25N: La condena a Santiago Uribe revive la verdad sobre las mujeres que mataron los Doce Apóstoles

En las montañas del norte de Antioquia —esas donde el viento todavía arrastra el eco de los fusiles—, la violencia nunca necesitó esconderse. Caminaba a caballo, se persignaba en misa y daba órdenes con la naturalidad de quien sabe que el Estado le sirve de escolta. Allá, donde la vida campesina transcurre entre surcos y aguaceros, las mujeres aprendieron a hablar bajito para no provocar la furia de los hombres armados. Pero aun así, los Doce Apóstoles fueron tras ellas.

En la vereda La Solita, Campamento, el 5 de junio de 1990, la muerte entró buscando mujeres y niñas. Marta María López Gaviria cayó junto con sus pequeñas: Ana Yoli, de 12 años, y Marta Milena, de 7. Las mataron a quemarropa, como si la niñez fuera enemiga y la maternidad una amenaza. Las otras víctimas de esa madrugada —una hermana, un vecino, un compañero de lucha— completaron el parte de guerra que este grupo paramilitar dejó sobre la tierra oscura del norte antioqueño.

Y no fue un grupo cualquiera. Fue uno fundado, financiado y protegido por Santiago Uribe Vélez, hoy condenado por paramilitarismo. El mismo hombre que durante décadas se movió entre fincas y oficinas estatales como si la ley fuera una brisa que no lo tocaba. El mismo cuyo prontuario estaba escondido a simple vista, mientras jueces, fiscales y generales hacían fila para rendirle honores a su apellido.

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la condena de Santiago Uribe no es solo un hecho judicial: es un acto político de memoria y de dignidad para las mujeres que los Doce Apóstoles quisieron borrar.

Porque los matones de ese grupo no solo asesinaron campesinos etiquetados como “militantes” o “colaboradores”. También asesinaron mujeres. También asesinaron niñas. Y lo hicieron con la frialdad que da la certeza de impunidad. Durante años, las madres y hermanas de las víctimas hablaron solas, con sus testimonios archivados, sus expedientes quemados y sus denuncias ridiculizadas por las mismas instituciones llamadas a protegerlas.

Pero hoy algo cambia. Por primera vez, uno de los hombres que se creyó dueño de la vida y la muerte en Antioquia recibe una condena ante los ojos del país. No es suficiente, no repara, no resucita. Pero es una grieta profunda en el muro de silencio que ellos levantaron. Una grieta por donde se cuela la verdad que siempre ha estado ahí, esperando que alguien la escuche.

Las mujeres de La Solita, de Yarumal, de Belmira, de los caminos donde los Doce Apóstoles dejaron su marca, saben que esta justicia llega tarde. Sin embargo, sienten algo que no se había sentido en treinta años: que los asesinos empiezan a callar. Que el país, al fin, les reconoce el nombre de sus muertas y el derecho a no ser barridas de la historia.

Hoy, cuando recordamos a todas las mujeres víctimas de violencia, vale repetirlo con fuerza:

Ni la sotana, ni el fusil, ni el apellido pueden blindar a un criminal.

Y las mujeres asesinadas por los Doce Apóstoles merecen una memoria que nadie pueda volver a silenciar.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo