Crónica de guerra, silencio e impunidad
Por alguna trocha del Putumayo aún debe estar el eco de ese grito que nunca se escuchó.
“¡No! ¡No me toquen! ¡No soy guerrillera!”
Pero el fusil no pide permiso.
Ni la puñaleta.
Ni las manos sucias de odio que arrancan la dignidad como si fuera ropa vieja.
Era octubre de 2004. Las mujeres se bajaban de las canoas con las manos cargadas de dulces para los hijos, víveres, historias de mercado, risas pequeñas. No sabían —cómo iban a saber— que el caserío Arizona ya no era un pueblo, sino una trampa. Que allí no mandaba la ley, sino el miedo.
Un sargento del Ejército llamado Juan Pablo Sierra Daza, alias Motosierra, alias El Boquinche, llegó con paramilitares a su lado. Hablaba duro, con rabia. Mostraba una lista de nombres que nadie debía leer. Y señalaba a quien respirara distinto.
En la semana del 24 de octubre de 2004, fueron violadas siete mujeres, y una mujer y un menor de edad fueron ejecutados extrajudicialmente, luego de haber sido señalados —sin pruebas, sin proceso, sin juicio— de pertenecer a la guerrilla.
No eran guerrilleras.
Eran campesinas.
Lo que ocurrió allí fue una operación encubierta para sembrar terror en la comunidad, para “limpiar el territorio”, para dejarlo libre a favor del control paramilitar, con el Ejército como socio operativo.
Una de ellas fue obligada a caminar como escudo humano durante un combate. A otra le apuntaron entre las piernas. A otra la hicieron confesar entre golpes que era guerrillera, para luego vestirla de camuflado. A todas las encerraron, las desnudaron, las torturaron, les pasaron la puñaleta entre el cuerpo, las insultaron, las quebraron.
Mientras tanto, el niño en brazos de una madre ejecutada fue devuelto como un paquete más.
Y el terror seguía su curso.
El sargento Sierra Daza reconoció algunas ejecuciones extrajudiciales por las que ya ha sido condenado por la justicia ordinaria. Pero negó absolutamente cualquier hecho de violencia sexual. Y aunque las víctimas han relatado estos hechos con todo el dolor del mundo, la JEP titubea.
Porque «en algo confesó», dicen.
Y así, la puerta de la impunidad sigue abierta de par en par.
No será expulsado.
Porque aún puede “contribuir a la verdad”.
¿A qué verdad? ¿A cuál justicia?
Lo cierto es que en este proceso, las mujeres víctimas fueron expuestas de nuevo, obligadas a revivir el horror ante el agresor que las mira, las niega, y las vuelve a matar con cada palabra. Y también fue señalada la organización que las acompaña, Corporación Justicia y Dignidad, por parte del propio compareciente.
Nosotras. Las que nunca dejamos de creerles a las mujeres víctimas.
Como si eso no fuera suficiente, la vía de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está paralizada, porque la JEP no remite la información necesaria a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
El Estado calla.
La JEP calla.
Y la impunidad grita.
La violencia sexual en el Putumayo no fue un hecho aislado. Fue una práctica repetida, sistemática, planificada.
Las cifras lo confirman.
El horror lo respalda.
Según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y de organizaciones de víctimas, la violencia sexual fue parte estructural del control territorial en el Putumayo. En lugares como El Placer, Puerto Caicedo y La Dorada, se documentaron violaciones sistemáticas a mujeres, niñas y adolescentes, usadas como objetos, trofeos o castigos.
El Centro Nacional de Memoria Histórica lo calificó como una práctica generalizada, con la mayor tasa de violencia sexual del país: 245 víctimas por cada 100 000 habitantes.
En los entrenamientos y consignas de guerra se enseñaba sin disimulo:
“Sube, sube guerrillero, que en la cima yo te espero. A tus mujeres violaremos y a tus hijas mataremos.”
Hoy, muchas de esas mujeres caminan con el alma rota… y aún así siguen caminando.
Porque si no lo hacen ellas, nadie contará que la guerra en Colombia no solo mata.
También viola.
Y calla.
Por Prensa Justicia & Dignidad