Los 12 Apóstoles: la sombra que persigue a los Uribe Vélez

En las montañas del norte de Antioquia, la muerte caminó con la naturalidad de un vecino más. Iba por las trochas, entraba a las fondas, se sentaba en la mesa de los ganaderos y saludaba a los curas. Tenía un nombre que parecía sacado de una procesión —Las Autodefensas del Norte Lechero— y luego adoptó otro, más solemne, casi bíblico: Los 12 Apóstoles. Pero en esas tierras todos sabían que no eran santos: eran el brazo armado de un proyecto de región que pretendía arrancar de raíz todo lo que oliera a contradicción. Como siempre, lo llamaron “limpieza social”.

Cuentan los que sobrevivieron que el grupo nació a finales de los 80 y se consolidó una madrugada de 1992, cuando un panfleto empezó a rodar por Yarumal anunciando la llegada de hombres “dispuestos a devolver la tranquilidad”. La tranquilidad, ya se sabe, para ellos era que nadie protestara, que nadie pensara distinto, que nadie estorbara. Y los que estorbaban iban cayendo como caen los árboles enfermos en invierno: uno detrás del otro. En esos primeros años, mientras el país vivía en la ficción de que el paramilitarismo era una defensa espontánea de campesinos asustados, en Antioquia se cocinaba algo muy distinto: un grupo armado financiado por ganaderos, coordinado por policías y bendecido —literalmente— por un sacerdote.

El padre Gonzalo Palacios, párroco de Yarumal, fue señalado por múltiples testigos como el “inteligencia” del grupo. No cargaba fusil, pero cargaba listas. Señalaba. Aconsejaba. Decidía quién tenía “mala conducta”, quién era “rojito”, quién “estorbaba”. El confesionario se volvió oficina de guerra; la sacristía, centro de mando. Esto lo dijo la gente que vio, la gente que enterró a los suyos en veredas donde la tierra todavía huele a pólvora y miedo.

Y arriba, en la cúspide de esa estructura que mezclaba fe, ganado y plomo, había un comandante, y ese era ni más ni menos que Santiago Uribe Vélez, hermano menor de Álvaro Uribe Vélez y dueño de la finca La Carolina. Según la JEP y los tribunales, allí, entre cercas de alambre y corrales perfumados de estiércol, funcionó el cuartel de los 12 Apóstoles. Era el punto de reunión de policías, ganaderos y sicarios. Centro de operaciones y entrenamientos. Ahí se repartían armas, listas, recompensas y desayunos.

Los números duelen: el grupo dejó más de 500 asesinatos. Más de 500 vidas cortadas con el mismo patrón: jóvenes, trabajadores, disidentes, pobres —la gente que nunca ha contado para el poder.

En Yarumal mataron 181.

En Valdivia, 134.

En Santa Rosa de Osos, casi un centenar.

Cada cuerpo fue un mensaje: aquí mandamos nosotros.

Los crímenes no fueron excesos; fueron política. No fueron errores de unos cuantos; fueron método. No fueron simples homicidios; fueron crímenes de lesa humanidad, porque fueron sistemáticos, dirigidos contra población civil, ejecutados por una organización con mando, estructura y continuidad. Un Estado paralelo con uniforme, sotana y apellido.

Y aquí hay que decir lo que durante décadas el país prefirió callar: este proyecto de muerte no surgió en un vacío político. Creció bajo la sombra de una familia que ascendió al poder mientras Antioquia ardía.

Cuando los 12 Apóstoles operaban en el norte antioqueño, Álvaro Uribe Vélez era alcalde de Medellín, luego senador, luego gobernador del departamento. Sus decisiones de seguridad, sus alianzas políticas, sus silencios estratégicos y su forma de entender el “orden” crearon el clima perfecto para que grupos como este florecieran.

No hay —aún— sentencia contra él. Pero no hace falta una sentencia para saber que los crímenes ocurrieron bajo su proyecto de región, bajo su lógica de enemigo interno, bajo su idea de “seguridad”, que siempre terminó desembocando en sangre.

Las víctimas lo saben. Los testigos lo dijeron. La historia lo confirma.

Por eso la condena a Santiago Uribe —aunque falte ver qué hará la siempre impredecible y, a veces, complaciente Corte Suprema de Justicia— tiene un valor histórico. No porque devuelva la vida a quienes perdimos, sino porque rompe el mito de la familia intocable. Porque deja constancia judicial de que, al menos una vez, el país se atrevió a mirar de frente la estructura criminal que se escondía en la finca, en la sacristía y en la política.

Porque esta sentencia no es solo contra un hombre: es la memoria que siempre vuelve, el territorio que habla, las madres que siguen buscando y la verdad que no se pudre, aunque la entierren.

Y, sobre todo, porque el país tenía que saberlo:

los 12 Apóstoles no fueron la desviación moral de un hermano descarriado; fueron la expresión más pura del talante criminal de un proyecto político que gobernó Antioquia… y luego gobernó Colombia.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo