Eduardo Umaña Mendoza explicó hace tres décadas que en Colombia operaban dos mecanismos silenciosos de control estatal en la época de la justicia sin rostro —sin rostro de justicia—: la telaraña jurídica y la tenaza política. La telaraña atrapaba opositores mediante procesos sin pruebas; la tenaza utilizaba las instituciones del Estado para cercar cualquier intento de transformación social. Lo que Umaña denunció en los años noventa fue la antesala de lo que hoy vivimos: no un intento de golpe de Estado, sino un golpe de Estado en curso, ejecutado sin tanques ni militares, sino con sanciones administrativas, decisiones judiciales, presiones internacionales y maniobras institucionales que, en conjunto, buscan estrangular al gobierno y anular políticamente al proyecto progresista.
Hoy el objetivo ya no es encarcelar al presidente: es neutralizarlo, despojarlo de capacidad de acción y bloquear cualquier vía democrática que permita que su fuerza política compita en 2026. Por eso decimos que el golpe no es una amenaza: es un proceso en ejecución.
La ciudadanía asiste a un fenómeno complejo, que conviene explicar con claridad. Varias instituciones que, en teoría, deberían operar con autonomía, están funcionando como un dispositivo articulado de cerco político. El Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, impone sanciones administrativas contra la campaña del presidente y contra el Pacto Histórico que no son meros trámites: afectan la financiación, ponen en riesgo la personería jurídica, dificultan la inscripción de candidatos y golpean la capacidad real de reorganizar un proyecto político. A esto se suma la apertura simultánea de investigaciones por órganos de control que no buscan claridad jurídica, sino desgaste político y mediático. Los tribunales, con fallos exprés, tumban reformas estructurales, restringen comunicados oficiales, bloquean la interlocución institucional del presidente y convierten cualquier acción de gobierno en un posible proceso disciplinario. Y en paralelo, los grandes conglomerados mediáticos y económicos instalan una narrativa permanente de ilegitimidad que habilita la remoción simbólica —y práctica— del presidente sin necesidad de pruebas.
La suma de todos estos elementos no produce debate democrático: produce un cerco coordinado. Esa es la telaraña: una red que aprieta, que parece dispersa, pero que funciona al unísono para dejar sin oxígeno al Ejecutivo y a su base política.
Por eso debemos decirlo sin eufemismos: el golpe de Estado ya no es una advertencia, es un hecho. Los golpes de Estado del siglo XXI no requieren soldados en la Casa de Nariño; se ejecutan mediante acciones “legales”, “administrativas”, “disciplinarias” o “internacionales” que aparentan formalidad, pero cuyo propósito es político. En Colombia opera así: se produce una inhabilitación política desde el exterior —como la inclusión en la Lista Clinton— sin una sola prueba judicial; se convierte una sanción financiera en un arma política global; se lanzan acusaciones públicas, como las de Donald Trump, sin evidencia, pero con efectos reales sobre el riesgo de captura extraterritorial del presidente; se paraliza la reorganización del proyecto progresista mediante sanciones del CNE; y se desgasta al gobierno con una presión judicial y mediática que impide que la izquierda llegue con garantías al proceso electoral de 2026.
El efecto es devastador: un presidente sin piso internacional, una izquierda sin piso jurídico, una personería jurídica en vilo, una coalición progresista dividida por riesgos de doble militancia, candidatos sin claridad sobre dónde inscribirse y un aparato electoral controlado por la Registraduría y el CNE, en coordinación con empresas privadas encargadas de la logística electoral como Thomas Greg & Sons. Esto configura un proceso electoral sin garantías, y por tanto, configura un golpe de Estado ya en ejecución.
Una democracia sin opciones democráticas deja de ser democracia. La sanción del CNE contra el Pacto Histórico no es un acto administrativo: es una tenaza política que cierra rutas, vacía derechos y bloquea cualquier competencia real. Cuando se sanciona a un movimiento, se bloquea su financiación, se amenaza su personería, se restringen las comunicaciones del presidente, se judicializa su liderazgo y se cercan todas sus opciones administrativas, no estamos ante una regulación electoral, sino ante el cierre de las vías democráticas, es decir, ante la sustitución de la voluntad popular.
Y cuando las vías democráticas se cierran desde arriba, la sociedad queda empujada hacia una sola salida: la calle. La movilización social. Los pueblos solo recurren a ese camino cuando las instituciones dejan de ser garantes y se convierten en instrumentos de persecución. Hoy están llevando al país al límite. Cuando un gobierno elegido no puede gobernar, cuando un movimiento político no puede reorganizarse y cuando la institucionalidad opera como tenaza en vez de garantía, lo que sigue no es retórico: es inevitable. Un estallido social. No un estallido emocional ni espontáneo, sino uno provocado por el cierre sistemático de las rutas de participación.
Por eso la discusión ya no es solo electoral. Lo que está en juego es el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Si las instituciones continúan bloqueando todas las rutas, la salida será la misma que han adoptado los pueblos cuando el Estado abandona la democracia: una Asamblea Constituyente desde abajo, nacida de la movilización social y orientada a recuperar la soberanía, el control democrático, las reglas del juego y la arquitectura institucional. No como capricho, sino como mecanismo de defensa colectiva.
La telaraña se rompe desde abajo. Porque ninguno de estos entramados, por fino que sea, resiste cuando la sociedad decide moverse. El golpe de Estado ya no es una hipótesis: es un proceso en cámara lenta, pero en ejecución. La pregunta ya no es si habrá reacción popular, sino cómo se canalizará. Y esa canalización apunta hacia un nuevo momento constituyente que devuelva el poder a donde siempre debió estar: en la gente. Porque la ultraderecha colombiana incluso se apropió de lo más sagrado: la voluntad popular expresada en las urnas.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo