Durante años se habló del caso de Jeffrey Epstein como un escándalo sexual protagonizado por un millonario con amistades poderosas. Se insistió en el morbo, en la lista de nombres, en el rumor. Pero lo que muestran los documentos judiciales, las sentencias y los archivos desclasificados es algo más profundo y más grave: Epstein encabezó una estructura que cumple con los elementos jurídicos de una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual. No es una metáfora. Es una categoría legal reconocida por el derecho internacional desde hace más de dos décadas.
El Protocolo de Palermo, adoptado por Naciones Unidas en el año 2000 y ratificado por Colombia, define la trata de personas como la captación, transporte o traslado de personas, mediante abuso de poder, engaño o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, con fines de explotación. Cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes, no se exige probar el engaño: basta el hecho del traslado y el fin de explotación. Bajo esa definición, los hechos acreditados judicialmente en el caso Epstein —reclutamiento sistemático de menores, transporte internacional en aviones privados, explotación reiterada y una red de facilitadores— encajan con precisión en la figura de trata internacional.
La condena de Ghislaine Maxwell por tráfico sexual de menores confirmó que no se trataba de un agresor aislado. Existía una red con roles definidos: quienes reclutaban, quienes transportaban, quienes facilitaban los espacios y quienes pagaban para que todo siguiera funcionando. Esa red operó en varios países, utilizó infraestructura privada para cruzar fronteras y se sostuvo durante años gracias al dinero y al silencio. Así operan las redes de trata cuando alcanzan las élites.
Lo que resulta especialmente incómodo es que, dentro de los archivos del caso, aparecen referencias que conectan esa red con Colombia. Existen menciones documentadas de víctimas de nacionalidad colombiana, incluidas menores de edad, cuyos relatos y circunstancias corresponden a patrones clásicos de trata: captación temprana, traslado internacional, explotación prolongada y revictimización a través del silencio. Estos datos no provienen de rumores, sino de documentos judiciales y reportes periodísticos basados en material oficial. Colombia no fue un territorio ajeno ni marginal en esta historia.
El país, además, es reconocido como expulsor de víctimas de trata. Las cifras oficiales hablan de decenas de casos identificados cada año, pero organizaciones sociales y expertos coinciden en que existe un subregistro estructural. La impunidad es alta y las investigaciones rara vez avanzan hacia redes complejas y transnacionales. En ese contexto, los archivos del caso Epstein debieron encender alertas institucionales inmediatas.
En ese mismo conjunto de documentos aparece el nombre del expresidente Andrés Pastrana. Su mención no surge de especulación, sino de registros objetivos y declaraciones incorporadas a los archivos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Existen registros de vuelo que lo ubican como pasajero en aeronaves vinculadas a Epstein, así como referencias a encuentros y viajes en los que participaron personas centrales de la red. Estos elementos no constituyen, por sí mismos, una condena penal, pero sí configuran un vínculo verificable con el entorno de una estructura criminal de trata de personas.
En cualquier Estado que se tome en serio sus obligaciones internacionales, esa información sería suficiente para activar mecanismos de verificación, cooperación judicial y, al menos, una investigación preliminar. Sin embargo, en Colombia ocurre lo contrario. La Fiscalía General de la Nación no ha informado públicamente la existencia de investigación alguna relacionada con estos hechos. No hay comunicados, no hay indagaciones conocidas, no hay explicación institucional sobre por qué un nombre mencionado en archivos de una red internacional de trata no ha sido siquiera objeto de revisión.
El problema no es desconocer la presunción de inocencia. El problema es la ausencia total de acción. El derecho internacional impone a los Estados el deber de investigar de oficio cuando existen indicios razonables de delitos graves, especialmente tratándose de trata de personas y de posibles víctimas nacionales. No investigar también es una forma de incumplimiento.
Nombrar el caso Epstein como lo que fue —una red internacional de trata de personas— permite entender por qué tantos nombres aparecen y desaparecen sin consecuencias. Permite entender por qué las víctimas tardaron décadas en ser escuchadas. Y permite formular la pregunta que sigue sin respuesta en Colombia: ¿por qué, frente a indicios documentados, el Estado guarda silencio? Mientras esa pregunta no tenga respuesta, la impunidad seguirá viajando en primera clase.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
¿Se acuerdan de las elecciones del 13 de marzo de 2022? Se acuerdan de las fotografías que circularon en redes sociales: formularios E-14 con tachaduras, cifras sobrepuestas, números escritos encima de otros números, casillas intervenidas después del cierre de la votación. No fue una percepción aislada. Fue un episodio que dejó cifras oficiales.
La Procuraduría General de la Nación informó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que recibió 2.069 quejas relacionadas con ese proceso electoral. De ellas, 1.306 fueron evaluadas, lo que derivó en 1.207 decisiones inhibitorias, 70 indagaciones preliminares y 32 investigaciones disciplinarias. Las quejas incluían irregularidades en el diligenciamiento del formulario E-14: formularios sin firma, errores en los totales, cifras ilegibles, tachaduras, inconsistencias entre el número de votantes y los votos registrados y la necesidad de reconteos.
La Registraduría Nacional, por su parte, reportó 10 tipos de errores recurrentes en 5.109 mesas de votación, lo que involucró a cerca de 31.000 jurados, con posibles consecuencias disciplinarias o penales evaluadas por la Fiscalía y la Procuraduría. No fueron rumores: fueron datos oficiales.
Uno de los puntos críticos fue el manejo de los espacios sin votación. Cuando una casilla queda en blanco, queda abierta físicamente. Abierta a que posteriormente pueda incorporarse una cifra. Abierta a que aparezca un número donde antes no había nada. Ese riesgo fue parte de las denuncias que motivaron quejas, investigaciones y reconteos.
A pesar de esos antecedentes, el registrador nacional actual, Hernán Penagos Giraldo, ha sostenido públicamente que las casillas del formulario E-14 deben dejarse en blanco cuando no exista votación, instrucción que hoy vuelve a ponerse sobre la mesa. A esa postura se ha sumado la insistencia del Centro Democrático en que los espacios permanezcan en blanco. Todo esto ocurre después de que la propia Procuraduría reconociera la sensibilidad del E-14 y anunciara para 2026 su expedición en triple copia y su digitalización como medidas de blindaje.
Aquí es donde surge la alarma. Con antecedentes documentados de irregularidades asociadas al E-14, insistir en dejar espacios en blanco incrementa un riesgo conocido. No se trata de afirmar que el fraude ya ocurrió; se trata de advertir que las condiciones que podrían facilitarlo existen. Y es legítimo decir —como advertencia política y jurídica— que sectores de la derecha colombiana, junto con decisiones de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, estarían configurando un escenario que podría facilitar un fraude de gran escala, precisamente por mantener prácticas que debilitan la integridad material del documento.
Cuando hay más de dos mil quejas, más de mil evaluaciones, decenas de indagaciones y múltiples investigaciones relacionadas con un mismo formulario, cualquier decisión que aumente su fragilidad debe ser cuestionada. Blindar no es solo digitalizar; blindar también es cerrar las puertas que permiten la alteración posterior.
Por eso proponemos acción. Por eso acudimos a la administración de justicia. Como ciudadanas y ciudadanos tenemos el deber de dejar constancia cuando advertimos riesgos graves para derechos fundamentales. No para acusar personas, sino para proteger la democracia.
Desde Justicia y Dignidad estamos impulsando una tutelatón para solicitar reglas claras y preventivas: que las casillas sin votación del E-14 se cierren con una marca uniforme que impida su uso posterior y que se prohíba dejar espacios en blanco. Es una medida mínima frente a un riesgo máximo.
En el documento Drive encontrarás el modelo de la tutela y el tutorial para radicarla. Solo necesitas tu cédula y tu firma.
Porque los derechos no se declaman: se defienden.
Y la democracia, cuando está en riesgo, se defiende en la justicia.
Justicia & Dignidad Del periodismo investigativo a la acción jurídica popular.
Señor(a)
JUZGADO CONSTITUCIONAL – OFICINA DE REPARTO
Ciudad
Ref.: Acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales a elegir y ser elegido, a la participación democrática, a la transparencia electoral y a la seguridad jurídica.
Yo, la suscrita, identificada civilmente como aparece al pie de mi firma y domiciliada según los datos que allí reposan, actuando en nombre propio, respetuosamente interpongo ACCIÓN DE TUTELA contra la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la vulneración y amenaza actual de los derechos fundamentales que se indican a continuación.
PARTES
Accionante
La persona suscrita, identificada y domiciliada como aparece al pie de la firma.
Entidades accionadas
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS
Solicito el amparo de los siguientes derechos fundamentales:
Derecho a elegir y ser elegido (artículo 40 de la Constitución Política).
Derecho a la participación democrática efectiva.
Derecho a la transparencia electoral.
Derecho a la seguridad jurídica y a la confianza legítima.
Derecho al debido proceso administrativo y electoral (artículo 29 de la Constitución Política).
III. HECHOS
El formulario E-14 constituye el documento base para el registro, transmisión y publicidad de los resultados electorales de cada mesa de votación, siendo determinante para el preconteo, el escrutinio y la confianza ciudadana en los resultados electorales.
En procesos electorales anteriores, particularmente en las elecciones del 13 de marzo de 2022, se presentaron denuncias ciudadanas, quejas formales e investigaciones administrativas, disciplinarias y penales relacionadas con irregularidades en el diligenciamiento de los formularios E-14, situación reconocida por la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y documentada por diversos medios de comunicación.
Entre las denuncias formuladas se advirtió que, en múltiples mesas de votación, las casillas dejadas en blanco en los formularios E-14 facilitaron la inclusión posterior de cifras, lo cual infló los resultados a favor de determinados candidatos o listas, afectando la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
La Procuraduría General de la Nación informó que recibió miles de quejas relacionadas con el proceso electoral de 2022, entre ellas irregularidades en el diligenciamiento del formulario E-14, tales como errores numéricos, tachones, correcciones sobre correcciones, ausencia de firmas y dificultades de lectura, lo cual dio lugar a reconteos, compulsas de copias e investigaciones disciplinarias y penales contra jurados de votación.
La Registraduría Nacional del Estado Civil reconoció igualmente que el uso de espacios en blanco, correcciones posteriores y marcas no uniformes dificultó la transmisión de resultados y generó escenarios de duda razonable sobre la fidelidad de las cifras consignadas inicialmente.
En el actual proceso electoral, la instrucción de dejar los espacios del formulario E-14 en blanco cuando no exista votación revive un riesgo previamente advertido y documentado, pues los espacios en blanco:
facilitan la incorporación posterior de cifras;
dificultan la trazabilidad y el control ciudadano;
aumentan el riesgo de manipulación de resultados electorales; y
debilitan la confianza legítima en el sistema democrático.
Existen denuncias públicas y antecedentes verificables que señalan que el inflado de cifras en los formularios E-14 ha sido posible precisamente por la existencia de espacios en blanco, afectando de manera directa el derecho fundamental a elegir y ser elegido y la transparencia electoral.
Históricamente, como práctica de control material del documento electoral, se ha utilizado el asterisco u otra marca uniforme para cerrar las casillas sin votación, medida que reduce significativamente la posibilidad de fraude, impide la adición posterior de cifras y fortalece la integridad y transparencia del proceso electoral.
La propia Procuraduría General de la Nación, al anunciar para las elecciones de 2026 la expedición del formulario E-14 en triple copia y su digitalización, ha reconocido la necesidad de blindar el proceso electoral, lo cual resulta insuficiente si no se acompaña de reglas claras, obligatorias y uniformes sobre el diligenciamiento de los espacios sin votación.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Artículo 40 de la Constitución Política: derecho fundamental a participar en la conformación del poder político.
Artículos 1, 2 y 209 de la Constitución Política: principios de democracia, transparencia, publicidad y moralidad administrativa.
Artículo 29 de la Constitución Política: debido proceso aplicable a las actuaciones administrativas y electorales.
Jurisprudencia constitucional reiterada sobre la necesidad de reglas claras, previsibles y uniformes en los procesos electorales como condición esencial de la legitimidad democrática.
PRETENSIONES
Respetuosamente solicito al despacho judicial:
AMPARAR los derechos fundamentales a elegir y ser elegido, a la participación democrática, a la transparencia electoral y a la seguridad jurídica.
ORDENAR a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, bajo la vigilancia de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que establezca y aplique de manera inmediata una regla clara, pública y obligatoria conforme a la cual todas las casillas del formulario E-14 correspondientes a candidatos o listas sin votación deban cerrarse mediante un ASTERISCO u otra marca uniforme, como medida preventiva para evitar el inflado posterior de cifras y la manipulación de resultados electorales.
ORDENAR que se PROHÍBA expresamente dejar espacios en blanco en los formularios E-14, por constituir un riesgo probado para la transparencia, la seguridad jurídica y la democracia.
ORDENAR a las entidades accionadas adelantar acciones pedagógicas y de capacitación claras y uniformes dirigidas a jurados de votación, testigos electorales y ciudadanía sobre el diligenciamiento correcto del formulario E-14.
SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, respetuosamente solicito al despacho judicial decretar MEDIDA PROVISIONAL, en atención a la existencia de una amenaza real, actual e inminente a los derechos fundamentales invocados.
La instrucción impartida por la Registraduría Nacional del Estado Civil consistente en dejar espacios en blanco en el formulario E-14 cuando no exista votación, en el contexto de un proceso electoral en curso, expone de manera inmediata el documento electoral a posibles alteraciones posteriores, riesgo ya advertido y documentado en procesos electorales anteriores y que dio lugar a múltiples denuncias, investigaciones y reconteos.
El diligenciamiento de los formularios E-14 constituye un acto irreversible en sus efectos, de manera que permitir que continúe una práctica que facilita la manipulación de cifras haría nugatoria la protección judicial posterior, configurándose un perjuicio irremediable.
En consecuencia, solicito se ordene como medida provisional:
SUSPENDER provisionalmente la aplicación de cualquier instrucción administrativa, circular o directriz que disponga dejar espacios en blanco en los formularios E-14.
ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, mientras se decide de fondo la presente acción, disponga que todas las casillas del formulario E-14 correspondientes a candidatos o listas sin votación sean cerradas mediante una marca uniforme (asterisco o línea).
ORDENAR que dicha instrucción provisional sea comunicada de manera inmediata a jurados de votación, comisiones escrutadoras y demás autoridades electorales.
La medida solicitada es proporcional, necesaria y urgente, no interfiere con el calendario electoral ni con la autonomía administrativa de la organización electoral, y tiene como único propósito prevenir un daño grave e irreparable a la transparencia del proceso democrático y al ejercicio efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía.
La derecha tiene un talento admirable: decir una cosa mientras hace exactamente la contraria. En Argentina, Javier Milei lo ha llevado a la categoría de performance. En Colombia, el Consejo de Estado parece estar ensayando el mismo libreto, pero con toga, latinajos y la solemnidad de quien jura no estar haciendo política mientras la hace.
Empecemos por el sur. La llamada “reforma laboral” de Milei —ese oxímoron— propone jornadas de doce horas, bancos de tiempo que evaporan las horas extra, indemnizaciones adelgazadas hasta la anorexia jurídica, salarios “dinámicos” (léase: inestables) y un sindicalismo reducido a decoración de museo. Todo presentado como modernización, palabra comodín que suele significar retroceso cuando la pronuncia un economista con motosierra. La libertad, nos dicen, consiste en trabajar más, ganar menos y reclamar menos. El mercado, como siempre, es libre; el trabajador, no tanto.
Ahora miremos hacia casa. En Colombia, el Consejo de Estado decidió suspender el decreto que fijó el aumento del salario mínimo. No porque el salario mínimo sea bajo —eso nadie lo discute— sino porque, según el tribunal, el Gobierno no cumplió con todos los rituales técnicos exigidos. El resultado práctico es delicioso: en nombre de la legalidad, se le baja el volumen a un ingreso que apenas alcanza para sobrevivir. La forma vence al fondo; el tecnicismo, al plato de comida.
La señal es clara, aunque se finja neutralidad. Si la derecha llega al poder, nos dicen, habrá “seguridad jurídica”. Traducción simultánea: seguridad para el capital, incertidumbre para el trabajo. Se empieza tumbando un decreto de salario mínimo —con aplausos de gremios y editoriales solemnes— y se sigue, previsiblemente, por el camino argentino: flexibilizar, desregular, abaratar el despido, domesticar la huelga. Todo muy razonable. Todo muy “responsable”. Todo muy antiguo.
Hay una pedagogía implícita en estas decisiones. Al trabajador se le enseña a agradecer lo poco; al empresario, a exigir más. Al juez se le pide imparcialidad; al resultado, obediencia al mercado. Y si alguien protesta, siempre queda el argumento moral: no es que estemos contra los derechos laborales, es que somos realistas. El realismo, ya se sabe, es la ideología de quienes mandan.
Lo curioso —o lo trágico— es que se nos vende este paquete como progreso. Como si la historia no hubiera demostrado, una y otra vez, que los derechos laborales no nacieron de la buena voluntad empresarial ni de la iluminación tecnocrática, sino del conflicto. Como si la dignidad pudiera tercerizarse.
Entre la motosierra de Milei y la pluma fina del Consejo de Estado hay una afinidad electiva: ambas cortan por el mismo lado. Una lo hace sin pudor; la otra, con elegancia jurídica. El resultado es idéntico: menos derechos, más retórica. Y una promesa tácita —que ya no es tan tácita—: este es el programa de la derecha colombiana que quiere llegar al poder. El Consejo de Estado, lejos de ser un árbitro inocente, empieza a perfilarse como su aliado fiel. El libreto ya empezó a representarse. El final, si no se disputa, está escrito.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Hoy, 12 de febrero, Día Internacional de las Manos Rojas, no hablamos en abstracto.
Hoy ponemos nombres.
Estamos buscando a niños y niñas del Cauca que desaparecieron en medio de la guerra, del control armado y de la indiferencia institucional. No son cifras: son historias interrumpidas.
Jefri Mejía Solarte, de 15 años, desapareció el 9 de febrero de 2026 en zona rural del corregimiento San Joaquín, municipio de El Tambo, Cauca. Salió al campo. Nunca regresó. Desde entonces, su familia no tiene información sobre su paradero. Su desaparición ocurrió en un contexto de violencia y alto riesgo de reclutamiento forzado, pero no se activó oportunamente ningún Mecanismo de Búsqueda Urgente.
En Buenos Aires, Cauca, desapareció Xamara Solarte, niña y estudiante, reclutada directamente desde el entorno escolar. Fue vista por última vez en su colegio. Nunca volvió a casa. Su caso revela una verdad incómoda y dolorosa: los colegios en Colombia no son espacios seguros para la niñez. La guerra también entra a las aulas, recluta en silencio y se lleva a las niñas sin dejar rastro.
En Santander de Quilichao, tres adolescentes desaparecieron en un contexto de control territorial armado. Entre ellos está Brayam Steven Balanta Lasso, de 15 años, promesa del fútbol, reconocido por su talento, su disciplina y su sueño de llegar lejos con un balón. Era buen estudiante, buen hijo y excelente deportista. Salió un día y jamás regresó a su casa. Su desaparición no se explica desde la lógica de la vida, solo desde la lógica de la guerra.
A la fecha, ninguno de estos niños y niñas ha sido encontrado. Las búsquedas no avanzan. Las respuestas no llegan. El silencio institucional pesa tanto como la ausencia.
Estos casos se suman a una realidad devastadora: entre 2017 y 2025, al menos 2.949 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados forzadamente en Colombia, y solo en el Cauca existen 709 investigaciones activas por este delito. Las cifras crecen. Los niños desaparecen.
Hoy, en el Día de las Manos Rojas, denunciamos que los estamos buscando y que el Estado no está llegando a tiempo.
Hacemos un llamado urgente a que nos duelan nuestros niños y niñas en la guerra, a que su desaparición no se normalice, a que sus nombres no se borren.
Las manos rojas son para decirlo claro:
la niñez no se recluta, no se desaparece y no se abandona.
Los queremos vivos.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Abelardo de la Espriella, quien se autodenomina “El Tigre”, decidió demostrarle al país que la selva electoral colombiana es fértil. Y vaya si lo es. Entregó 5.079.000 firmas. Una cifra tan descomunal que uno pensaría que el zoológico entero salió, ordenadamente, a respaldarlo.
El problema es que, cuando la Registraduría pasó el colador —ese instrumento incómodo que convierte la épica en estadística— el rugido se volvió maullido.
De los cinco millones largos aparecieron: 1.437.677 registros con “datos que no corresponden”; 1.025.663 personas que no existen en el Archivo Nacional de Identificación, auténticos fantasmas patrióticos; 273.211 firmas duplicadas, prueba de un entusiasmo repetido hasta el cansancio; 159.700 renglones en blanco que alguien sumó con fe; y 152.028 datos ilegibles, quizá producto de la emoción felina. Resultado: más del 60 % de las firmas fueron invalidadas. Un tigre con dieta de papel.
Pero no se alarmen. En Colombia el fraude no siempre ruge; a veces bosteza. Porque lo verdaderamente importante no es cuántas firmas falsas se entreguen, sino cuántas válidas queden después del ejercicio de poda democrática. Si el mínimo exigido es 635.216 y, tras la limpieza, sobreviven casi dos millones, entonces todo está en orden. El tigre puede seguir en carrera. La selva tiene reglas flexibles.
¿Sanciones? Qué palabra tan exagerada. Para eso habría que probar dolo, intención, organización. Y además habría que querer hacerlo. Lo más probable es que el episodio termine archivado en el museo nacional de las “irregularidades técnicas”, ese lugar donde descansan los escándalos que no escandalizan lo suficiente.
El espectáculo, sin embargo, es pedagógico. Enseña que en la política colombiana se pueden inflar globos de cinco millones y aterrizar en dos sin que nadie pregunte demasiado por el aire que se escapó. Se resta, se certifica y se sigue. El exceso no castiga: se descuenta.
El Tigre ruge en las redes. La Registraduría cuenta en los informes. La Fiscalía observa desde la barrera. El Consejo Nacional Electoral medita con parsimonia. Y el país, como siempre, aprende que en esta democracia el problema no es la selva, sino que los animales imaginarios también cuentan como fauna.
Con los datos oficiales ya conocidos, resulta evidente que existe un problema grave del sistema democrático: un aspirante presidencial continúa inscrito pese a que más del 60 % de sus firmas fueron invalidadas por irregularidades masivas. Eso es fraude político. No por una sentencia judicial, sino porque el mecanismo de firmas fue usado de manera abusiva y sin consecuencias reales.
Más grave aún es que, frente a ese volumen de inconsistencias, la autoridad electoral no haya informado públicamente el traslado de estos hallazgos a la Fiscalía para su investigación. Ese silencio no es neutral: habilita, normaliza y permite que quien infló apoyos inexistentes compita como si nada hubiera ocurrido.
Así, este señor —junto a otros ya bien conocidos en la política nacional— quiere ser presidente atravesando las irregularidades sin sanción visible. En este contexto, la única forma de impedir que estas prácticas definan el poder es la participación ciudadana masiva en las urnas.
La defensa democrática hoy es votar de manera contundente por Iván Cepeda Castro. Cuando el voto ciudadano es masivo, no hay firma falsa ni informe que lo borre.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Hay informes que no se leen: se advierten. El más reciente reporte de Human Rights Watch sobre El Salvador en 2025 no describe un país lejano ni exótico, sino un modelo político exportable. Y eso es lo inquietante: lo que allí ocurre es exactamente lo que una parte de la derecha colombiana admira, justifica y aspira a replicar si regresa al poder en 2026.
Empecemos por las cifras, pero traducidas a Colombia, para que no parezcan abstractas. En El Salvador, el 1,9 % de la población está hoy privada de la libertad. Es una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.
En Colombia, con cerca de 52 millones de habitantes, ese porcentaje equivaldría a casi un millón de personas presas. Un millón. Hoy Colombia tiene alrededor de 100.000 personas privadas de la libertad. El llamado “modelo Bukele” multiplicaría por diez la población carcelaria del país. No es una metáfora: es una proyección aritmética.
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción permanente, prorrogado 45 veces, que suspendió garantías básicas. Más de 90.000 personas han sido detenidas, incluyendo más de 3.000 niños. Traducido a Colombia, sería como detener a toda la población de una ciudad del tamaño de Ibagué o Villavicencio, muchas personas sin imputación clara, sin juicio y sin contacto con abogados o familiares.
Durante ese régimen, al menos 458 personas han muerto bajo custodia del Estado. Si aplicamos una proporción similar a Colombia, estaríamos hablando de miles de muertes en cárceles, sin investigaciones ni responsables.
Ahora la pregunta inevitable: ¿se imaginan el escándalo político, mediático y judicial si algo así ocurriera bajo el gobierno de Gustavo Petro? ¿Se imaginan los titulares, las marchas, las denuncias internacionales, las columnas hablando de dictadura? Pues eso es exactamente lo que sucede hoy en El Salvador bajo Nayib Bukele, y que muchos justifican con un encogimiento de hombros porque “bajaron los homicidios”.
Sí, la violencia de pandillas disminuyó. Es cierto. Pero el informe es claro: el precio fue la demolición del Estado de derecho. Bukele fue reelegido pese a que la Constitución lo prohibía. Luego, el Congreso —controlado por su partido— aprobó la reelección indefinida y permitió reformar la Constitución en una sola legislatura. Traducido a Colombia: sería como si el presidente de turno cambiara la Carta Política con su mayoría, eliminara los límites al poder y neutralizara a la Corte Constitucional. ¿Escandaloso? Exactamente.
El poder judicial fue purgado. Jueces independientes destituidos o trasladados. El fiscal general ratificado tras desmantelar unidades anticorrupción. La transparencia cayó a su peor nivel en trece años. La declaración de bienes del presidente fue declarada reservada. En Colombia, eso equivaldría a clasificar como secreto el patrimonio presidencial, algo que incendiaría el debate público durante meses.
La sociedad civil tampoco se salvó. Defensores de derechos humanos y abogados críticos están detenidos e incomunicados. Se aprobó una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30 % a la cooperación internacional y permite cerrar organizaciones por criterios vagos. El resultado: más de 140 periodistas y defensores huyeron del país. En Colombia, sería como ver a El Espectador, la FLIP y decenas de ONG cerrando oficinas o exiliándose por miedo.
Y aquí viene lo político. Este no es un modelo abstracto: tiene admiradores con nombre propio en Colombia. Álvaro Uribe Vélez ha elogiado públicamente a Bukele. Paloma Valencia ha defendido su “mano dura” como ejemplo a seguir. Juan Carlos Pinzón, junto a otros aspirantes de derecha, propone militarización, ampliación de la prisión preventiva y desconfianza abierta hacia jueces, prensa y organizaciones sociales. Y está también Abelardo de la Espriella, quien no solo admira el modelo sino que parece empeñado en imitarlo incluso en lo estético, como si el autoritarismo fuera también una cuestión de peinado, chaqueta y pose. El libreto es reconocible.
No quieren volver al poder solo para gobernar. Quieren volver para gobernar sin límites. Para neutralizar controles, desacreditar los derechos humanos y convertir la seguridad en excusa permanente. Quieren un país más silencioso, no necesariamente más justo.
La pregunta no es si el modelo Bukele “funciona”.
La pregunta es si Colombia está dispuesta a pagar ese precio.
Porque la experiencia latinoamericana es clara: el autoritarismo siempre promete orden, siempre entrega miedo y siempre termina cobrando libertades.
El Salvador no es el futuro inevitable.
Es una advertencia.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
La reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en Washington produjo un fenómeno digno de estudio clínico: dejó a la derecha llamando proyanqui imperialista a Petro, y a una parte de la izquierda celebrando porque el papá del imperio ya no nos odia. Un empate técnico en la esquizofrenia política.
La derecha, que ayer juraba amor eterno a la bota gringa, despertó indignada porque Petro —ese mismo al que acusaban de incendiar la relación bilateral— estrechó la mano equivocada en el momento correcto. “Entregado”, “arrodillado”, “agente del imperio”: el diccionario patriótico se agotó en minutos. Mientras tanto, desde la izquierda se escucharon aplausos emocionados: Trump no gruñó, no gritó, no amenazó. Milagro diplomático. La soberanía, por esta vez, cabía en una foto.
Y es que el señor naranja estuvo sorprendentemente calmado. No hubo bravuconadas, ni tuits incendiarios, ni ultimátums con sabor a pólvora. Quizá porque este fin de semana volvieron a circular —con fuerza— los horrores documentales asociados a los archivos de Jeffrey Epstein: revelaciones y señalamientos que medios y registros judiciales han venido exponiendo y que vuelven incómoda cualquier pose de sheriff moral. En ese contexto, más de un colombiano temió lo peor: captura presidencial exprés, bombardero rumbo a Bogotá y una transición “ordenada” con Francia Márquez de presidenta provisional mientras el uribismo desempacaba al designado. Así de feo pintaba el cuadro en la imaginación colectiva.
Pero no. Al final llegó el gesto balsámico: un “I love Colombia” dicho sin colmillos. Y el país respiró. No porque el imperio nos quiera —eso dura lo que dura un aplauso—, sino porque, por un día, no nos odió en voz alta. A veces, en diplomacia, el alivio también cuenta como victoria. Aunque sea mínima. Aunque sea prestada. Aunque mañana vuelva el ruido.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Mientras escribíamos el artículo sobre Sandra Castro y Neila Figueroa Segura, mientras acomodábamos las palabras para no herir más de lo que ya estaba herido, apareció otro cuerpo. Otra mujer asesinada. Otro nombre que se suma a la lista que nunca deja de crecer. Esta vez fue Angie Carolina Rivera Garibello, 28 años, madre de tres hijos, encontrada sin vida en la Avenida Circunvalar de Garzón, Huila.
La noticia llegó como llegan siempre estas noticias: sin estruendo, sin sorpresa, con esa normalidad cruel que da la repetición. Mientras hablábamos de Engativá y de Cereté, mientras intentábamos explicar cómo una sobrevivió y la otra no, el país volvía a demostrar que la violencia contra las mujeres no descansa. No espera. No se conmueve con editoriales ni con minutos de silencio. Continúa.
Angie salió de su casa en una motocicleta con su compañero sentimental. Eso dicen los vecinos. Eso dicen los allegados. Dicen también que hubo un arma blanca, que hubo una discusión, que hubo una muerte. Las autoridades investigan. El presunto agresor no aparece. La historia se parece demasiado a otras historias: una mujer que intenta vivir, un hombre que decide que no puede hacerlo sin él, un Estado que llega después.
En Colombia, el feminicidio no irrumpe: avanza. Avanza por barrios, por veredas, por carreteras. Avanza de noche y de día. Avanza en enero, cuando todavía no se han guardado los adornos de Navidad. Avanza mientras se escriben artículos, mientras se emiten alertas, mientras se repiten cifras.
La Defensoría del Pueblo ya lo dijo: solo en la primera semana de 2026 se registraron 13 hechos de violencia extrema contra mujeres y personas con identidades de género no hegemónicas. Ocho feminicidios. Dos transfeminicidios. Dos tentativas. Una masacre. Y ahora, mientras escribimos, otro cuerpo más.
La pregunta no es cuántas faltan. La pregunta es qué podría hacer el Estado para evitarlo y por qué no lo hace.
Podría actuar antes de la muerte y no después del levantamiento del cadáver. Podría tomarse en serio las denuncias de control, de amenazas, de celos, de violencia previa. Podría garantizar medidas de protección reales y no papeles que nadie vigila. Podría entender que irse de una relación violenta es el momento de mayor riesgo y no dejar solas a las mujeres justo ahí. Podría coordinar justicia, salud, policía y protección social sin obligar a las víctimas a mendigar atención. Podría asumir que esto no es un asunto privado, sino una emergencia nacional.
Pero no lo hace. Y entonces las mujeres siguen apareciendo muertas mientras los textos se quedan cortos y el país se acostumbra.
Escribimos sobre Sandra. Escribimos sobre Neila. Ahora escribimos sobre Angie. Mañana, si nada cambia, escribiremos otro nombre. Y ese es el verdadero escándalo: que en Colombia el feminicidio no interrumpe la vida pública. La acompaña.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Esa es la diferencia mínima, brutal, arbitraria, que separa la vida de la muerte cuando la violencia machista decide instalarse en una casa y convertirla en campo de batalla. No hay azar. Hay antecedentes. Hay control. Hay amenazas. Hay una cadena de omisiones que empieza mucho antes del primer golpe y termina siempre después, cuando el Estado llega tarde y la justicia redacta comunicados.
El primero de enero, mientras el país estrenaba año y los discursos hablaban de nuevos comienzos, Sandra estaba en su casa, en Engativá. No celebraba nada. Estaba intentando irse. Había decidido terminar una relación marcada por los celos, la vigilancia y el control. Decidir irse, en Colombia, sigue siendo uno de los actos más peligrosos para una mujer.
César Camilo Aldana Vargas, su esposo, decidió que ella no se iba. La atacó con un arma blanca frente a sus dos hijos. Cincuenta y cinco veces. Después recogió objetos personales y huyó. Como si la violencia fuera un trámite. Como si el cuerpo de Sandra no estuviera desangrándose en el piso. Como si los niños no hubieran aprendido, en cuestión de minutos, que el hogar puede volverse una trampa.
Sandra vive. Vive conectada a tubos, con un pulmón perforado y una lesión grave en la tráquea. Vive porque su cuerpo resistió lo que el sistema no previno. La Fiscalía habla de tentativa de feminicidio. Los hijos hablan de miedo. El expediente avanza. La vida de Sandra pende de cuidados intensivos y de una justicia que siempre corre detrás de los hechos.
Neila Figueroa Segura tenía 33 años y vivía en Cereté, Córdoba. El domingo 11 de enero, al mediodía, discutió con su compañero sentimental en el barrio El Cañito. No fue una discusión extraordinaria. Fue una de esas discusiones que se repiten, que se normalizan, que el entorno aprende a no escuchar. Hasta que el hombre sacó un arma de fuego. Hasta que Neila cayó.
La auxiliaron. La trasladaron al hospital Sandiego. Llegó sin signos vitales. No hubo tiempo para tubos ni para titulares de “sobrevive de milagro”. Hubo muerte. Hubo captura. Hubo un nuevo nombre que se suma a una lista que no deja de crecer. En Cereté quedó una familia rota. En el país, otra mujer menos.
Sandra y Neila no se conocieron. No compartieron ciudad ni historia. Pero están unidas por un mismo patrón: violencia ejercida por hombres cercanos, en contextos íntimos, precedida por control, celos y dominación. La diferencia entre ambas no es estructural. Es apenas un hilo: una llegó viva al hospital; la otra no.
No son casos aislados. No son “hechos de intolerancia”. No son tragedias privadas. Son crímenes anunciados.
En la primera semana de 2026, la Defensoría del Pueblo documentó 13 hechos de violencia extrema contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en Colombia. Las cifras son exactas y no admiten eufemismos: 8 feminicidios, 2 transfeminicidios, 2 tentativas de feminicidio contra mujeres trans, 1 hombre gay asesinado y 1 masacre en Santander de Quilichao, donde tres mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas.
Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Bogotá aparecen en el mapa. Casas, barrios, comercios y espacios comunitarios aparecen como escenarios. En la mayoría de los casos, los agresores eran parejas o exparejas. El patrón no es confuso. Lo que es confusa —o deliberadamente lenta— es la respuesta estatal.
Aquí no falta diagnóstico. No faltan alertas. No faltan informes. Falta acción. Falta urgencia. Falta asumir que la violencia machista no es un problema cultural ni un asunto privado, sino un problema político y de responsabilidad estatal.
La Defensoría fue clara: cada feminicidio es prevenible cuando el Estado actúa con oportunidad. Cuando no actúa —cuando minimiza denuncias, dilata medidas de protección, normaliza el control y llega solo para contar muertas— deja de ser un espectador y se convierte en corresponsable.
Sandra vive porque resistió.
Neila murió porque nadie llegó antes del disparo.
Entre una y otra hay un país que sigue llegando después. Después del cuchillo. Después del arma. Después del hospital. Después del entierro. Y mientras eso siga ocurriendo, hablar de “casos aislados” no es ignorancia: es complicidad.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Desde que comenzaron a circular versiones sobre una supuesta incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la “captura” de Nicolás Maduro, el debate se llenó de gritos, aplausos prematuros y celebraciones irresponsables. Pero conviene hacer lo que casi nadie quiere hacer en medio del ruido: confrontar los hechos para determinar si se ajustan o no al derecho internacional, con política real y con algo que hoy escasea más que el petróleo: sentido histórico. Lo primero que hay que decir, sin rodeos, es que lo ocurrido el 3 de enero de 2026 en Venezuela no se ajusta al derecho internacional. No hubo captura confirmada, no hubo operación reconocida, no hubo transición alguna. Lo que sí hubo fue una avalancha de propaganda, especulación y deseo disfrazado de noticia.
Y aun así, el ejercicio sirve, porque revela algo más profundo. Si una captura de Nicolás Maduro de ese tipo hubiese ocurrido sin autorización expresa del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, sin un proceso formal de extradición y mediante el uso de la fuerza en territorio soberano, estaríamos ante un problema jurídico mayúsculo. No importa cuánto odio despierte Maduro ni cuántos crímenes se le atribuyan: la soberanía estatal no es una opinión, es un principio fundante del orden internacional. La Carta de la ONU prohíbe el uso unilateral de la fuerza. El derecho internacional no autoriza la “justicia por comando”. Incluso los criminales tienen procedimiento, porque cuando el procedimiento se rompe, lo que cae no es solo un gobierno, sino la norma que protege —o debería proteger— a todos.
Pero hay algo todavía más grave que la fantasía de la captura: el saqueo abierto. En ninguna parte del derecho internacional existe una figura que permita a una potencia apropiarse de los recursos naturales de otro país, administrar su petróleo, “custodiarlo” o gestionarlo mientras llega un gobierno más conveniente. Eso no se llama transición: se llama colonialismo puro y duro, con helicópteros o sin ellos. La apropiación de recursos naturales mediante amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del derecho internacional humanitario, del principio de autodeterminación de los pueblos y del derecho permanente de los Estados sobre sus riquezas naturales. Dicho sin eufemismos: son crímenes internacionales.
Desde la política real, además, no hay justicia sino poder. No jueces, no tribunales, no debido proceso: decisión geopolítica desnuda. Gana el más fuerte, no el mejor argumento jurídico. Estados Unidos no actúa como garante del derecho, sino como potencia que impone hechos consumados. Llamar a eso “liberación” es propaganda; confundirlo con justicia, una ingenuidad peligrosa.
En el plano moral aparece la trampa más cómoda: como Maduro es un dictador, entonces cualquier cosa está bien. Falso. Como cayó —o como se desea que caiga— entonces fue correcto. Falacia. La ilegitimidad de un régimen no convierte automáticamente en legítima una intervención armada ni un saqueo económico. Un criminal puede caer, sí, pero el método puede seguir siendo ilegal, inmoral y profundamente destructivo. Celebrar el resultado imaginado sin mirar el camino es la forma más rápida de justificar cualquier barbaridad futura.
Y aquí está lo verdaderamente inquietante: el precedente. Si hoy se normaliza la idea de que una potencia puede intervenir, capturar, administrar recursos y rediseñar países a su antojo, mañana cualquiera podrá hacerlo. Se rompe la arquitectura mínima del orden internacional construida tras la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar esto. La ley del más fuerte vuelve a mandar, y lo hace sin vergüenza.
Más grave aún es el silencio. La Organización de los Estados Americanos calla. La ONU calla. La Corte Penal Internacional calla. El derecho internacional, creado para frenar el horror, hoy parece no servir para nada cuando el infractor es el poderoso. No es que las normas no existan: es que no se aplican.
Por eso resulta tan alarmante que los candidatos presidenciales de la derecha colombiana, y el mismísimo Álvaro Uribe Vélez, hayan salido a felicitar con entusiasmo a Donald Trump. No solo están en un error jurídico y político monumental; representan un peligro real para la democracia colombiana. Porque quien aplaude el colonialismo ajeno hoy, justificará el autoritarismo propio mañana. Quien celebra la violación del derecho internacional cuando le conviene, terminará celebrando la violación de la Constitución en casa. Duele decirlo, pero hay que decirlo: no están defendiendo la democracia, están enseñando —con sonrisa y aplausos— cómo destruirla.
