Por: Sofía López Mera,
Abogada defensora de derechos humanos y periodista
de la Corporación Justicia y Dignidad
En noviembre de 1999, cerca de cincuenta mil personas pertenecientes a organizaciones populares, campesinas y de base, que se congregaron en El Cairo, municipio de Cajibío y en Galíndez, municipios del Patía (Cauca), bloquearon durante veintiséis días la carretera panamericana exigiendo al gobierno la destinación de recursos económicos para atender las necesidades básicas de los habitantes del sur occidente colombiano. En la zona de protesta participaron cerca de doce mil campesinos cajibianos, representando cerca del 20% de las personas protestantes. La movilización generó que el Estado acordará desembolsar 112 mil millones de pesos para la región sur del occidente del país, de los cuales, 13 mil millones serían destinados a programas sociales para el municipio de Cajibío. Sin embargo, a partir del año 2000, la movilización popular fue reprimida por agentes estatales y paramilitares mediante violaciones sistemáticas de derechos humanos contra las personas habitantes del municipio de Cajibío, y a través de la Tercera Brigada y La Brigada Veintinueve del Ejército Nacional, los bloques “Calima” y “Héroes de Ortega” de las AUC, esto, con la constatada la colaboración de hacendados del departamento del Cauca. Los paramilitares del “Bloque Calima” de las AUC, al mando de José Everth Veloza García (alias “HH”), durante el año 2000 y 2001 controlaron militarmente a 22 municipios del departamento del Cauca. En octubre de 2000, las Farc incursionó en el corregimiento de Ortega (Cajibío), asesinando a 14 personas, quemando varias casas y se desplazando a cerca de 96 familias. En este corregimiento, desde 1977, se creó un grupo de autodefensa campesina tipo paramilitar que se enfrentaba de manera reiterada con la insurgencia. La incursión de las Farc durante el año 2000 llevó a los líderes de ese grupo paramilitar: Lizardo Becoche Pechené y Rubinder Becoche, a realizar acuerdos con la Tercera Brigada y La Brigada Veintinueve del Ejército Nacional, a través de los mandos militares Jaime Canal y Marco Fidel Velandia, quienes proporcionaron equipos de comunicación y ayuda monetaria a los referidos paramiltiares. Luego de recibir apoyo y orientación del Ejército Nacional, acudieron al “Bloque Calima” de las AUC, quienes acordaron brindarle asesoría y entrenamiento militar. Un grupo de alrededor de 40 integrantes de las “Autodefensas de Ortega” se dirigió hacia la zona de La Mosquitera, ubicada entre La Balsa y Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, con el fin de recibir entrenamiento militar por parte del “Bloque Calima”.
Después del entrenamiento militar, regresaron hasta Ortega, y en el camino asesinaron a personas señaladas como milicianos o simpatizantes de la subversión. El Grupo del Bloque Calima que ingresó a Ortega y a la zona rural de Cajibío estaba comandando por Chilapo, Nechí y Franco.
En esta zona permanecieron alrededor de dos semanas antes de retornar al norte del Cauca. Durante este lapso realizaron el denominado “recorrido de la muerte” en la zona rural de Cajibío entre los días 19 al 26 de noviembre de 2000.Asesinaron a nueve personas señaladas de sostener vínculos con la guerrilla, otras fueron torturadas y se presentaron saqueos en negocios de las distintas veredas por las que transitaron. Como resultado de estas acciones se generó desplazamiento de la población hacia el casco urbano de Cajibío, Popayán y Cali.Los primeros hechos ocurrieron el domingo 19 de noviembre, día de mercado, en la vereda El Dinde, donde obligaron a la población a reunirse en la plaza principal del poblado, se presentaron como AUC y tildaron a la población de pertenecer y colaborar con la guerrilla. La población fue encerrada en la vivienda de la señora Virgelina Campo. El campesino Argelino Largacha fue conducido al corregimiento de Ortega en donde fue torturado, le arrancaron las orejas y la nariz. Al día siguiente lo condujeron a la vereda La Diana, en donde fue golpeado con un palo delante de la población y asesinado.
El día 16 de noviembre de 2000, el comandante de policía del Municipio de Morales, Jose Vicente Ortiz Murcia, fue informado sobre la presencia de grupos paramilitares en algunas zonas aledañas al municipio y que se dirigía al vecino municipio de Cajibío en dirección a la vereda La Pedregosa. Estos hechos fueron informados por el comandante de Policía al alcalde del municipio de Morales, el señor Silvio Villegas Sandoval, mediante oficio fechado el 16 de noviembre de 2000, y radicado con el No 213. El 20 de noviembre, en la ciudad de Popayán, las autoridades civiles, militares y policiales, convocaron a un consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público en el departamento. En dicho consejo de seguridad, el señor alcalde del municipio de Morales Silvio Villegas Sandoval, señaló con claridad sobre la presencia de grupos paramilitares en su municipio y la movilización de estos grupos criminales hacia las zonas rurales del vecino municipio de Cajibío.
El 22 de noviembre, los paramilitares arribaron al corregimiento El Carmelo (Cajibío), donde cometieron una masacre. En este lugar, amarraron y se llevaron a los campesinos Alcibiades Camayo, Yonir Campo y Jaime Rojas hasta un paraje solitario en frente del cementerio y a las 7:30 a. m. los asesinaron. Los paramilitares pintaron con aerosol una volqueta y las paredes de algunas viviendas del lugar con las siglas «AUC» – «ACCU» y las consignas «fuera guerrilla» y «muerte a sapos guerrilleros». Le prendieron fuego a la vivienda de Manuel Valencia e ingresaron a algunas viviendas, hurtaron dinero, enseres y saquearon las tiendas de abarrotes del corregimiento
De acuerdo con la las versiones rendidas por los paramilitares en “Justicia y Paz”, los se marcharon de El Carmelo y en Casas Bajas tuvieron enfrentamientos con la guerrilla. En la confrontación resultó asesinado un integrante del Bloque Calima y heridos otros dos. Debido a esto, el comandante “Chilapo” dio la orden de repliegue hacia la vereda La Laguna en donde permanecieron hasta el 23 de noviembre. Cerca de las 6 de la tarde del día 23 de noviembre, el grupo, de alrededor de 70 paramilitares se desplazó hacia el corregimiento de la Pedregosa. Llegaron a la vereda Santa Catalina, a la vivienda del señor José Vicente Camayo, a quien encerraron en una de las habitaciones, requisaron la casa y retuvieron a sus hijos Eris Arturo y Diego Arnulfo Camayo Guetio, quienes fueron amarrados y torturados. Al otro día 24 de noviembre, prosiguieron el recorrido con los civiles retenidos. En la entrada del poblado de la Pedregosa instalaron un retén ilegal e incineraron varios vehiculos.
En el lugar del retén retuvieron a los campesinos Adolfo Benalcázar y Luis Germán Valenzuela, quienes llegaron procedentes de la vereda Buena Vista en una motocicleta. Los paramilitares les pidieron los documentos de identificación y una vez verificados Germán Valenzuela le preguntó a los paramilitares si podían seguir, uno de los paramilitares le dijo que no y Germán contestó: «por qué no me dejan seguir si estamos en un país libre», los paramilitares se molestaron con la afirmación de Germán y de inmediato lo amarraron, lo golpearon y estando vivo le quemaron la cara con ácido. La motocicleta de Germán fue incinerada. Posteriormente retuvieron al señor Dagoberto Velasco Chaguendo y a su padre el señor Silvio Velasco y los unieron al grupo de Germán Valenzuela, Adolfo Belalcázar, Eris Arturo Camayo, Diego Arnulfo Camayo y Bernardo Valencia. A las personas retenidas las amarraron de pies y de manos y las trasladaron unos 120 metros adelante, cerca de la capilla del corregimiento. El señor Adolfo Belalcázar pudo escapar aprovechando la confusión que generó el inicio de un ataque de la guerrilla a los paramilitares, quienes optaron por esconderse en las viviendas de la población y responder desde allí a los ataques. Bernardo Valencia y Silvio Velasco lograron escapar entre los matojos, en tanto el enfrentamiento armado continuaba. A Dagoberto Velasco Chaguendo, Germán Valenzuela, Eris Arturo Camayo y Diego Arnulfo Camayo fueron asesinaron en la iglesia del poblado por los paramilitares.
Durante todo el día y luego de ocurrida la masacre los paramilitares sostuvieron combates con la guerrilla que operaban en el sector. Debido a la intensidad de los enfrentamientos, el grupo paramilitar recibió refuerzos paramiltiares desde el norte del Cauca. Durante el enfrentamiento armado, los paramilitares recibieron apoyo terrestre de unos 30 hombres del Ejército Nacional, quienes entraron por la vereda de Santa Catalina y apoyo aéreo por medio de helicóptero de la fuerza aérea.
Los cuerpos sin vida de Dagoberto Velasco Chaguendo, Germán Valenzuela , Eris Arturo Camayo, y Diego Arnulfo Camayo fueron levantados por la comunidad solo hasta el día 25 de noviembre. El último hecho violento contra la población civil se presentó en la vereda La Laguna, entre el 25 y 26 de noviembre. Allí procedieron a retener, torturar y asesinar al señor Miguel Ángel Campo Astaíza. La masacre de la Rejoya Ocurrió el 15 de enero de 2001, poco tiempo de las incursiones paramilitares en Cajibío. Las víctimas se movilizaban en una “chiva” entre Popayán y el corregimiento de Rosario (Cajibio), y fueron señalados como milicianos de la guerrilla por un soldado del ejército nacional de apellido Zapata, por otro hombre de apodado “Rayo”, por alias “La Gorda”, ex guerrillera que pasó a hacer parte de las filas del Bloque Calima, y por algunos paramilitares de Ortega.
Fueron asesinados 10 campesinos entre los que se encontraban dos menores de edad, las víctimas fueron: Absalón Troyano Victoria, Carlos Chantre Peña, Florencio Flórez Mesa, Hugo Idobro Ledezma, José Luis Campo Imbachí, Juan Carlos Velasco Orozco, Luis Alberto Muñoz Imbachí, Oveider Mosquera, Rubén Darío Sánchez Urmendez y Wilmer Camayo Montenegro. Los paramilitares y el hombre que señalo a las víctimas salieron en huida del lugar por entre el rastrojo que rodeaba la vía. Llama la atención que no alcanzaron a pasar cinco minutos de los hechos y llego el ejército a acordonar la zona y a realizar las supuestas labores de custodia de la escena del crimen.
Los paramilitares que participaron de los hechos, postulados en “Justicia y Paz” confesaron que llegaron a la hacienda La Adelita, propiedad de Juan José Ayerbe, hacendado de la ciudad de Popayán, donde prepararon el retén paramilitar e ingresaron las armas. Una vez cometida la masacre llegaron a dicha hacienda y se escondieron, horas más tarde en un automotor de la hacienda los sacaron hasta la ciudad de Popayán. Los paramilitares de Ortega Lizardo Becoche, Rubinder Becoche y Jairo Guachetá participaron activamente en la planeación de la masacre de la Rejoya en coordinación con alias La Gorda y Albeiro (Ómar). Estos actos preparatorios se dieron en los barrios San José y 31 de marzo de la ciudad de Popayán.
El día 20 de enero de 2001, el periódico EL LIBERAL de la ciudad de Popayán señaló que el jefe paramilitar CARLOS CASTAÑO, mediante misiva al defensor del Pueblo, reconocía su participación en los hechos de la masacre de la Rejoya. El comandante paramilitar alias “HH”, confesó que la masacre de la Rejoya se hizo en coordinación con el comandante del Gaula de ese entonces.
Luego de 22 años de ocurrencia de estas masacres surgen muchas preguntas: ¿Por qué el reconocido hacendado de la ciudad de Popayán Juan José Ayerbe sigue en libertad? ¿Por qué los militares Jaime Canal y Marco Fidel Velandia, que se relacionaban con comandantes paramilitares de Ortega nunca fueron llamados ni siquiera a declarar en los procesos? ¿Por qué jamás se individualizaron ni identificaron los militares Rayo, Zapata y Huila que participaron en la masacre de la Rejoya? ¿Por qué jamás se identificaron a los militares que prestaron apoyo terrestre y aéreo a los paramilitares del bloque Calima y de Ortega cuando fueron incursionados por la guerrilla luego de cometida la masacre de la Pedregosa? ¿Por qué jamás ha sido objeto de investigación la inoperancia de los funcionarios de seguridad del Estado, que sabían de la llegada de los paramilitares al municipio de Cajibío y que participaron de los consejos de seguridad? Estas preguntas y muchas más no han sido resueltas.
Pese a lo anterior, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, mediante informe No. 68/23 notificado el día 29 de junio de 2023, aprobó la admisibilidad del caso de la masacre de La Pedregosa ocurrida en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca. Es importante resaltar que mediante informe No. 240/20, también admitió el caso de la masacre de la Rejoya. Los casos de las masacres de la Rejoya y la Pedregosa fueron declarados como crímenes de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2020. Estas decisiones de carácter nacional e internacional constituyen una posibilidad para el restablecimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas, familiares de las víctimas y de las comunidades campesinas de Cajibío que fueron afectadas. Principalmente, nos sirve para esclarecer los hechos de la violencia paramilitar y la responsabilidad del Estado de Colombia en el recorrido del horror, muerte y barbarie que dejó a su paso los grupos paramilitares, “Bloque Calima” y “Héroes de Ortega” de las AUC. La esperanza de justicia se tiene en la decisión que de fondo pueda proferir la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la incapacidad que tiene el Estado de Colombia de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.