La derecha tiene un talento admirable: decir una cosa mientras hace exactamente la contraria. En Argentina, Javier Milei lo ha llevado a la categoría de performance. En Colombia, el Consejo de Estado parece estar ensayando el mismo libreto, pero con toga, latinajos y la solemnidad de quien jura no estar haciendo política mientras la hace.
Empecemos por el sur. La llamada “reforma laboral” de Milei —ese oxímoron— propone jornadas de doce horas, bancos de tiempo que evaporan las horas extra, indemnizaciones adelgazadas hasta la anorexia jurídica, salarios “dinámicos” (léase: inestables) y un sindicalismo reducido a decoración de museo. Todo presentado como modernización, palabra comodín que suele significar retroceso cuando la pronuncia un economista con motosierra. La libertad, nos dicen, consiste en trabajar más, ganar menos y reclamar menos. El mercado, como siempre, es libre; el trabajador, no tanto.
Ahora miremos hacia casa. En Colombia, el Consejo de Estado decidió suspender el decreto que fijó el aumento del salario mínimo. No porque el salario mínimo sea bajo —eso nadie lo discute— sino porque, según el tribunal, el Gobierno no cumplió con todos los rituales técnicos exigidos. El resultado práctico es delicioso: en nombre de la legalidad, se le baja el volumen a un ingreso que apenas alcanza para sobrevivir. La forma vence al fondo; el tecnicismo, al plato de comida.
La señal es clara, aunque se finja neutralidad. Si la derecha llega al poder, nos dicen, habrá “seguridad jurídica”. Traducción simultánea: seguridad para el capital, incertidumbre para el trabajo. Se empieza tumbando un decreto de salario mínimo —con aplausos de gremios y editoriales solemnes— y se sigue, previsiblemente, por el camino argentino: flexibilizar, desregular, abaratar el despido, domesticar la huelga. Todo muy razonable. Todo muy “responsable”. Todo muy antiguo.
Hay una pedagogía implícita en estas decisiones. Al trabajador se le enseña a agradecer lo poco; al empresario, a exigir más. Al juez se le pide imparcialidad; al resultado, obediencia al mercado. Y si alguien protesta, siempre queda el argumento moral: no es que estemos contra los derechos laborales, es que somos realistas. El realismo, ya se sabe, es la ideología de quienes mandan.
Lo curioso —o lo trágico— es que se nos vende este paquete como progreso. Como si la historia no hubiera demostrado, una y otra vez, que los derechos laborales no nacieron de la buena voluntad empresarial ni de la iluminación tecnocrática, sino del conflicto. Como si la dignidad pudiera tercerizarse.
Entre la motosierra de Milei y la pluma fina del Consejo de Estado hay una afinidad electiva: ambas cortan por el mismo lado. Una lo hace sin pudor; la otra, con elegancia jurídica. El resultado es idéntico: menos derechos, más retórica. Y una promesa tácita —que ya no es tan tácita—: este es el programa de la derecha colombiana que quiere llegar al poder. El Consejo de Estado, lejos de ser un árbitro inocente, empieza a perfilarse como su aliado fiel. El libreto ya empezó a representarse. El final, si no se disputa, está escrito.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo