Colombia tiene una costumbre perversa: disfrazar la guerra como si fuera un fenómeno natural, una desgracia climática que aparece y desaparece con los vientos, y el Estado responde con protocolos, números y discursos llenos de planes que no cambian nada en la vida real. Pero la guerra colombiana no es un accidente, ni un clima. La guerra es un proyecto político y económico, y si no entendemos que la derecha colombiana es quien la alimenta, no vamos a entender por qué el reclutamiento forzado sigue en ascenso, ni por qué la trata de personas crece al lado de ese reclutamiento como dos ramas de un mismo árbol podrido.
La derecha colombiana —esa que hoy reclama ser el “salvador” del país— necesita la guerra como se necesita la tierra para sembrar. La guerra produce control territorial, miedo, obediencia y legitimación para imponer un orden autoritario. La guerra ofrece el pretexto perfecto para vender mano dura, mientras las economías ilícitas que dependen de rutas, laboratorios, corredores y tierra sin Estado florecen con la impunidad como fertilizante. En ese ecosistema, la violencia no es un mal secundario; es la columna vertebral.
Y en el centro de ese proyecto está Álvaro Uribe Vélez, figura emblemática de la derecha colombiana, jefe supremo de una doctrina que convirtió la seguridad en negocio y la guerra en política de Estado. Uribe no solo promovió la militarización de la sociedad colombiana; sus vínculos documentados con redes del narcotráfico y estructuras criminales lo ponen como protagonista de una historia que va más allá de la retórica política. En 1981, cuando Uribe era director de la Aeronáutica Civil, otorgó una licencia de vuelo a Héctor Mario Cifuentes Villa, hermano de Dolly Cifuentes y miembro de un clan que la DEA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificaron como pieza clave del cartel de Sinaloa, red criminal que abasteció al Chapo Guzmán. La relación no es rumor: está en documentos oficiales. Y los vínculos familiares se entrelazan: Dolly Cifuentes, pareja de Jaime Alberto Uribe Vélez (hermano menor de Álvaro), fue incluida en listados del Tesoro como operadora financiera de esa estructura, al igual que Ana María Uribe Cifuentes, sobrina política del expresidente.
Mientras estas conexiones cruzan los límites entre poder político y crimen organizado, la guerra en Colombia sigue alimentándose de la sangre y la tierra. Los grupos armados, lejos de ser enemigos abstractos, funcionan en muchos territorios como extensiones de intereses que coinciden con los del poder tradicional: dominación social, control económico y acumulación de recursos a toda costa. Ese es el contexto en el que el reclutamiento forzado de niños y niñas no es un “daño colateral”, sino una pieza funcional de un sistema que necesita cuerpos para sostener su presencia territorial. Entre 2017 y 2025 se registraron 2.949 casos de reclutamiento forzado de menores, y entre 2020 y 2024 se documentaron 2.340 casos, concentrados en Cauca, Meta, Nariño, Chocó y Antioquia. La Defensoría del Pueblo, solo en 2024, recibió 463 reportes y verificó 409 víctimas, de las cuales 300 correspondieron al Cauca, con impacto desproporcionado sobre comunidades indígenas. Naciones Unidas ha advertido que las mismas redes sociales que usamos cotidianamente —TikTok, Facebook e Instagram— ahora sirven para captar y engañar a niños con promesas falsas de dinero y pertenencia.
Y si eso no fuera suficiente para desnudar la lógica del Estado, está el dato que muchos prefieren no mirar: entre agosto y noviembre de 2025, Medicina Legal confirmó la muerte de 15 niños y adolescentes durante bombardeos, y se sostuvo públicamente que las operaciones aéreas continuarían incluso con conocimiento de presencia de menores en los campamentos atacados. El Estado no solo permite que se reclute a la niñez; a veces la alcanza con bombas propias.
A ese reclutamiento se suma una realidad más cruel: la trata de personas, que hoy va de la mano del reclutamiento como dos ramificaciones de la misma violencia. Los niños y niñas no solo son reclutados; también están siendo llevados a zonas petroleras y extractivas a prestar servicios sexuales en condiciones de explotación brutal. El Estado, con su ausencia estructural de un sistema unificado de información, identificación proactiva, refugios suficientes y atención psicosocial especializada, no logra hacer más que registrar cifras que suben sin freno: un incremento del 400% en víctimas entre 12 y 17 años entre 2022 y 2023, y entre 2021 y agosto de 2025 el ICBF reportó ingresos a procesos de restablecimiento de derechos por trata, donde la explotación representa el 86% de los casos.
Y así llegamos a Ginebra: Colombia compareció ante el Comité de los Derechos del Niño y se rajó. No respondió de manera clara, suficiente ni verificable. Entregó papeles, protocolos y planes que no se aplican ni para prevenir el reclutamiento forzado ni para enfrentar la trata de personas. Enumeró políticas, no realidades. Habló de documentos, no de dignidad. Y lo hizo porque no puede resolver lo que no se atreve a nombrar: que la guerra colombiana se alimenta de economías ilícitas y de un proyecto político de derecha que necesita la guerra para mantenerse vigente. Mientras el gobierno progresista, y sobre todo la rama judicial y la Fiscalía, no judicialicen lo evidente —la relación entre narcotráfico, derecha y grupos armados ilegales— el reclutamiento forzado y la trata de personas seguirán en ascenso, y la niñez en Colombia seguirá desamparada. Por eso Colombia se raja ante el Comité de los Derechos del Niño.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo