El proyecto minero Quebradona ha sido presentado como una gran oportunidad de desarrollo para la región del Suroeste antioqueño. Sin embargo, colectivos ambientales, organizaciones sociales y expertos han levantado una fuerte oposición, alertando sobre los impactos ambientales, sociales y económicos que podría generar.
La multinacional AngloGold Ashanti, con respaldo gubernamental, ha promovido la viabilidad del proyecto mediante estrategias mediáticas. No obstante, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tenía en sus manos la decisión clave: aprobar, archivar o negar la licencia ambiental. El 25 de octubre de 2021, mediante el Auto No. 09023, la ANLA ordenó el archivo del trámite administrativo de evaluación de licencia ambiental, señalando falencias en la definición del área de influencia y en la caracterización hidrogeológica, hidrológica y biótica, así como en la planificación de los relaves y la subsidencia. El archivo de la licencia le permite a la empresa volver a presentar una nueva solicitud, dejando en el mismo riesgo ambiental a las comunidades afectadas por el proyecto.
Más allá de los argumentos económicos a favor de la minería, la región afectada posee un valor ambiental incalculable. Las montañas andinas de Colombia son territorios estratégicos para la conservación de la biodiversidad, vitales en el contexto de la crisis climática. Además, Jericó y Támesis han construido una tradición agrícola y turística que contrasta con el modelo extractivista propuesto por la multinacional.
El proyecto impactaría gravemente a la Provincia Cartama, conformada por once municipios. Aunque AngloGold Ashanti afirma que su operación se limitará a Jericó, los efectos ambientales y sociales traspasarán las fronteras municipales. Se estima que la explotación minera implicaría la remoción de 130 millones de toneladas de roca en 21 años, con impactos irreversibles en la economía cafetera y campesina, el equilibrio hídrico y la estabilidad social. Especialmente preocupante es la exclusión de Támesis del estudio de impacto ambiental, a pesar de su cercanía con la zona de extracción y su vulnerabilidad por la presencia de reservas naturales y el resguardo indígena Embera Chamí.
Además de los riesgos ecológicos y económicos, la minería puede agravar la violencia y el conflicto armado en la región. En zonas con institucionalidad frágil, la llegada de grandes proyectos extractivos ha facilitado la expansión de actores ilegales y el despojo de tierras. Mientras la multinacional busca avanzar, las comunidades exigen un modelo de desarrollo que respete su autonomía y su forma de vida.
Durante más de 14 años, la comunidad ha recurrido a estrategias jurídicas e institucionales para defender su territorio, enfrentándose a decisiones que restringen su autodeterminación. En 2017, los concejos municipales de Jericó y Támesis aprobaron acuerdos para prohibir la megaminería, pero el Tribunal Administrativo de Antioquia los anuló, alegando que las entidades territoriales no tienen competencia para decidir sobre la explotación de recursos del subsuelo.
En 2018, Jericó intentó modificar su Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) para excluir la minería de metales. Sin embargo, el entonces alcalde denunció presiones del Gobierno Nacional para impedir su aprobación. Ese mismo año, la comunidad consideró la consulta popular como herramienta para decidir sobre la minería, pero la Corte Constitucional restringió su alcance, impidiendo su utilización para prohibir actividades extractivas.
A pesar de los obstáculos, la comunidad sigue resistiendo. Manifestaciones, marchas y eventos como los “Abrazos a la Montaña” han sido formas de reafirmar la vocación agrícola y ecológica del territorio. Sin embargo, la eliminación progresiva de mecanismos de participación ambiental plantea una grave vulneración de derechos fundamentales.
En un país donde el derecho a la participación ambiental está reconocido en la Constitución, pero su ejercicio efectivo se ve restringido, el caso de Jericó y el Suroeste antioqueño evidencia una contradicción estructural. Actualmente, los concejos municipales no pueden prohibir la minería, las consultas populares han sido declaradas ineficaces y las modificaciones a los EOT enfrentan injerencias del Gobierno Nacional.
Mientras la incertidumbre se extiende, la violencia arrecia. Monseñor Darío Monsalve lo denunció ayer 2 de abril en la red social X : “Van más de 90 asesinatos, hechos con extrema sevicia, en la hermosa y tradicionalmente pacífica región del Suroeste, Diócesis de Jericó”.
Detrás del horror, las comunidades ven un patrón. AngloGold Ashanti tiene un histórico de operar en zonas donde la violencia le allana el camino, en Colombia, en el Congo, en donde el oro brille más que la vida.
El dilema sigue en el aire: ¿en un país donde la participación ambiental está reconocida en la Constitución, pero restringida en la práctica, ¿qué queda para quienes defienden el agua y la tierra? En el Suroeste antioqueño, la lucha no es solo contra una empresa: es contra un modelo que decide sin escuchar, que extrae sin preguntar, que promete desarrollo mientras entierra futuro.
Por: Sofía López, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad