Una vez más, el Cauca se estremece ante los ecos de una guerra que parece no tener fin. Esta vez, el conflicto tocó de nuevo a la población civil: siete mujeres y dos hombres, contratistas de la Gobernación del Cauca, fueron retenidos en el municipio de López de Micay por una estructura de las disidencias de las FARC. La tensión en el litoral pacífico caucano escala, dejando como siempre a la comunidad en medio del fuego cruzado y el miedo.
Según la versión del grupo armado, estas personas estaban instalando equipos de uso militar. La Gobernación, sin embargo, asegura que los funcionarios cumplían una labor humanitaria y social, acercando la oferta institucional del Estado a comunidades históricamente olvidadas. A través de un comunicado oficial, el gobierno departamental rechazó categóricamente el secuestro y lo calificó como una grave violación del Derecho Internacional Humanitario, haciendo un llamado urgente a su liberación inmediata.
“El Estado no es un enemigo, es una herramienta al servicio de la gente”, recordó el gobernador Octavio Guzmán. Pero en el Cauca, cualquier acción institucional es vista con sospecha, y el riesgo de caer en medio de la guerra lo enfrentan a diario quienes trabajan en el territorio.
¿Desde cuándo acercar el Estado a los territorios es un acto de guerra? ¿Desde cuándo llevar programas sociales convierte a una persona en objetivo militar? La línea entre la acción social y la confrontación armada ha sido borrada por el miedo, el control territorial y una lógica de guerra que todo lo contamina.
El involucramiento de la población civil en el conflicto es una grave violación del Derecho Internacional Humanitario. Los civiles no pueden ser usados como fichas en el tablero de la confrontación armada. Retenerlos, amenazarlos o desaparecerlos no es sólo un crimen: es una afrenta directa contra la vida, la dignidad y el derecho a la paz.
Colombia no puede seguir normalizando esta violencia. El Cauca no puede seguir siendo territorio de sacrificio. Cada vida cuenta. Cada servidor público retenido representa un paso atrás en el camino hacia la reconciliación.
Exigimos su liberación inmediata. Hacemos un llamado urgente a los organismos de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a la Cruz Roja, a la Procuraduría y a la comunidad internacional. La vida debe estar por encima de todo.
Libérenlos ya.
Contratistas retenidos:
Eivar Alonso Guerrero Anaya
Sergio Andrés López Gómez
Angélica María Barona
Leydi Rocío Guengue
Paola Andrea Maca Chávez
Mónica Alexandra Bambague
Manuela Caicedo Arango
María Elizabeth López
Elizabeth Yangana