A Ruhal Martinez lo mataron por negarse. Por decir que no. No se prestaba para instrumentalizar a su comunidad. No aceptaba que la guerrilla usara a los campesinos como carne de cañón para sacar al Ejército de la zona. No toleraba que usaran la dignidad del pueblo para encubrir una estrategia de guerra. Por eso lo mataron.
El miércoles 6 de agosto, al amanecer, Ruhal se movilizaba en moto por la vereda El Descanso, zona rural de Jamundí. Dos hombres armados, también en moto, lo interceptaron y le dispararon sin darle oportunidad. Su cuerpo quedó tendido en el camino, cubierto por una sombrilla colocada por los vecinos para protegerlo del sol. Fue una escena desgarradora: silencio, rabia, impotencia.
Ruhal era presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Villa Colombia. Llevaba más de 25 años dedicado a su comunidad. Era un líder respetado, terco, justo. Sabía que la violencia no es un disfraz, y que la paz no se impone con fusiles. Por eso no se dejó doblegar. Denunció que querían usar a la gente para expulsar a la Fuerza Pública, con el mismo libreto que han intentado aplicar en el Cañón del Micay: aparentar movilización social cuando en realidad es una operación armada para el control territorial.
Ruhal sabía que ese guion no venía del pueblo. Venía de estructuras armadas que, aunque se autodenominan disidencias de las FARC, ya no tienen proyecto político de izquierda. Hoy responden a otros intereses. Están al servicio de una agenda contrainsurgente. No combaten al Estado: lo sabotean. No luchan por el pueblo: lo instrumentalizan. Y en esa lógica, ejercen el papel de brazo armado del uribismo. Esa es la verdad incómoda que muchos no se atreven a decir.
No es una hipótesis ni una metáfora. Es una constatación política. Las disidencias del Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, actúan como fuerza de choque contra el gobierno de Gustavo Petro. Sabotean los intentos de paz, asesinan líderes sociales que defienden la institucionalidad democrática y generan miedo en las comunidades que no se subordinan. Le están haciendo el trabajo sucio a quienes desde hace décadas han impulsado la guerra para sostener sus privilegios. No hay diferencia entre los paramilitares de ayer y estas estructuras armadas de hoy. Ambas eliminan lo que estorba a sus planes.
Hace un año, asesinaron a Yeri Edwin Gaitán, también presidente de esta misma JAC. Tras su muerte, el 90 % de sus integrantes renunció. Hoy, con la muerte de Raúl, el mensaje es el mismo: o se someten, o los matan. Esa es la democracia que ofrecen los que se visten de insurgencia pero obedecen al uribismo.
Ruhal no tenía escoltas. Tenía dignidad. No quería que su comunidad fuera campo de batalla. No aceptó que la violencia volviera con otro nombre. Su liderazgo era incómodo porque era libre. Lo mataron por eso.
Y lo hicieron sabiendo que la noticia pasaría rápido, que no habría grandes titulares, que nadie sería capturado. Así se construye el silencio: a balazos y con impunidad. Pero este crimen no puede pasar como uno más. Porque no mataron solo a un hombre. Asesinaron una posición ética, una verdad, una resistencia.
Ruhal Martinez debería estar hoy planeando la próxima asamblea con su gente. En vez de eso, sus vecinos lo despidieron con rabia y tristeza, con la certeza de que lo mataron los mismos de siempre, solo que ahora con otro uniforme. Las disidencias de las FARC, hoy, son el brazo armado del uribismo en los territorios. Y el país tiene que empezar a decirlo sin miedo.
Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo