En Colombia, donde la política parece escrita por libretistas de narconovelas, los delirios de grandeza no sorprenden a nadie. Pero hay casos que rebasan el absurdo. Tal es el de María Fernanda Cabal, senadora de extrema derecha, que con un prontuario digno de un expediente judicial y no de una hoja de vida, insiste en posicionarse como la próxima presidenta de la República. La primera mujer presidenta, según su discurso, como si el género bastara para limpiar la corrupción de una trayectoria plagada de sombras.
Cabal no solo ha sido una defensora rabiosa del uribismo y de cuanto proyecto antiderechos se le atraviesa. También carga a cuestas una serie de escándalos que harían sonrojar al mismísimo Pablo Escobar si siguiera vivo. Lo más reciente tiene nombre propio: Riopaila Castilla, una de las empresas insignia del poder agroindustrial vallecaucano, donde su familia tiene no solo acciones, sino cargos directivos. El pasado 20 de enero, en Santa Rosalía, Vichada, las autoridades incautaron 500 kilos de cocaína escondidos bajo paquetes de melaza propiedad de Riopaila y Castilla Agrícola. Las etiquetas eran claras, la evidencia contundente, el video de la incautación fue difundido por la Policía Nacional. Nadie pudo negarlo.
Pero lo escandaloso no termina ahí. Santiago Cabal González, primo de la senadora; Rafael González Ulloa, su cuñado; y María Teresa de Cabal, hermana del cuñado, ocupan altos cargos en el grupo empresarial. Familiares directos, implicados en una estructura empresarial que aparece vinculada al narcotráfico. Y como si eso no bastara, la misma empresa está bajo sospecha de haber financiado su campaña al Congreso con 26 millones de pesos. Todo muy conveniente, todo muy bien empaquetado.
Como si esta historia necesitara más ingredientes, otro frente de fuego se abre en el Valle del Cauca, donde los ingenios Pichichí y Providencia, también vinculados a la familia Cabal y al poderoso Grupo Ardila Lule, fueron denunciados por la Agencia Nacional de Tierras por ocupar ilegalmente más de 2.000 hectáreas de baldíos que pertenecen al Estado. Baldíos que, según la Constitución, deben destinarse al campesinado sin tierra. Pero aquí, como siempre, el derecho se tuerce cuando el apellido pesa más que la ley.
En cualquier democracia con algo de vergüenza, estos hechos bastarían para desatar una investigación exhaustiva, la renuncia inmediata y el retiro total de la vida pública. Pero en Colombia, Cabal no solo sigue en el Congreso. También sigue en campaña. Mientras las mujeres rurales son desplazadas, mientras las lideresas sociales son asesinadas, ella se presenta como la salvadora de la patria. Una patriota con finca, cañaduzal, avión privado y melaza de exportación.
La pregunta que nos hacemos muchos no es si ella sabía o no. Esa es una pregunta inocente. La verdadera pregunta es cuánta impunidad necesita una persona para creerse presidenciable con semejante lastre sobre los hombros. Porque ni el machismo estructural, ni la falta de referentes femeninos en el poder, ni el oportunismo político justifican que una figura pública con tantos indicios de corrupción, vínculos familiares con redes ilícitas y antecedentes de acaparamiento de tierras, se postule al cargo más alto del país sin que tiemble la institucionalidad.
Mientras tanto, los medios tradicionales miran hacia otro lado, las élites se acomodan en silencio, y buena parte de la ciudadanía sigue desinformada o anestesiada. Cabal sonríe ante las cámaras, lanza frases para la galería y sueña con llegar a la Casa de Nariño. Quizás no sabe que los tronos construidos sobre delitos terminan convertidos en tribunales.
María Fernanda Cabal no representa una nueva era para Colombia. Representa lo peor de la vieja política: la que mezcla poder, narcotráfico y familia como si fueran parte del mismo desayuno. La historia dirá si algún día enfrentará la justicia. Por ahora, su delirante aspiración presidencial solo demuestra que en este país, el cinismo es más grande que el cañaduzal.
Por Prensa Justicia & Dignidad