En Colombia la historia no pasa: se recicla con corbata.
Hoy, el Congreso está presidido por Efraín Cepeda, un veterano conservador que lleva más de tres décadas sentado en el Capitolio, mientras las víctimas siguen esperando verdad y reparación por los pactos que amarraron la política con la guerra.
En octubre de 2025, el exsenador Álvaro Ashton, uno de los hombres que conoció el poder desde dentro, rompió su silencio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dijo lo que el país sabía, pero no quería escuchar: que en las regiones el poder no se ganaba en las urnas, sino en los cuarteles de los paramilitares. Que los jefes del Bloque Norte de las AUC no solo desplazaban y asesinaban campesinos, sino que también financiaban campañas, movían contratos y decidían quién podía gobernar.
En su testimonio, Ashton mencionó a políticos y empresarios. Entre ellos, al hoy presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Habló de “acuerdos” y “acercamientos políticos” en municipios bajo control paramilitar. Cepeda, por su parte, niega los vínculos. No ha sido condenado, pero las palabras de Ashton nos recuerdan que la parapolítica sigue vigente y preside el Congreso. La noche oscura del paramilitarismo no ha terminado aún.
Años atrás, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso lo había dicho con la frialdad de quien confiesa un secreto público: “El 35 por ciento del Congreso colombiano subió gracias al paramilitarismo.”
Y mientras las cifras se volvían nombres, el país conoció la palabra parapolítica: congresistas, gobernadores, alcaldes, empresarios. La lista fue larga. Y dolorosa.
El Partido Conservador, del cual Cepeda es figura histórica, tuvo varios de sus senadores condenados por vínculos con las AUC. No fueron los únicos, pero sí parte del engranaje que permitió que la guerra tuviera rostro institucional.
El Bloque Norte, bajo el mando de “Jorge 40” —con quien se ha vinculado a Cepeda en versiones ante la JEP—, extendió su dominio desde La Guajira hasta el Magdalena. En sus zonas de influencia, los candidatos que no se alineaban eran amenazados o desaparecidos. Los líderes sociales eran marcados como “enemigos” y las comunidades votaban bajo la sombra de un fusil.
Miles de víctimas aún buscan a sus desaparecidos. En esos mismos territorios, la maquinaria política siguió viva, reciclada, ahora vestida de legalidad.
Efraín Cepeda entró al Congreso a comienzos de los años noventa y desde entonces no ha salido. Ha sido presidente del Senado en varias ocasiones. Un político hábil, curtido en los pactos, sobreviviente de todos los cambios de gobierno. Representa a una clase dirigente que aprendió a navegar entre las ruinas del país y a mantenerse en el poder mientras otros pagaban los costos de la guerra.
Hoy, cuando Ashton habla ante la JEP y menciona los nombres de siempre, las víctimas sienten que el eco vuelve.
“Nosotras sabíamos quién mandaba en los pueblos”, dice una mujer desplazada del Cesar. “Solo que nadie quería escucharlo.”
En sus palabras no hay venganza, sino cansancio: el cansancio de ver que los nombres del pasado se repiten en los cargos del presente.
No hay condena, pero hay memoria.
Y en la memoria del Caribe colombiano, los jefes paramilitares y los caciques políticos fueron parte de la misma estructura: una que mató, despojó y gobernó a punta de miedo.
Por eso, cuando hoy un hombre de ese linaje ocupa la presidencia del Congreso, las víctimas sienten que la historia se burla.
Que el país no aprendió.
Que el horror, si no se nombra, regresa.
Y regresa en forma de parapolítico como presidente del Senado. Qué vergüenza.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo