La lista de lideresas continúa en Colombia, pero en el Cauca se intensifica. Y en el norte del Cauca ya es costumbre.
A Angie Leandra Henao la mataron el viernes 27 de junio de 2025 en la vereda El Silencio, municipio de Corinto, Cauca. Eran las 2:30 de la tarde. Estaba en su casa con sus tres hijos cuando llegaron hombres fuertemente armados. No preguntaron. No gritaron. Solo dispararon. En repetidas ocasiones. Frente a sus hijos. Y se fueron, como si se pudieran borrar así nomás las huellas de un crimen político.
Angie era madre, campesina, lideresa veredal e integrante activa de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Su muerte no fue un accidente ni un daño colateral: fue un mensaje. En el Cauca, ser mujer y liderar procesos comunitarios es ponerse una diana en la espalda. La tierra que se siembra también se defiende, y esa defensa molesta.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 221 lideresas sociales han sido asesinadas en Colombia. Muchas de ellas eran defensoras de la tierra, constructoras de paz, guardianas del agua, de la palabra y de la vida. Esta cifra no es una coincidencia ni una estadística: es un grito de alerta. Un mapa del miedo. Y ese mapa tiene un epicentro: el Cauca.
En el norte del departamento, se ha vuelto rutina contar lideresas asesinadas. En cada vereda, en cada consejo comunitario, hay una historia interrumpida. La violencia no distingue edades ni trayectorias. A las que más construyen, a esas son a las que buscan. Lo que está ocurriendo es un patrón de exterminio político. Las matan por lo que representan: autonomía, organización, poder desde abajo.
Los actores armados —sean disidencias, narcos o estructuras mixtas— saben que matar a una lideresa no solo elimina a una mujer. Golpean a toda la comunidad. Siembran miedo. Debilitan los procesos. Y abren espacio para el control territorial que necesitan. La muerte de Angie no es solo una tragedia. Es un síntoma de una enfermedad vieja: la indiferencia del Estado.
La ANUC, organización histórica del campesinado colombiano, ha exigido protección y garantías. También ha hecho lo que el Estado no hace: sostener la memoria, denunciar y acompañar a las familias. Pero no puede sola. Ni la ANUC, ni las comunidades, ni los movimientos de mujeres pueden cargar solas con esta guerra silenciosa.
El país no puede seguir naturalizando estos crímenes. Las mujeres campesinas no son cifras. Son columna vertebral de sus territorios. Y cada una que cae deja un hueco que no se llena con comunicados.
Angie Leandra no murió: la asesinaron. Y si no se hace justicia, el mensaje que queda es claro: en Colombia, ser mujer y liderar te puede costar la vida.
¡La vida campesina se respeta!
Por Prensa Justicia & Dignidad