El 24 de mayo de 2024, la Corte Constitucional de Colombia seleccionó un expediente de tutela que concierne al despojo de tierras sufrido por la comunidad indígena de San José de Julumito, asentada en zona rural de la ciudad de Popayán. Este paso marca un hito significativo para la comunidad, que ha librado una prolongada batalla legal por el reconocimiento de sus derechos territoriales a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Se espera que el pronunciamiento judicial garantice por fin el restablecimiento de sus derechos territoriales y evite el exterminio del pueblo indígena de los Julumitos.
Simultáneamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado curso a una solicitud de medida cautelar en favor de la comunidad, reconociendo la gravedad de la situación y los riesgos que enfrentan. La CIDH ha solicitado al Gobierno Colombiano información detallada sobre los procesos penales relacionados con el despojo de tierras, las amenazas y las agresiones sufridas por los lideres indígenas y las medidas de protección que se están adelantando a favor de la comunidad . Esta solicitud de protección abarca tanto el despojo perpetrado por ASOINCA-PROVITEC- Asociación de Institutores del Cauca y su empresa inmobiliaria- como los actos de violencia cometidos por grupos armados ilegales como el ELN, además de funcionarios de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Desde 2015, la comunidad de San José de Julumito ha enfrentado múltiples actos de violencia y hostigamiento. Omar Edilberto Melo Bravo y Fernando Vargas quien fuera representante legal de ASOINCA-PROVITEC, engañaron a la comunidad permitiendo la ocupación del predio Limonar-Balcones con la falsa promesa de destinar el terreno para constituir el resguardo indígena de San José de Julumito. Sin embargo, en 2023, la empresa despojó definitivamente a la comunidad para construir casas de recreo para sus socios, sacrificando así los derechos territoriales de la comunidad indígena de San José de Julumito de manera injusta y violenta
La comunidad ha sido objeto de intimidación a través de señalamientos y acusaciones falsas. El ELN ha declarado objetivo militar a todos los miembros del cabildo indígena, así como a destacados líderes indígenas y civiles en la ciudad. Miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) han realizado detenciones arbitrarias de líderes comunitarios, forzándolos a subir a vehículos de esquemas de protección y sometiéndolos a extensos interrogatorios. Además, se han hecho llamadas a lideresas del cabildo indígena ofreciéndoles dinero y propiedades dentro del predio Limonar-Balcones a cambio de que entreguen a los líderes indígenas de la comunidad y colaboren con la empresa ASOINCA-PROVITEC.
En abril y mayo de 2024, el gobernador indígena Pedro Ángel Casamachín sufrió incursiones armadas que lo obligaron a desplazarse. Además, miembros del cabildo y la abogada y periodista Sofía López, quien acompaña a la comunidad, hemos sido constantemente hostigados, seguidos y fotografiados en nuestras residencias por individuos en motocicletas sin placas y vehículos de empresas contratistas de la UNP. Estos incidentes han sido denunciados por la comunidad indígena en diversas instancias judiciales donde se conoce del caso.
La comunidad indígena exigió a ASOINCA-PROVITEC que detenga de inmediato cualquier acción de despojo y las actividades de construcción de casas de recreo en el predio Limonar-Balcones, en tanto la justicia resuelve el litigio territorial. Asimismo, solicitó a la Unidad Nacional de Protección que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre los funcionarios de las empresas contratistas que están amenazando y hostigando a la comunidad y a la abogada Sofía López. La comunidad también hizo un llamado a los docentes asociados al gremio empresarial de ASOINCA-PROVITEC para que cesen las prácticas racistas contra su pueblo y se abstengan de fomentar el despojo mediante la adquisición ilegal de los predios Limonar-Balcones.
La Comunidad Indígena de San José de Julumito invitó a la directiva sindical de ASOINCA a participar en un proceso de diálogo constructivo que permita encontrar soluciones conjuntas para la restitución de sus derechos territoriales.
La comunidad de San José de Julumito pertenece al pueblo Pubenense, una civilización que habitó el suroccidente de Colombia, que se caracterizó por su avanzada organización social, económica y política. A lo largo de los siglos, han enfrentado disputas por tierras con la Iglesia Católica y han luchado incansablemente por la reivindicación de su territorio ancestral. Desde 1924, han llevado a cabo batallas legales para obtener el reconocimiento de sus derechos territoriales, obteniendo recientemente un fallo favorable de la sala civil del Tribunal Superior de Popayán que ordenó la restitución de predios comunales reclamados por la Iglesia Católica.
Es inconcebible que hoy los encargados de la educación de niños y jóvenes en el departamento del Cauca estén inmersos en prácticas de despojo territorial y racismo. Esperamos que el pronunciamiento de la Corte Constitucional resuelva el conflicto territorial y evite el exterminio de los últimos Pubenenses que existen en la ciudad, así mismo que sea un precedente para erradicar practicas del racismo estructural en contra de nuestros pueblos indígenas.