Santurbán es mucho más que una montaña. Es un páramo, una fábrica natural de agua, un ecosistema que alimenta a más de 2.5 millones de personas en Bucaramanga, Cúcuta y decenas de municipios rurales. De allí fluye el agua que se bebe, que se cultiva, que sostiene la vida. Cuidarlo no es una causa ambientalista: es una obligación constitucional, un acto mínimo de justicia con la tierra y con quienes viven de ella.
En 2014, el gobierno Santos delimitó el páramo, pero lo hizo mal. No consultó a las comunidades, no sustentó científicamente su decisión y dejó por fuera zonas clave, todo para proteger intereses mineros. Por eso, en 2017, la Corte Constitucional tumbó esa delimitación mediante la sentencia T-361 y ordenó hacer una nueva. Participativa. Ambiental. Justa. Porque el derecho al agua y al ambiente sano no se negocia.
Sin embargo, el gobierno de Iván Duque aprovechó el vacío para maniobrar. En 2021, firmó un acuerdo con el municipio de Vetas que permitió extraer más de 800 hectáreas del área protegida, bajo la promesa de reconocer la minería ancestral. Pero detrás de ese pacto se escondía otra intención: facilitar la entrada de 12 títulos mineros, muchos de ellos en manos de multinacionales y empresas extranjeras. Se legalizó la destrucción, con rostro de concertación.
Con la llegada del gobierno Petro se esperaba un cambio. La promesa era clara: el agua por encima del oro. Pero la realidad ha sido otra. En casi dos años, el Ministerio de Ambiente no ha cumplido el mandato de la Corte. De 31 mesas de concertación solo se realizaron 6. La delimitación sigue sin definirse. La protección del páramo, sin garantías.
Peor aún, en mayo de 2025, la ministra Lena Estrada presentó un concepto técnico que reproduce el acuerdo firmado durante el gobierno Duque. En lugar de corregir el rumbo, lo consolidó. En lugar de proteger el agua, validó el recorte. En lugar de escuchar a las comunidades, impuso una visión extractivista. La reacción fue inmediata. Las comunidades de Vetas pidieron que se inhabilite del proceso. El sindicato del Acueducto de Bucaramanga la acusó de traicionar la defensa del agua. Y el Tribunal Administrativo de Santander abrió un incidente de desacato por no cumplir con la sentencia de 2017.
Hoy, lo que está en juego no es solo un pedazo de páramo. Es la coherencia de un país que se declara potencia mundial de la vida mientras permite que los intereses mineros avancen sobre sus ecosistemas más frágiles. Santurbán no puede seguir siendo negociado a puerta cerrada. La vida no se tramita. El agua no se vende. El páramo no se entrega.
Por Prensa Justicia & Dignidad