Circula por los teléfonos del Cauca un video que quisiéramos no haber visto nunca. Ocho jóvenes indígenas acceden carnalmente a una mujer indígena. La escena ocurre en medio del monte: hay árboles, piedras, risas de ellos, llanto de ella. La sostienen, le tapan la boca, la desnudan. Nadie detiene la barbarie. Nadie interrumpe el horror.
En esa imagen —que se repite y se reenvía como una herida— está condensada una tragedia que el país se ha negado a mirar de frente: la violencia sexual que padecen mujeres y niñas indígenas en los territorios, amparada por un silencio cómplice, por sistemas de justicia que miran hacia otro lado, por el miedo y por la impunidad.
Se rumorea que ocurrió en una comunidad indígena, pero aún no hay certeza del lugar. Lo que sí hay es una certeza absoluta: una mujer fue violentada, humillada, rota. Y el Estado debe protegerla. Urge atención médica, psicológica, jurídica. Urge que se respete su dignidad, que no sea revictimizada, que no la callen, que no la culpen.
Los responsables deben estar tras las rejas. Ninguna jurisdicción, ni indígena ni ordinaria, puede ser excusa para la impunidad. En demasiadas ocasiones, la justicia indígena ha sido indulgente con los agresores sexuales, invocando la “armonía comunitaria” mientras el cuerpo de las mujeres queda deshecho, y la justicia ordinaria tampoco ofrece refugio: ahí también reina el olvido, la lentitud, la burla a las víctimas.
No hay cultura, costumbre ni territorio que justifique una violación.
No hay fuero que autorice el silencio.
No hay autonomía que valga más que la vida y la dignidad de una mujer.
Que esto no vuelva a pasar.
No en el Cauca, no en Colombia, no en ningún rincón del mundo.
Porque callar ante esta infamia es repetirla.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo