En Colombia la violencia sexual no termina cuando termina el acto. No termina cuando la mujer sobrevive. No termina cuando se atreve a denunciar. En este país, la violencia sexual se prolonga como un castigo: primero en el cuerpo, luego en la memoria, después en el expediente, y finalmente en la amenaza. Y cuando una víctima decide hablar, el sistema le cobra el atrevimiento con una factura que siempre llega: el miedo, el señalamiento, el riesgo.
Así ocurre con las mujeres víctimas de violencia sexual del caso del sargento Juan Pablo Sierra Daza. Mujeres campesinas, civiles, atravesadas por una violencia que el Estado debería investigar con urgencia y reparar con dignidad, pero que en la práctica se diluye en trámites, formalismos y silencios. Porque en Colombia la justicia tiene una costumbre vieja: exigirle a la víctima pruebas imposibles, calma infinita, paciencia eterna… mientras los responsables aprenden a moverse con soltura en los pasillos del poder, con la tranquilidad de quien sabe que la impunidad también es una forma de protección.
La Jurisdicción Especial para la Paz abrió el Macrocaso 11, Subcaso 2, sobre mujeres víctimas de violencia sexual en el Putumayo, para decirle al país que ahora sí: que la verdad es central, que las víctimas están en el centro, que hay enfoque de género, que hay garantías. Pero la realidad se parece más a una vitrina que a una protección. Los macrocasos exponen. Los macrocasos nombran. Los macrocasos obligan a las víctimas a revivir en audiencias públicas lo que quisieran olvidar para poder seguir viviendo. Y en esa exposición, cuando la víctima queda visible, el riesgo se activa como una consecuencia automática, como si la justicia tuviera un precio que siempre se paga con miedo.
Las mujeres del caso Sierra Daza decidieron participar. Lo hicieron con la esperanza —mínima, frágil, pero viva— de que el país escuchara. Pero el sargento Juan Pablo Sierra Daza no solo negó los hechos: los despreció. No solo se negó a reconocer la violencia sexual: la volvió sospecha. Y además acusó a la Corporación Justicia y Dignidad de “orquestar un montaje judicial”. En Colombia esa frase no es una simple defensa: es un disparo. Porque señalar a quienes acompañan víctimas en casos de violencia sexual, especialmente cuando los responsables son agentes estatales, no es un debate jurídico: es una invitación a la persecución.
Después vinieron las amenazas. “Se va a arrepentir por hablar”. Amenazas telefónicas. Llamadas insistentes. Silencios del otro lado de la línea que pesan más que una palabra. Suplantaciones. Vigilancia. Seguimientos. Presencias extrañas rondando casas y lugares de trabajo. Un mapa de hostigamiento que no se queda en el territorio de las víctimas: alcanza también a quienes las acompañan, a quienes sostienen la defensa, a quienes cargan carpetas, nombres, fechas, y el dolor ajeno como una responsabilidad ética.
Y entonces aparece la respuesta institucional: “no hay riesgo”. Así lo dijo la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA). La JEP expone a las víctimas, las coloca en el centro de un escenario público, y luego —cuando el miedo ya está instalado— declara que no hay riesgo. Esa frase, repetida con frialdad administrativa, se convierte en sentencia. Porque cuando el Estado concluye que no hay riesgo, la amenaza no desaparece: queda legalizada por omisión. Se convierte en un peligro sin responsable y sin respuesta. El Estado se lava las manos, y la víctima queda sola, como siempre ha quedado sola.
Mientras tanto, el Gobierno habla de voluntad de conciliar, de avanzar en una solución amistosa porque el caso también está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habla de reparar, de reconocer, de cerrar heridas. Pero esa voluntad, que debería traducirse en protección real, se queda suspendida, congelada, atrapada en discusiones internas y en supuestas “confusiones” sobre la representación. Y en esa confusión aparece una tercera violencia: la del abogado Alexander Montaña, quien fue representante legal de la Corporación y renunció en medio de denuncias por violencia basada en género. Su forma de castigo ha sido torpedear los procesos, sembrar dudas, trabar el camino, empujar el desgaste.
A pesar de que las víctimas han entregado poderes claros, expresos, reiterados, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado prefiere creerle al agresor y suspender la conciliación. El resultado es brutal: la solución amistosa, que debería ser camino de reparación, se vuelve otra sala de espera donde la vida de las víctimas se desgasta. Una sala de espera donde el tiempo no cura: el tiempo expone.
La protección en Colombia se volvió una farsa: un trámite, un papel, un “estudio” que dicta “no hay riesgo” mientras la amenaza suena en el teléfono. El Estado promete garantías, pero abandona a las víctimas de violencia sexual justo cuando más expuestas están por atreverse a denunciar y participar en la JEP.
Y el daño se expande: la Corporación Justicia y Dignidad quedó sin sede en Cali por las amenazas, sin espacio para atender víctimas ni sostener la defensa. Al final, la “centralidad de las víctimas” es discurso: lo que sí se mueve rápido no es su protección, sino las libertades de militares señalados por crímenes gravísimos. El peligro no se borra con tinta: camina, llama, vigila, persigue. Y en Colombia, demasiadas veces, el silencio institucional termina siendo el eco más fuerte de la impunidad.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo