En las costas del Caribe colombiano, la muerte de pescadores que faenaban en aguas nacionales detonó una tormenta política de alcance continental. El 16 de septiembre de 2025, una embarcación artesanal fue alcanzada por un misil disparado desde un dron estadounidense. Los cuerpos de los hombres, todos colombianos, fueron rescatados por la Armada días después. Washington afirmó que se trataba de una “operación antidrogas en aguas internacionales”, pero los familiares insisten: eran pescadores, no narcotraficantes.
El presidente Gustavo Petro denunció el hecho como un asesinato de civiles en aguas soberanas, una violación de derechos humanos y un acto de agresión contra Colombia. La respuesta de Donald Trump llegó con furia digital: desde su cuenta oficial en X acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico” y de promover la expansión de cultivos de coca, anunciando la suspensión de subsidios estadounidenses al país.
Analistas interpretan la reacción de Trump como un intento de invertir responsabilidades y evitar investigaciones sobre violaciones de derechos humanos.
La respuesta de Trump también obedece a que, el 18 de octubre, más de siete millones de estadounidenses salieron a protestar contra su gobierno, acusándolo de actuar de forma arbitraria. El pueblo estadounidense gritó al unísono: “No Kings, el pueblo es el soberano”. Además, días anteriores se reportó la renuncia del almirante Alvin Holsey, alto jefe militar de EE. UU., por los ataques irregulares que habrían dejado al menos 27 muertos —al parecer pescadores—, sin que el gobierno de Donald Trump haya podido demostrar que eran narcotraficantes.
Petro recordó que Colombia fue promotora de la resolución de la ONU sobre políticas de drogas y derechos humanos, aprobada en abril de 2023 por el Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/RES/52/24), que establece que los Estados deben implementar sus políticas de drogas respetando plenamente los derechos humanos. Esa resolución desplazó el enfoque punitivo, abrió debates sobre regulación, salud pública y soberanía, y hoy es violada por la misma potencia que la apoyó. Por ello, el presidente Petro anunció una denuncia ante la ONU por violación de dicha resolución.
El ataque reavivó un debate pendiente: las bases militares estadounidenses en Colombia. Desde 2009, un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica habilitó siete bases estadounidenses. En agosto de 2010, la Corte Constitucional falló mediante el Auto 288/10 (expedientes D-7964 y D-7965) que el acuerdo “no puede surtir efectos en el ordenamiento interno hasta tanto cumpla el trámite constitucional previsto para los tratados internacionales”; es decir, aprobación del Congreso y control constitucional. Como ese trámite no se completó, las bases continuaron operando de manera informal bajo nombres como “cooperación” u “operaciones combinadas”.
La Corte advirtió que ningún acuerdo que permita presencia militar extranjera puede operar sin pasar por el Congreso o por la Corte. Pero, en la práctica, la línea entre cooperación y ocupación se volvió difusa. El ataque del 16 de septiembre lo evidenció: soberanía, normas y vida se colisionaron brutalmente en el Caribe.
Hoy, el gobierno colombiano tiene una herramienta jurídica y moral: la decisión de la Corte. Pero la memoria de los pescadores exige más que derecho; exige acción. ¿Qué espera el presidente Petro para hacer cumplir la decisión judicial de la Corte Constitucional y ordenar la salida definitiva de las bases estadounidenses? Este es el momento, presidente, en respuesta a las amenazas de Donald Trump.
Este episodio no es solo un ataque aislado: simboliza la tensión entre soberanía, derechos humanos y poder militar extranjero. La muerte de pescadores —sin escolta, sin abogados, invisibilizada por los medios globales— cuestiona la narrativa oficial y reclama justicia. La soberanía no puede descansar en comunicados; la dignidad humana no puede quedar en silencios judiciales. Lo ocurrido en el Caribe exige una respuesta que redefina los límites del poder y recuerde, con claridad, a quienes perdieron la vida.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo