Ecuador vive nuevamente días de tensión. Las carreteras bloqueadas, las comunidades movilizadas y el eco de los tambores indígenas retumban desde la Amazonía hasta los Andes. La chispa fue la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Daniel Noboa, una medida que disparó el precio del galón de combustible de 1,80 a 2,80 dólares. En un país donde gran parte de la economía depende del transporte, la agricultura y la pesca, la decisión se sintió como un golpe al corazón de los sectores más pobres.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) lidera el paro nacional. A ella se suman organizaciones campesinas, transportistas, ambientalistas y estudiantes. Juntos exigen no solo la restitución del subsidio, sino también una reducción del IVA, respeto a la consulta previa, freno a la expansión minera y garantías para los derechos humanos de los manifestantes. Su mensaje es claro: “no se puede hacer pagar la crisis a quienes menos tienen”.
En las calles, las protestas han dejado ya un saldo doloroso. El joven Efraín Fuerez, indígena kichwa de Imbabura, fue asesinado por impacto de bala durante una represión policial. Más de un centenar de personas han sido detenidas y decenas resultaron heridas, incluidos varios uniformados. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, alertan sobre uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violaciones al derecho a la protesta.
La respuesta del gobierno ha sido declarar estado de emergencia en al menos doce provincias, militarizar zonas rurales y acusar a los manifestantes de estar infiltrados por el crimen organizado. Noboa defiende su decisión como una “medida necesaria” para reducir el déficit fiscal y evitar el contrabando de combustibles hacia países vecinos. Sin embargo, la estrategia de represión y criminalización solo ha avivado el fuego de la indignación popular.
En Quito, Cuenca, Imbabura, Cotopaxi, Pastaza y Sucumbíos, las comunidades resisten pese al despliegue militar. Los caminos se llenan de mujeres con wiphalas, jóvenes con carteles, ancianos que rezan. No protestan solo por el diésel: reclaman por un modelo económico que los excluye, por la soberanía alimentaria, por la dignidad.
Desde 2019, cuando Lenín Moreno enfrentó una revuelta similar, Ecuador no vivía una ola de movilización de esta magnitud. Hoy el país parece repetir su historia: un gobierno que ajusta desde arriba y un pueblo que responde desde abajo. Pero, como siempre, el costo lo pagan los mismos: los de las montañas, los del campo, los del río.
Mientras el gobierno insiste en el diálogo condicionado, las comunidades repiten una consigna ancestral: “¡La lucha sigue, porque la vida no se negocia!”
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo