La noticia llegó como suelen llegar en Colombia: primero un rumor, luego una llamada entrecortada, después el silencio.
Angie Pahola Tobar Carpa, estudiante de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional, sede Medellín, había aprovechado las vacaciones de mitad de año para volver a su casa, en Guachucal, Nariño. Llevaba en su bolso apuntes, proyectos y la ilusión de regresar a clases el lunes siguiente. No alcanzó a hacerlo.
El 27 de agosto de 2025, cuando viajaba de regreso a Medellín junto a Jesús Adrián Marcillo, un amigo de 30 años, la carretera Panamericana —esa línea que atraviesa el país y la guerra— se los tragó. A la altura de Piendamó, en un paraje llamado El Túnel, hombres armados levantaron un retén ilegal. Los obligaron a bajar del camión que transportaba queso y los subieron a otro vehículo. Desde entonces, nadie volvió a verlos.
Las familias comenzaron la búsqueda con las manos temblando: llamadas, denuncias, cadenas en redes sociales, súplicas a las autoridades. Días después, el Ejército informó de un enfrentamiento con las disidencias del Bloque Dagoberto Ramos: un capturado, un abatido, un conductor liberado y un vehículo incinerado con tres cuerpos calcinados. Entre los escombros solo quedaba un amasijo de metal y hueso.
Las autoridades insinuaron que Angie y Adrián podrían estar allí, pero nadie lo confirmó. Las familias, aferradas a la esperanza, comenzaron a recibir llamadas extorsivas: voces anónimas que pedían dinero a cambio de una prueba de vida que nunca llegó.
El hermano de Angie repetía ante los medios: “Queremos saber si está viva, si alguien la tiene. Que nos digan dónde está, que nos la devuelvan.”
También denunció las extorsiones y pidió que borraran de las redes las publicaciones sobre la desaparición. Uno de los suplicios que padecen las familias de los desaparecidos es ese: la extorsión de los mercaderes del dolor.
Pasaron las semanas. El país siguió su curso de indiferencia. La Universidad Nacional —esa comunidad que la vio caminar por sus pasillos con los ojos encendidos de proyectos— levantó su voz, organizó vigilias y colgó pancartas con su rostro.
El 22 de octubre, casi dos meses después, llegó la confirmación: Angie había sido hallada sin vida. No lo informó Medicina Legal ni la Fiscalía. Lo comunicó la Universidad Nacional, en un mensaje breve que se esparció como un eco de dolor. No se explicó el lugar del hallazgo, ni las circunstancias, ni las causas. Solo el silencio oficial.
En Guachucal, su familia preparó una misa. En Medellín, los estudiantes marcharon con flores.
Pero los interrogantes quedaron flotando:
¿Murió en medio del enfrentamiento entre el Ejército y el Bloque Dagoberto Ramos?
¿Fue víctima del fuego cruzado o de un crimen deliberado?
¿Quién se beneficia del silencio?
A la fecha, nadie lo sabe. Lo único cierto es que la guerra sigue ensañándose con los más jóvenes, con quienes deberían estar soñando futuros y no huyendo del fuego. Como Angie, miles de personas continúan desaparecidas en Colombia, mientras la impunidad y el silencio se reparten el territorio.
Angie Pahola Tobar Carpa tenía 21 años. Su nombre es ahora una herida más en el mapa del país, una historia que la guerra quiso borrar, pero que la memoria se niega a dejar morir.
Mientras el Estado calla, nosotras no:
Exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición.
Angie no es una cifra: es un nombre que honraremos hasta que haya verdad y justicia.
Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.