Otra vez Thomas Greg & Sons manejará las elecciones. Y otra vez se encienden las alarmas. ¿Por qué? Porque seguimos entregando la democracia del país a una empresa privada, sin que existan las mínimas garantías de transparencia que cualquier sistema electoral necesita.
El presidente ha mostrado su desconfianza públicamente, y tiene razones de peso. Desde hace años se viene exigiendo que se permita auditar el código fuente del software que cuenta los votos. Eso no es pedir un favor, es un derecho básico de cualquier democracia: saber cómo se cuentan los votos. Y no lo han permitido. Ningún partido, ni del gobierno ni de la oposición, ha podido revisar ese código. Todo se queda en manos de una sola empresa, cerrada como una caja negra.
¿Quién garantiza entonces que el sistema no puede ser manipulado? Nadie. ¿Y por qué la Registraduría no incluye esa exigencia básica en un contrato de 2.1 billones de pesos? Nadie responde. Es más grave aún si recordamos que el Consejo de Estado, en el año 2012, ya había ordenado que se permitiera la auditoría al software y que se avanzara hacia el voto electrónico. Más de una década después, nada ha cambiado.
En las elecciones pasadas, fueron millones los que votaron por Gustavo Petro. Esa fuerza popular, esa ola de esperanza por el cambio, fue tan contundente que ni siquiera el sistema que intentó hacer fraude pudo contra ella. Era evidente que el pueblo quería otra cosa. Los votos del supuesto difunto Hernández, ese personaje ignorante, patético y sin programa más allá del insulto y la violencia, fueron inflados descaradamente. Pero ni así pudieron. Porque el pueblo no es tonto, el pueblo no vota por un tipo tan básico y bélico. Solo la derecha criminal, esa minoría que todos conocemos, podía apoyar una figura tan nefasta. Y aún así, perdieron. Porque la esperanza fue más fuerte que la trampa.
¿Y qué pasa mientras tanto? Que en el papel —en los famosos formularios E-14 y E-24— todo se puede acomodar. Ahí, en la tinta y los tachones, en las actas donde desaparecen votos o se inflan cifras, es donde se consuma el fraude. Y eso no es nuevo. Ya lo hemos visto. Hay pruebas claras, compartidas por miles de ciudadanos en redes sociales, donde se comparan fotos del E-14 original (lo que se contó en mesa) con el que aparece digitalizado en el sistema de la Registraduría. Los ejemplos abundan: a un candidato le aparecen 43 votos en el papel físico, pero 143 en el digital. ¿Qué pasó? Le agregaron un “1” con otro lapicero. O transforman un “3” en un “8” con un simple trazo. A otros les borran votos, les suman al rival o alteran las cifras descaradamente. Así manipulan la voluntad del pueblo. Y cuando alguien reclama, lo tratan de loco, de mentiroso o simplemente le dicen que ya pasó el tiempo para impugnar. Así funciona la trampa, mientras el software sigue blindado y el papel sigue siendo frágil.
Por eso la derecha está alborotada. Porque con esta empresa de nuevo a cargo, sienten que ya tienen el camino pavimentado. Porque saben que si el sistema sigue opaco, la manipulación sigue siendo posible. Y con eso, vuelven ellos… y con ellos, vuelve la muerte como única opción para los pobres. Vuelve el control a sangre y fuego. Vuelve el país del miedo y del silencio.
Lo lógico, lo democrático, lo justo, sería que todos los partidos —TODOS— estuvieran exigiendo transparencia. Que dejaran de repetir bobadas como que “nos vamos a robar las elecciones”, y se sumaran a una causa común: que el sistema de conteo de votos sea auditable por todos. Porque eso nos protege a todos, gane quien gane. Porque sin confianza en las reglas, la democracia se vuelve una farsa.
Este no es un capricho del presidente. Es una advertencia. No se puede construir paz ni democracia real mientras las elecciones sigan siendo manejadas como un negocio cerrado y turbio. Y si no lo entendemos ahora, en 2026 no solo se juega un resultado electoral: se juega la vida de millones.
Por Prensa Justicia & Dignidad