La escena era siempre parecida: un retén del Ejército a la entrada del pueblo, unos soldados con listas en la mano, una camioneta blanca sin placas y el helicóptero de fondo rompiendo la calma de los cafetales. A las seis de la mañana, cuando la gente apenas ponía a calentar el agua para el tinto, ya había media vereda detenida. Al que no se lo llevaban era porque no tenía cédula o porque el camuflado se confundía con la ruana.
A eso le decían las pescas milagrosas. Y vaya milagro: aparecían guerrilleros por montones en cada inspección, hasta en las novenas de aguinaldos. En Cajibío, en Corinto, en San Vicente del Caguán, en La Uribe, Meta… hasta el cura del pueblo cayó. Le dijeron que por rebelión. A él, que lo único que tenía de insurgente era el sermón del domingo. Pero en esos tiempos todo el que no aplaudiera era sospechoso, y todo sospechoso era, por ley presidencial, “objetivo legítimo”.
Le llamaron Seguridad Democrática, pero eso tenía de democrático lo que el diablo de santo. El decreto 1837 de conmoción interior fue el mandamiento de guerra del gobierno Uribe: sin orden judicial, sin pruebas, sin nombres verdaderos. Bastaba una lista —muchas veces anónima, otras pagada con plata caliente— para que el Estado entrara con tanquetas a imponer justicia a bala y a esposas.
Entre 2002 y 2004, más de 6.300 personas fueron detenidas arbitrariamente, muchas de ellas luego liberadas sin cargos. Pero ya habían perdido el empleo, el miedo les había dañado la salud y los rumores los habían condenado en la plaza. ¿Y qué? El objetivo era mostrar resultados, dar cifras, llenar estadios con detenidos como si fueran goles de una campaña triunfal.
Uribe no necesitaba pruebas, le bastaban las convicciones. La Fiscalía y los jueces eran adorno. La inteligencia militar era palabra sagrada, y el que dudara era, sin más, un traidor. Así se judicializó la política y se politizó la justicia. Así nació la doctrina del enemigo interno, del “todo vale si es por la patria”. Y así se degradó el derecho penal hasta convertirlo en fusil.
Mientras tanto, las víctimas de esa justicia amañada siguen esperando que alguien les pida perdón. Pero no, en lugar de eso, hoy los uribistas lloran por los rincones porque al patrón le tocó sentarse en el banquillo. Que pobrecito. Que lo interceptaron. Que le tenían trampa. Que esto es un montaje.
Ahora resulta que la justicia, esa misma que durante años fue su mejor arma, ahora es su verdugo. Y no falta quien diga que es una persecución política. ¡Qué ironía! El tipo que convirtió la Fiscalía en oficina de guerra, que usó los estrados como trincheras y los micrófonos como fusiles, ahora llora porque le abrieron un proceso. No por ideas, ojo. Por fraude procesal y soborno a testigos. Es decir: por hacer trampa.
Es que no es fácil ver al emperador sin toga. Pero la ley —esa que tantas veces violó con discursos de orden— finalmente lo alcanzó. No por todas las fosas comunes, ni por los falsos positivos, ni por los centenares de líderes asesinados tras sus estigmatizaciones. Lo están juzgando por manipular testigos. Y aun así, lloran, cansan, con los medios de comunicación de derecha que tienen a su servicio, con sus absurdas ideas como las de Paloma Valencia, que sin ser sujeto procesal le pide a la Corte Suprema pruebas, metiendo tutelas improcedentes para suspender la detención domiciliaria —aunque la tutela no procede si hay recurso judicial, y el recurso es la apelación—. Ahora hacen trampa con un habeas corpus, buscando qué juez torcido les hace el milagro de liberar al patrón, obviamente a cambio de algo más que gratitud patriótica.
Y mientras tanto, llorando y diciendo bobadas. Los mismos medios que antes celebraban las pescas milagrosas, ahora perfilan a la jueza. Los uribistas más radicales la amenazan, y lo más horroroso: las mujeres uribistas en redes han llegado al punto de pedir que empalen a la jueza. Expuesta, como tantas otras mujeres en este país, a la violencia política, judicial y sexual que el uribismo ha sembrado con eficiencia de maquinaria.
Pero ojo: no son angelitos. No hay que bajar la guardia. El uribismo no se rinde, se reagrupa. Y tiene brazo armado. Ya sabemos de lo que son capaces cuando se sienten acorralados. Tienen medios, fiscales, generales, clanes… y si hace falta, paras. No van a dejar que la justicia avance sin dar pelea.
Porque esta vez no es solo una sentencia. Es el símbolo de que nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el caudillo.
Por Prensa Justicia & Dignidad