En Brasil acaban de demostrar que la democracia, cuando se respeta, se defiende con firmeza. Allá, a Jair Bolsonaro lo llevaron a los tribunales, lo investigaron con rigor, le probaron la conspiración para desconocer los resultados electorales y lo condenaron a más de dos décadas de prisión por intentar un golpe de Estado. En Brasil, las instituciones funcionan incluso cuando el acusado es un expresidente; incluso cuando es popular; incluso cuando amenaza con incendiar al país. En Colombia, en cambio, quienes llevan dos años preparando, insinuando y promoviendo un golpe de Estado blando viajan muy tranquilos a Washington, regresan sonrientes, convocan ruedas de prensa, piden sanciones contra su propio país y se pasean por los canales de televisión celebrados como estadistas. Y nadie —absolutamente nadie— los investiga.
La escena es casi grotesca. Mientras en Brasil los responsables del asalto al orden constitucional son tratados como criminales, en Colombia quienes piden intervención extranjera son tratados como analistas. Allá, conspirar contra la institucionalidad es un delito gravísimo; aquí es una estrategia de campaña. Allá, el Estado persigue a quienes intentan tumbar al gobierno de turno; aquí, el Estado se hace el de las gafas cada vez que un político colombiano se sube a un avión con destino a Miami o Washington para pedir, con el eufemismo diplomático de rigor, que “tomen medidas” contra Colombia.
Los nombres son conocidos. Las acciones también. María Fernanda Cabal ha viajado en repetidas ocasiones para reunirse con Marco Rubio, Ted Cruz, Díaz-Balart y María Elvira Salazar. No va a fortalecer relaciones bilaterales —no es su función— sino a pedir abiertamente que Estados Unidos intervenga en la política interna colombiana, frene reformas, presione al Gobierno, sancione al Presidente y, en el mejor de sus mundos, desestabilice al país. Miguel Uribe Londoño ha hecho lo mismo: ha pedido sanciones, ha promovido la narrativa de listas Clinton inventadas y ha llegado a prometer un “ministerio de la guerra” si algún día llega a la Presidencia, copiando al copetudo Donald Trump. Paloma Valencia se ha sumado a esa diplomacia paralela, difundiendo teorías sin pruebas sobre fraude electoral y sugiriendo que la comunidad internacional debe “vigilar” al gobierno colombiano.
Álvaro Uribe, más discreto, no necesita viajar: tiene la conspiración servida en su propia mesa. El senador ultraconservador Bernie Moreno —primo de su esposa— es un enlace perfecto con el trumpismo. Los alcaldes Alejandro Eder, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón también han desfilado por Washington con libretos políticos hechos para deslegitimar al Gobierno en foros republicanos donde la palabra “intervención” no se pronuncia, pero se entiende. Vicky Davila y Juan Carlos Pinzón entran y salen de esa misma gira, y Efraín Cepeda y Katherine Miranda tampoco se quedan atrás, todos preparando el terreno para hacerse al poder en 2026. Y qué no decir de Álvaro Leyva, con sus ridículas cartas y denuncias en Estados Unidos.
El lobby y el cabildeo en Washington han tenido sus frutos: primero la descertificación de Colombia; luego los aranceles que impusieron a productos colombianos; después, la inclusión del presidente Petro, del exembajador Benedetti y de sus familias en la lista Clinton; y más adelante, el montaje judicial que ya cocinan alrededor del caso Calarcá. La meta, según voces del propio uribismo, es la extradición de los “ideólogos políticos del narcotráfico”, categoría que ellos mismos inventan para justificar su narrativa de golpe blando. Es decir: montarle un expediente a Petro con falsas pruebas para que los gringos pidan su extradición.
En una democracia medianamente seria —y no se diga en un Brasil que ya aprendió la lección a golpes— estas conductas tendrían nombre penal propio; es decir, son delitos graves contra el orden constitucional: traición a la patria, sedición diplomática, intervención extranjera indebida, perturbación del proceso electoral, concierto para delinquir con fines políticos. En cualquier código penal sensato, pedir que una potencia extranjera actúe contra el propio gobierno es un atentado contra la soberanía. Pero en Colombia no solo no es delito: es estrategia de oposición. Marca de identidad. Motivo de aplauso en ciertos círculos.
Lo grave no es que lo hagan. Lo grave es que no pase nada. Que no haya investigaciones. Que los abogados del Estado no denuncien. Que la Fiscalía no actúe, no cite, no pregunte. Que los guardianes de la Constitución prefieran mirar al techo mientras los golpistas criollos se pasean pidiendo intervención extranjera con absoluta tranquilidad.
Brasil entendió que la democracia muere si no se defiende. Colombia, en cambio, parece convencida de que la democracia es tan fuerte que hasta aguanta a quienes trabajan para derribarla desde el extranjero. Y así, mientras Bolsonaro enfrenta décadas de cárcel, nuestros aprendices de golpistas siguen muy campantes, tomando café en el Nogal, conspirando a la vista de todos. Aquí no pasa nada. Y esa —quizá— es la verdadera tragedia.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo