Raquel Sena recuerda el instante en que la guerra le partió la vida. Iban por la carretera del Urabá, en una de esas tardes de calor pegajoso, cuando los paramilitares los detuvieron. A ella la bajaron de un empujón. A su esposo —jornalero en una finca de Banadex, filial de Chiquita Brands— lo asesinaron delante de sus ojos por no querer vender su tierra. «No sabía qué hacer… iba a llorar… tenía que mantener a mis ocho hijos», diría años después con la voz quebrada y la mirada intacta de dignidad.
Raquel quedó viuda, con una pensión escasa, sola en una región donde los muertos se entierran rápido y el miedo nunca se va. Hoy, vive aún en las entrañas bananeras del norte, donde todo comenzó, esperando que la justicia no sea solo palabra. Su historia es una de muchas: vidas cortadas por las balas que otros pagaron con transferencias.
En esas tierras calientes y feroces del Urabá antioqueño, donde el río fluye espeso y los machetes cortan más que monte, hubo un tiempo —no tan lejano— en que la vida valía menos que una caja de banano. Allí, en medio de la humedad, los jornaleros cargaban al hombro no solo los racimos que alimentaban los anaqueles del norte, sino el miedo: a los patronos, a los soldados, a los paras.
Era un secreto a voces: Banadex, la filial de Chiquita Brands, tenía un pacto no escrito con los señores del fusil. No era amor al arte, era por “seguridad”. Seguridad de las fincas, del negocio, del orden de sangre que reinaba. Hoy, veinte años después, la justicia —esa mula terca y coja— ha dicho que sí, que esos pagos existieron y que los directivos sabían.
El Juzgado Sexto Penal Especializado de Antioquia condenó a siete de ellos: Reinaldo Elías Escobar, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Buitrago y Fuad Giacoman. Todos con corbata fina y manos limpias, pero con las uñas embarradas en la sangre del Urabá.
Once años y tres meses de condena. Trece mil millones de pesos de multa. Y sin embargo, nada repara los cuerpos que enterraron en los patios bananeros, ni las lágrimas de las mujeres que aún recuerdan cuando el Bloque Bananero, bajo el mando de “Pedro Bonito” Hasbún, les sacó a los hijos de las casas para no volver.
Fueron más de cien pagos, dijeron los togados. Dinero que entró en sobres, en cajas, disfrazado de “colaboraciones” a las Convivir —ese experimento de legalización del paramilitarismo que fue parido por el Estado. Chiquita, según el fallo, supo. Banadex autorizó. Y la matriz en Cincinnati, Ohio, miró para otro lado mientras llegaban los dólares.
En Florida, también les cobraron la cuenta. Un jurado federal falló que la excusa del “pago por amenaza” no aguanta análisis. La empresa deberá pagar 38 millones de dólares a víctimas y familiares. Y aunque los abogados digan que apelarán, las palabras ya están dichas, el velo corrido.
En los campos del Magdalena y del Urabá, las viudas quizás hoy tomen tinto sin tanto temblor. Tal vez, por primera vez en décadas, puedan decir: “No estábamos locas. No estábamos solas”.
Porque la verdad, aunque venga con retraso, cuando llega —como el banano maduro— huele fuerte. Y no se puede esconder.
Por Prensa Justicia & Dignidad