En Colombia hay nombres que duelen, que pesan como piedras en la memoria: David Ravelo es uno de ellos.
Dirigente comunal, defensor de derechos humanos, sobreviviente de la Unión Patriótica y testigo de la masacre de Barrancabermeja en 1988. Llevaba décadas denunciando la alianza entre Estado, paramilitares y empresas en el Magdalena Medio, cuando la justicia —la de toga y fusil— decidió convertirlo en enemigo.
Lo condenaron en 2012 por un crimen que no cometió, con un testimonio falso y gracias a William Gildardo Pacheco, un fiscal de la Unidad Antiterrorista manchado de sangre.
El testimonio clave fue el de alias El Panadero, un exparamilitar condenado que hoy enfrenta juicio por falso testimonio. La misma “prueba” fue usada contra el excongresista Arístides Andrade, quien ya fue absuelto por la Corte Suprema. David aún espera lo mismo. Aunque fue liberado por la Jurisdicción Especial para la Paz, su nombre sigue manchado. Su dignidad, sin reparación.
¿Y quién fue el fiscal que elaboró el montaje contra David? William Gildardo Pacheco Granados, el mismo que buscó su condena, había sido subteniente de Policía en Armenia y fue destituido e inhabilitado en 1993 por la desaparición forzada de un joven, Guillermo Hurtado Parra, testigo de otro crimen policial. Pacheco fue capturado por ese caso en 2019, años después de haber actuado como fiscal, cuando acusó e hizo condenar a David Ravelo sin legitimidad ni ética.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, esto no fue una excepción. Fue doctrina. La “Seguridad Democrática” no solo militarizó los territorios: judicializó la oposición. Convertir al contradictor en criminal fue parte de la estrategia. Si eras líder sindical, defensor de derechos humanos, estudiante, periodista o campesino, eras objetivo. No importaba la verdad. Importaba el silencio. Un líder condenado por un montaje judicial implicaba desestructurar el movimiento social, sembrar miedo. Y sí: lo lograron.
Y hoy, cuando la historia toca a las puertas del poder, el uribismo vuelve a hacer lo que mejor sabe: invertir los roles, fingir que son las víctimas, llorar por las garantías que ellos mismos negaron por décadas.
Álvaro Uribe Vélez, primer expresidente condenado en Colombia, no por razones políticas, sino por delitos concretos: soborno y fraude procesal. Manipuló testigos. Intentó torcer la justicia. Tuvo todas las garantías que jamás ofreció a otros. Aun así, ahora anuncian “giras internacionales” para denunciar “persecución”. ¿La solución? Ir a Washington, a Miami, donde el expresidente tejió sus redes de poder durante el gobierno de Trump. Gritan dictadura mientras preparan el relato para una intervención exterior.
¿Y David Ravelo? Sigue esperando. Justicia. Verdad. Y que, al menos, se diga claro: en Colombia, durante años, se condenó a inocentes para proteger a los verdaderos criminales.
Por Prensa Justicia & Dignidad