El amanecer del 29 de octubre de 2025 en el norte de Río de Janeiro fue de silencio y llanto. En una plaza del Complexo da Penha, vecinos colocaron decenas de cuerpos sobre el suelo, apenas cubiertos. Eran las víctimas de una de las operaciones policiales más sangrientas en la historia de la ciudad: 132 personas muertas, según confirmó la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro.
El operativo, ejecutado por la Policía Militar y autorizado por el gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL) —el mismo de Jair Bolsonaro—, tenía como objetivo debilitar al grupo criminal Comando Vermelho. La magnitud del enfrentamiento dejó una estela de horror: cuerpos decapitados, vecinos atrapados en tiroteos, familias que aún buscan a sus desaparecidos.
Lejos de condenar lo ocurrido, Castro calificó la acción de “éxito”. “Las únicas víctimas fueron los policías muertos”, dijo, negando que hubiera civiles inocentes entre los fallecidos. Sus palabras repitieron el viejo discurso del bolsonarismo: justificar la violencia en nombre del orden.
Río de Janeiro conoce bien ese guion. La “guerra contra el crimen” ha sido una constante, pero sus víctimas se repiten: jóvenes negros y pobres de las favelas. En 2022, la policía estatal mató a más de mil personas. En 2021, una operación en el Jacarezinho dejó 28 muertos; ahora, el Complexo da Penha supera cualquier registro. La ONU y Amnistía Internacional han denunciado un patrón de ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza
Las autoridades insisten en que los muertos eran delincuentes. Pero los cuerpos alineados, las heridas en la espalda y los relatos de ejecuciones apuntan a otra verdad: una política de seguridad que confunde justicia con venganza.
El gobernador Cláudio Castro, aliado político de Bolsonaro, ha convertido esa retórica en bandera. Promete control y orden, pero entrega sangre y miedo. La Defensoría Pública exige una investigación independiente, aunque en Brasil la impunidad suele ser la regla.
La tragedia del Complexo da Penha revela más que una masacre: expone el rostro de un Estado que ha perdido el límite moral. Cuando los gobiernos construyen poder sobre el terror de los pobres, la democracia muere lentamente.
Y así, bajo la bandera del orden, las derechas autoritarias del mundo siguen acercándose a su sombra más oscura: la negación de los derechos humanos.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo