colombiana se pueden inflar globos de cinco millones y aterrizar en dos sin que nadie pregunte demasiado por el aire que se escapó. Se resta, se certifica y se sigue. El exceso no castiga: se descuenta.
El Tigre ruge en las redes. La Registraduría cuenta en los informes. La Fiscalía observa desde la barrera. El Consejo Nacional Electoral medita con parsimonia. Y el país, como siempre, aprende que en esta democracia el problema no es la selva, sino que los animales imaginarios también cuentan como fauna.
Con los datos oficiales ya conocidos, resulta evidente que existe un problema grave del sistema democrático: un aspirante presidencial continúa inscrito pese a que más del 60 % de sus firmas fueron invalidadas por irregularidades masivas. Eso es fraude político. No por una sentencia judicial, sino porque el mecanismo de firmas fue usado de manera abusiva y sin consecuencias reales.
Más grave aún es que, frente a ese volumen de inconsistencias, la autoridad electoral no haya informado públicamente el traslado de estos hallazgos a la Fiscalía para su investigación. Ese silencio no es neutral: habilita, normaliza y permite que quien infló apoyos inexistentes compita como si nada hubiera ocurrido.
Así, este señor —junto a otros ya bien conocidos en la política nacional— quiere ser presidente atravesando las irregularidades sin sanción visible. En este contexto, la única forma de impedir que estas prácticas definan el poder es la participación ciudadana masiva en las urnas.
La defensa democrática hoy es votar de manera contundente por Iván Cepeda Castro. Cuando el voto ciudadano es masivo, no hay firma falsa ni informe que lo borre.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo