El río Cauca trae voces. En sus aguas viajan nombres que el país olvida demasiado pronto. Samy Lorena Lozano, de Tuluá, apenas 20 años; Alexa Ramírez, aún buscada por su familia; Marian Chica Martínez, 25 años, madre de un niño de cuatro. Todas fueron devoradas por un cauce que se ha vuelto cementerio y testigo de un horror que se repite con nombres distintos, pero con un mismo desenlace: mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas.
En Tuluá, el sábado 13 de septiembre de 2025, Samy y Alexa salieron y no regresaron. Seis días después, el viernes 19 de septiembre, el cuerpo de Samy apareció en las aguas del río Cauca, a la altura de Cartago, con heridas de arma de fuego. La noticia estremeció a su barrio, La Balastrera, donde los vecinos hicieron una colecta para que su familia pudiera pagar un sepelio digno. Nadie merece enterrar a su hija de esa forma, pero la pobreza obliga a mendigar hasta para llorar.
Alexa Ramírez, su amiga, sigue desaparecida. Su foto circula por redes sociales y en cadenas de WhatsApp que claman ayuda. Cada mensaje lleva el eco de la incertidumbre: ¿dónde está?, ¿respira?, ¿escucha acaso el nombre que la llama en la madrugada?
En Medellín, el domingo 14 de septiembre de 2025, Marian Chica desapareció en el barrio Enciso. Había decidido separarse, cortar un vínculo que se había vuelto amenaza. Esa tarde, a las 5:20 p. m., su celular envió unos mensajes extraños: decían que estaba en una vereda y que su hijo se hallaba con el padre. Los errores ortográficos hicieron sospechar a su familia. Marian no escribía así. Minutos después, el WhatsApp se conectó por última vez. Desde entonces, silencio.
Una semana más tarde, el domingo 21 de septiembre, su cuerpo apareció dentro de un costal en el río Cauca, a la altura de Bolombolo. La escena que reconstruyen los investigadores habla de un crimen íntimo: la pareja, el hogar, el círculo cercano. Un cuerpo atado, arrastrado, arrojado al agua. Un silencio que ahoga.
El río no miente: está lleno de mujeres. Las estadísticas, los boletines, las notas rápidas de prensa, hablan de “presuntas víctimas”, de “investigaciones en curso”. Pero detrás de esas frases técnicas hay madres que buscan a sus hijas en hospitales y morgues, hermanas que no duermen, niños que se quedan sin voz para preguntar por qué su mamá no vuelve.
En 2023, el Gobierno Nacional declaró la emergencia por violencias basadas en género a través del Plan Nacional de Desarrollo, prometiendo atención inmediata, sistemas de prevención y protocolos de protección. Pero de nada nos sirve esa declaratoria si nos siguen matando, si seguimos flotando en el río Cauca, si los nombres de Samy, Alexa y Marian se convierten en estadísticas mientras el país mira para otro lado. La emergencia existe en el papel; en la vida real, lo único que sigue existiendo es la muerte.
Por Sofía López Mera/ Justicia & Dignidad