En las montañas de Ituango, Antioquia, el viento parece arrastrar todavía los lamentos de aquel 22 de octubre de 1997. Casas calcinadas, trochas vacías y cuerpos enterrados en fosas improvisadas recuerdan que allí no hubo guerra justa ni enfrentamiento inevitable. Lo que hubo fue terror planificado, y un Estado ausente que, según testimonios recientes, miraba para otro lado.
Durante nueve días, del 22 al 31 de octubre, ciento cincuenta hombres armados descendieron por las montañas con listas de nombres y direcciones. Quemaron casas, robaron ganado, violaron mujeres y degollaron a campesinos señalados de colaborar con la guerrilla. Sobre sus cabezas, un helicóptero del gobierno departamental sobrevolaba como un testigo silencioso, una especie de firma aérea de la complicidad. La población civil fue despojada de todo: tierra, animales, memoria. Más de mil personas se desplazaron y muchas no regresaron nunca.
Lo ocurrido no cayó del cielo. La Gobernación de Antioquia, dirigida por Álvaro Uribe Vélez entre 1995 y 1997, conocía la amenaza. Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno, recibió alertas directas de Carlos Castaño sobre la inminencia de la masacre. El Ejército también tenía información de inteligencia. Aun así, no se activó ninguna medida de protección. Por el contrario, el gobierno promovió las Convivir, asociaciones civiles que en teoría velaban por la seguridad de los campesinos, pero en la práctica sirvieron de fachada legal para el paramilitarismo.
Los testimonios de los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio ante la JEP en febrero de 2025 confirmaron lo que muchos ya sospechaban: la Gobernación sabía, apoyó logística, transporte y comida para los paramilitares. La muerte de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos que denunció la alianza entre Estado y grupos armados, se decidió en reuniones donde funcionarios del gobierno tenían voz. La impunidad no fue accidente; fue estrategia.
Uribe, que años después insistió en que promovía la “neutralidad activa”, no fue un espectador inocente. Su administración impulsó políticas que facilitaron la violencia y recibió alertas que ignoró. El sobrevuelo del helicóptero sobre El Aro mientras la gente moría es un símbolo perfecto de una neutralidad que era, en realidad, complicidad.
El 4 de febrero de 2015, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín compulsó copias de los expedientes relacionados con la masacre de El Aro para que se investigara penalmente al entonces senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué significa compulsa de copias? Es un mecanismo judicial mediante el cual un tribunal envía copias de un expediente o pruebas a otra autoridad para que continúe la investigación o se inicie un proceso penal. Es decir, los tribunales consideran que hay indicios suficientes para que se evalúe formalmente la responsabilidad de alguien, sin que eso implique una condena inmediata.
Veintiocho años después, el río Cauca sigue turbio, como si arrastrara no solo piedras y aguas, sino también la memoria de los que fueron asesinados y la sombra de quienes permitieron que el horror se consumara. La masacre de El Aro es la herida que no cicatriza, la historia que el Estado quiere enterrar y la memoria que insiste en no morir.
Porque en Ituango, como en tantos otros lugares, la línea entre poder político y paramilitarismo nunca fue difusa: fue un vaso comunicante que dejó cuerpos, despojo y un reclamo de justicia que sigue sin respuesta.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo