La noche del 28 de mayo de 2021, cuando se cumplía un mes del estallido social que sacudió a Colombia, el barrio Siloé, en Cali, vivió una jornada que dejó marcas imborrables. La memoria oficial habla de saqueos, disturbios, y violencia desbordada. Lo que pocos se atreven a contar es que esa noche, en un almacén Dollarcity vacío desde el inicio del paro, jóvenes manifestantes fueron encerrados, incendiados y algunos, asesinados. Uno de ellos fue Didier Andrés Quintero, de 17 años.
El encierro
En la versión que no salió en los boletines de prensa ni en los informes oficiales, testigos relatan que policías vestidos de civil, con chalecos antibalas, ingresaron al Dollarcity de Siloé acompañados por la fuerza pública. Dentro del almacén, donde ya no quedaban productos ni señales de saqueo, fueron encerrados varios manifestantes. Afuera, los gases y los disparos. Adentro, la desesperación.
“Había humo, gritos. No era un saqueo, era una trampa”, dice un joven que logró escapar. La comunidad, al ver el fuego, rompió un muro del local comercial. Por ese hueco salieron los muchachos como pudieron: algunos con las ropas quemadas, otros arrastrándose, y varios más fueron detenidos por los mismos hombres que provocaron el incendio.
Didier: el joven barbero que quería estudiar
Didier Andrés Quintero no salió con vida. Tenía 17 años, trabajaba como barbero para ayudar a su familia y soñaba con seguir estudiando. Era alegre, entusiasta y solidario. Quienes lo conocieron recuerdan que no le gustaba la violencia, pero sí la justicia. Fue alcanzado por los hombres de civil cuando intentaba huir. Lo subieron por la fuerza a una camioneta. Horas después, su cuerpo apareció en el sector La Playa del barrio Brisas de Mayo, con siete impactos de bala y rastros de quemaduras.
“Lo mataron para sembrar terror”, dice una lideresa comunitaria. “Era un niño, no un criminal”.
La orden que incendió el país
El asesinato de Didier se inscribe en un contexto de represión sistemática contra la protesta. El 28 de abril de 2021, Colombia salió a las calles en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque Márquez. Dos días después, el expresidente Álvaro Uribe Vélez escribió un trino fatídico: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas…” La violencia se institucionalizó.
El 2 de mayo, Duque decretó la asistencia militar en las ciudades, figura que no sólo fue inconstitucional sino que dio vía libre a la militarización de la protesta. En Cali, epicentro de la resistencia, la represión fue brutal, selectiva y planificada.
El 28 de mayo, Duque y el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, estuvieron en la ciudad, avalando públicamente las operaciones. Ese mismo día, en Siloé, más de 60 personas fueron detenidas, algunas golpeadas, torturadas y trasladadas a lugares no oficiales, como el sótano de la Fiscalía. Otros fueron judicializados por terrorismo, sin pruebas.
La narrativa oficial: el silencio cómplice
La Fiscalía, en lugar de investigar los crímenes cometidos por agentes estatales, optó por ocultar. En medio de la tragedia humanitaria, la institución mantuvo una actitud de inoperancia e incluso persecución contra líderes sociales y manifestantes. El fiscal Francisco Barbosa, cercano al poder político, encabezó una gestión marcada por la cooptación institucional y la impunidad.
El asesinato de Didier Andrés Quintero no ha tenido justicia. Ni el coronel Edgar Vega Gómez ni el teniente Néstor Mancilla Gonzales, quienes lideraban los operativos ese día, han sido llamados a responder. Ninguno de los civiles armados y protegidos con chalecos antibalas ha sido identificado formalmente.
Siloé: herida abierta
El barrio Siloé fue durante el paro un bastión de dignidad popular, pero también el epicentro de la represión. Aquella noche, además de Didier, fueron asesinados Michel Aranda y Daniel Stiven Sánchez Quiceno. El Estado sembró terror para apagar el fuego de la protesta, pero el eco de sus crímenes sigue resonando.
Didier no murió en un saqueo. Fue asesinado tras ser retenido ilegalmente, quemado y ejecutado por quienes debían proteger la vida. Su caso, como el de tantos otros, sigue esperando verdad y justicia.
Porque a veces, para matar la esperanza, primero hay que prenderle fuego.
Por: Sofía López, abogada y Periodista de la Corporación Justicia & Dignidad.