En el Litoral Pacífico, el río Micay baja oscuro, lleno de secretos. En sus orillas crece la selva espesa, y también el miedo. Allá, donde solo llega el eco del Estado, donde la institucionalidad apenas si se asoma en chalupa, aparecieron nueve contratistas —siete mujeres y dos hombres— retenidos por las disidencias de las FARC. Fueron señalados de trabajar para la guerra, cuando apenas llevaban papeles, formularios y una promesa frágil de atención social.
Días después, circula un video: una de las funcionarias, rodeada por hombres armados, con voz contenida, explica que sí, que su contrato obedece a una necesidad presentada por la Fuerza Pública y gestionada por la Gobernación. ¿Y entonces? ¿Fue obligada a decirlo? ¿Está leyendo lo que le ordenaron leer? ¿Acaso se puede hablar con libertad cuando las armas están al lado? Nadie en su sano juicio puede negar que sigue secuestrada. No hay libertad si no se puede decir que no.
Pero más grave aún: si lo que dice fuera cierto, ¿por qué la Gobernación del Cauca no ha salido a desmentir, aclarar o explicar? ¿Qué clase de contrato social permite que una gobernación actúe como operador logístico de la seguridad, como si las funciones del Ministerio de Defensa se pudieran tercerizar? ¿Desde cuándo la acción estatal en el territorio puede camuflarse entre las lógicas del control militar?
De ser cierto lo que dicen los armados y lo que repite la funcionaria con la pistola muda apuntando desde fuera del encuadre, entonces estamos ante una verdad incómoda: el Estado falló. Falló porque no protegió a su gente. Porque mandó a civiles sin protección, sin claridad y sin respaldo. Porque dejó que la confusión entre labor social y operación militar volviera a poner en riesgo a los más vulnerables: los que van por encargo a la selva, a llevar formularios, talleres, vacunas, alfabetización, a dar la cara que los de corbata no dan.
Y si lo que dice la mujer en el video es mentira —dicho bajo coacción, como parece—, entonces el crimen se agrava: no solo están secuestrando, están obligando a los cautivos a justificar su secuestro. A encubrirlo. A vestirse con un uniforme que nunca fue suyo.
En cualquier caso, el derecho internacional humanitario ha sido violado. Retener civiles, usarlos como fichas en la guerra, convertirlos en voceros forzados de una narrativa armada, es un crimen. No hay contexto que lo justifique. No hay causa que lo excuse.
¿Ahora serán objetivo militar todos los funcionarios públicos? ¿Ahora cualquier promotor social o técnico en salud comunitaria podrá ser acusado de espía, de infiltrado, de enemigo?
Si se normaliza que simples contratistas —muchos de ellos mujeres, madres cabeza de hogar, jóvenes profesionales— sean convertidos en botín de guerra, entonces estamos enterrando cualquier posibilidad de que el Estado llegue a la Colombia profunda. Porque ¿quién va a querer trabajar allá si ya le están poniendo una lápida en el cuello antes de salir?
La guerra se degrada cuando no hay reglas. Y si el Estado es incapaz de diferenciar su función social de la militar, también es responsable. Pero esa culpa no la deben pagar los de abajo.
Libérenlos ya.
No degraden más esta guerra.
No vuelvan trinchera lo que debería ser esperanza.
Por Prensa Justicia & Dignidad