El gobernador bolsonarista de Río de Janeiro y la masacre en las favelas

El amanecer del 29 de octubre de 2025 en el norte de Río de Janeiro fue de silencio y llanto. En una plaza del Complexo da Penha, vecinos colocaron decenas de cuerpos sobre el suelo, apenas cubiertos. Eran las víctimas de una de las operaciones policiales más sangrientas en la historia de la ciudad: 132 personas muertas, según confirmó la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro.

El operativo, ejecutado por la Policía Militar y autorizado por el gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL) —el mismo de Jair Bolsonaro—, tenía como objetivo debilitar al grupo criminal Comando Vermelho. La magnitud del enfrentamiento dejó una estela de horror: cuerpos decapitados, vecinos atrapados en tiroteos, familias que aún buscan a sus desaparecidos.

Lejos de condenar lo ocurrido, Castro calificó la acción de “éxito”. “Las únicas víctimas fueron los policías muertos”, dijo, negando que hubiera civiles inocentes entre los fallecidos. Sus palabras repitieron el viejo discurso del bolsonarismo: justificar la violencia en nombre del orden.

Río de Janeiro conoce bien ese guion. La “guerra contra el crimen” ha sido una constante, pero sus víctimas se repiten: jóvenes negros y pobres de las favelas. En 2022, la policía estatal mató a más de mil personas. En 2021, una operación en el Jacarezinho dejó 28 muertos; ahora, el Complexo da Penha supera cualquier registro. La ONU y Amnistía Internacional han denunciado un patrón de ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza

Las autoridades insisten en que los muertos eran delincuentes. Pero los cuerpos alineados, las heridas en la espalda y los relatos de ejecuciones apuntan a otra verdad: una política de seguridad que confunde justicia con venganza.

El gobernador Cláudio Castro, aliado político de Bolsonaro, ha convertido esa retórica en bandera. Promete control y orden, pero entrega sangre y miedo. La Defensoría Pública exige una investigación independiente, aunque en Brasil la impunidad suele ser la regla.

La tragedia del Complexo da Penha revela más que una masacre: expone el rostro de un Estado que ha perdido el límite moral. Cuando los gobiernos construyen poder sobre el terror de los pobres, la democracia muere lentamente.

Y así, bajo la bandera del orden, las derechas autoritarias del mundo siguen acercándose a su sombra más oscura: la negación de los derechos humanos.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Corte Constitucional ordena a Miguel Polo Polo pedir disculpas a las madres de los falsos positivos

Un día, un congresista con nombre de eco y arrogancia decidió que la memoria le estorbaba.

Miguel Polo Polo, así se llama, pero podría llamarse infamia, crueldad o uribismo,

porque detrás de su voz se escuchan las risas viejas del poder que mandó a matar y luego negó todo.

En el Congreso, frente a los retratos de la patria,

arrancó las botas del homenaje a los falsos positivos:

las botas de los muchachos que fueron engañados, asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate.

Las metió en bolsas negras, como si fueran basura.

Grabó el acto. Lo celebró.

No midió que esas botas eran los pasos de miles de madres que aún buscan justicia.

La Corte Constitucional habló.

Dijo que su gesto fue una violencia simbólica,

que rompió el derecho a la memoria,

y le ordenó pedir perdón a las madres,

devolver lo que destruyó y reconocer la verdad.

Y sin embargo, las madres siguen.

No con odio, sino con dignidad.

Con los pies firmes sobre la tierra que guarda a sus hijos.

Con la voz gastada de tanto repetir sus nombres.

A pesar del desprecio, de los insultos y de la indiferencia,

ellas siguen exigiendo justicia.

Siguen pidiendo que el país mire su vergüenza a los ojos.

Polo Polo representa a los que dispararon y a los que callaron,

a los que dieron la orden y a los que aplaudieron el crimen.

Representa la maldad, la impunidad

y ese vertedero de sangre que el uribismo quiere volver a llamar Colombia.

Pero las madres no se rinden.

Porque donde el poder pone miedo, ellas siembran memoria.

Y donde los verdugos levantan la voz, ellas responden con verdad.

Las madres no olvidan.

Las madres no se cansan.

Las madres no se arrodillan.

 

Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

Justicia para las Madres de Soacha: la Corte cita a Miguel Polo Polo por ultrajar su homenaje

En Colombia, las madres no se rinden.

Cuando el Estado les arrebató a sus hijos, ellas aprendieron a hablar el idioma de la ausencia.

Les dicen las Madres de Soacha, o MAFAPO, y llevan más de quince años buscando justicia por los jóvenes que el Ejército presentó falsamente como guerrilleros muertos en combate.

Hace unos meses, esas mujeres instalaron frente al Congreso de la República, en la Plaza Rafael Núñez, una obra de memoria:

botas de caucho, pintadas y dispuestas como ofrenda.

Eran las mismas botas que los soldados les ponían a los cuerpos de sus hijos después de asesinarlos, para convertirlos en trofeos de guerra.

Las mismas botas que simbolizan una de las páginas más infames de la historia reciente: los falsos positivos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció 6.402 víctimas, pero las cifras reales son mucho mayores.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se exigía a los oficiales del Ejército presentar “bajas en combate” como requisito para ascender.

Cada ascenso pedía 500 muertos.

Y en los cementerios del país reposan más de 25.000 cuerpos sin nombre, enterrados como guerrilleros NN.

Fosas comunes que no son de la guerra, sino de la impunidad.

En medio de ese altar de memoria llegó un congresista de extrema derecha: Miguel Polo Polo.

Llegó sin respeto, con cámaras y micrófono, y empezó a recoger las botas y meterlas en bolsas de basura, entre burlas, calificando el homenaje de “basura guerrillera”.

No eran botas, decía, sino “un montaje”.

Y con su gesto volvió a matar a los hijos de Soacha, esta vez simbólicamente.

El país entero lo vio.

Y el país entero calló demasiado tiempo.

Por ese acto, la Corte Suprema de Justicia citó a Miguel Polo Polo a indagatoria el 10 de octubre, acusado de hostigamiento y discriminación agravada contra las víctimas del conflicto armado.

Pero más allá de los códigos penales, su acción reveló algo más profundo:

el desprecio con que parte del poder mira a los pobres, a los jóvenes, a las madres que no se cansan de buscar.

Las Madres de Soacha no piden venganza.

Piden justicia, verdad y dignidad.

Piden que Colombia deje de enterrar su vergüenza en bolsas negras.

Que los responsables —militares, civiles y políticos— respondan.

Que la historia no se repita.

Porque lo que Polo Polo hizo no fue una simple falta de respeto.

Fue una infamia, un acto de odio contra quienes encarnan la resistencia moral de este país.

Las botas de caucho que él arrojó a la basura no eran basura:

eran testimonio.

Eran la prueba del crimen que el Estado quiso ocultar,

y el recordatorio de que todavía hay madres que caminan con el corazón lleno de nombres.

Un país que permite que se insulte así a sus víctimas es un país que aún no ha aprendido a mirar su propio espejo.

Pero esas madres, con su terquedad sagrada, seguirán alzando las fotos de sus hijos.

Seguirán hablando cuando todos callen.

Seguirán repitiendo la consigna que el poder teme escuchar:

“No más impunidad. No más olvido.”

Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

Uribe y su hermano, en la mira por los asesinatos de Umaña y Valle

La historia vuelve, como un bumerán que nunca se pierde en el viento. Un juzgado especializado de Medellín ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe y a un general del Ejército como presuntos determinadores de los asesinatos de Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo, dos de los más emblemáticos defensores de derechos humanos de los años noventa. La decisión, contenida en la sentencia condenatoria contra José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, por el secuestro de Piedad Córdoba, reabrió heridas que nunca cicatrizaron.

La compulsa de copias es un mecanismo jurídico por el cual un juez, al encontrar elementos que podrían comprometer penalmente a otras personas no procesadas en el caso principal, remite la información a la Fiscalía para que investigue. No es una condena, pero sí una puerta abierta a procesos judiciales. En este caso, la jueza Claudia Marcela Castro consideró que había motivos suficientes para enviar el expediente a los fiscales y revisar si Uribe y su hermano tuvieron alguna responsabilidad en esos crímenes.

La base de la decisión es un testimonio que Francisco Enrique Villalba Hernández, exparamilitar del Bloque Metro, rindió en 2008. Villalba relató una reunión en 1997 en la finca La Marranera, en San Roque, Antioquia. Allí —según su versión— estaban presentes Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, mandos militares y policiales, y también Álvaro y Santiago Uribe Vélez, entonces gobernador y ganadero, respectivamente. En ese encuentro, aseguró, se habló de “callar” a quienes denunciaban la alianza entre paramilitares y militares: Umaña, Valle y también Jaime Garzón. Mencionó incluso una lista escrita en computador que Carlos Castaño habría entregado a Santiago Uribe, con los nombres de quienes “tenían que ser silenciados como fuera”.

Jesús María Valle fue asesinado en su oficina en Medellín en febrero de 1998, tras haber denunciado públicamente la complicidad entre el Ejército y las autodefensas en la masacre de El Aro. Eduardo Umaña, abogado incansable y crítico feroz de las violaciones de derechos humanos, fue asesinado en abril del mismo año en Bogotá por sicarios que se hicieron pasar por periodistas. Ambos crímenes permanecen impunes en sus niveles más altos de responsabilidad.

En su defensa, Álvaro Uribe recurrió a X (antes Twitter) para responder con virulencia. Llamó a la decisión judicial “una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”. Pero en el mismo mensaje citó, palabra por palabra, el testimonio que reposa en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un documento que recoge con detalle la violencia paramilitar de aquellos años.

Alguien debería recordarle al señor de las sombras que tiene derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. Pero tal vez sean tantos los muertos que le respiran en la nuca, que es su propia conciencia negra la que no lo deja callar.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

La JEP y los falsos positivos: una sentencia que perpetúa la impunidad

La Jurisdicción Especial para la Paz celebró con solemnidad su sentencia sobre los falsos positivos del Batallón La Popa. Doce militares recibieron sanciones propias por 135 ejecuciones extrajudiciales. Se habló de verdad, de reparación, de garantías de no repetición. Se habló de justicia restaurativa. Pero entre las familias que llevan años buscando, entre las madres que aún sostienen las fotos de sus hijos ejecutados, la sensación que se impone es otra: la de la impunidad disfrazada.

La sentencia no resuelve el caso a caso de cada víctima. No hay nombre por nombre, no hay esclarecimiento de cómo fueron asesinados, de quién dio la orden, de qué manos dispararon. La macro verdad se tragó las historias individuales. Las víctimas quedan reducidas a estadísticas, a una cifra que cabe en un párrafo judicial. Sus derechos individuales a la verdad, a la justicia y a la reparación integral siguen sin cumplirse.

Tampoco hay verdad completa. La sentencia repite lo sabido: que hubo un patrón, que fue sistemático, que la presión por resultados se convirtió en una maquinaria de muerte. Pero la cadena de mando se detiene convenientemente en coroneles y comandantes de batallón. El nombre que flota como fantasma, el del máximo responsable político, Álvaro Uribe Vélez, permanece blindado. Su política de “seguridad democrática” fue la que abonó estos crímenes, y sin embargo él sigue impune, protegido por un muro de silencios y complicidades.

La reparación, además, es un espejismo. La Unidad para las Víctimas no tiene fondos para indemnizar, y los proyectos restaurativos —placas, monumentos, talleres comunitarios— son paliativos simbólicos frente a la magnitud del daño. Las familias lo saben: lo que se ofrece no compensa una vida arrebatada ni resarce décadas de duelo y de pobreza.

La trampa está en el origen. El Acuerdo de Paz se firmó entre el gobierno y las FARC. En esa negociación, los militares fueron incluidos y premiados. Los falsos positivos quedaron metidos en el paquete, como si fueran un efecto colateral del conflicto, cuando en realidad fueron una política abominable de crímenes de lesa humanidad, generalizados y sistemáticos, cometidos contra civiles inocentes.

Por eso, en términos prácticos, estas víctimas nunca fueron consideradas víctimas del conflicto armado. No lo fueron. Fueron víctimas de un Estado que asesinó a sus ciudadanos para inflar estadísticas de guerra. Fueron víctimas de un aparato que convirtió el uniforme en verdugo. Y la JEP, en vez de colocar sus historias en el centro, eligió proteger la arquitectura de la impunidad.

Al final, la sentencia confirma lo que tantas madres intuían desde el principio: la JEP nunca tuvo como centro a las víctimas de los falsos positivos. El centro siempre fue blindar a los responsables y garantizar la impunidad.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Huila: los falsos positivos y desapariciones forzadas que la JEP destapa en la era Uribe

No eran solo “falsos positivos”. En los caminos polvorientos del Huila, en las veredas donde la neblina se queda prendida en las montañas, el Ejército no solo disparaba contra supuestos guerrilleros. Durante los años más duros del gobierno de Álvaro Uribe, mataban a jóvenes y campesinos —muchachos que buscaban trabajo en la plaza, jornaleros que apenas podían llenar la olla, hombres arrancados de sus casas al amanecer— y luego los vestían con botas de caucho, les colgaban un fusil oxidado en las manos, y los presentaban como bajas en combate.

La tierra del sur del Huila está llena de esas historias. Los cementerios también. El viejo San Antonio de Padua, en Pitalito, guarda en silencio lo que los noticieros no dijeron: fosas abiertas a toda prisa, cuerpos apilados sin nombre, madres llorando sin tumba dónde rezar. Hace apenas unos días, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció que recuperó 17 cuerpos en ese camposanto. Se pensaba que habría diez o doce, pero la pala destapó once fosas, algunas colectivas, con los restos de quienes desaparecieron entre 1998 y 2012, en Pitalito, San Agustín, Acevedo, Palestina y hasta Santa Rosa, en el Cauca.

Por primera vez, seis exmilitares comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) bajaron la mirada y se ensuciaron las manos en esas exhumaciones. No eran solo soldados. Eran hombres que, en otros años, empuñaron el poder de decidir quién vivía y quién moría. Hoy, como parte de sus compromisos restaurativos, ayudaron a desenterrar a los que ellos mismos un día hicieron desaparecer.

La JEP ha documentado que en el Huila hubo asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por la Novena Brigada. En total, 32 desapariciones están ya registradas en el subcaso Huila del Caso 03. El año pasado, 35 militares fueron imputados, incluidos generales, por 200 crímenes: entre ellos asesinatos, desapariciones y tentativas de homicidio. Y en una audiencia en Neiva, 74 uniformados aceptaron responsabilidad por 108 hechos: 32 desapariciones forzadas y 8 intentos de homicidio.

Mientras la JEP les pregunta por los cuerpos, la UBPD los encuentra. Con los 17 de ahora, ya son 40 restos recuperados en el cementerio de Pitalito. Cuatro han regresado a casa de sus familias en Huila, Caquetá, Cauca y Cesar; otros tres están por volver. Los demás esperan en osarios, bajo custodia, hasta que la ciencia confirme lo que el corazón de las madres ya sabe.

Las familias, junto a organizaciones sociales, caminaron la Ruta de la Memoria: sembraron rosas, tejieron un telar y escucharon las voces de los buscadores. Porque la memoria no solo se escribe con papeles y expedientes: también con tierra removida, con flores rojas sobre las tumbas, con lágrimas que se convierten en semilla.

La historia del Huila no cabe en los informes fríos ni en las estadísticas de despacho. Está escrita en la tierra removida del cementerio de Pitalito, en las fosas abiertas a la carrera en nombre de la “seguridad democrática”. No eran guerrilleros, eran campesinos, eran jóvenes, eran hijos. Y ahora, poco a poco, el país se entera de lo que siempre supieron sus madres: que los uniformados no solo peleaban una guerra, también enterraban a inocentes en silencio.

Por Justicia & Dignidad

Periodismo independiente e investigativo

Las mujeres del Putumayo caminan con el alma rota

Crónica de guerra, silencio e impunidad

Por alguna trocha del Putumayo aún debe estar el eco de ese grito que nunca se escuchó.

“¡No! ¡No me toquen! ¡No soy guerrillera!”

Pero el fusil no pide permiso.

Ni la puñaleta.

Ni las manos sucias de odio que arrancan la dignidad como si fuera ropa vieja.

Era octubre de 2004. Las mujeres se bajaban de las canoas con las manos cargadas de dulces para los hijos, víveres, historias de mercado, risas pequeñas. No sabían —cómo iban a saber— que el caserío Arizona ya no era un pueblo, sino una trampa. Que allí no mandaba la ley, sino el miedo.

Un sargento del Ejército llamado Juan Pablo Sierra Daza, alias Motosierra, alias El Boquinche, llegó con paramilitares a su lado. Hablaba duro, con rabia. Mostraba una lista de nombres que nadie debía leer. Y señalaba a quien respirara distinto.

En la semana del 24 de octubre de 2004, fueron violadas siete mujeres, y una mujer y un menor de edad fueron ejecutados extrajudicialmente, luego de haber sido señalados —sin pruebas, sin proceso, sin juicio— de pertenecer a la guerrilla.

No eran guerrilleras.

Eran campesinas.

Lo que ocurrió allí fue una operación encubierta para sembrar terror en la comunidad, para “limpiar el territorio”, para dejarlo libre a favor del control paramilitar, con el Ejército como socio operativo.

Una de ellas fue obligada a caminar como escudo humano durante un combate. A otra le apuntaron entre las piernas. A otra la hicieron confesar entre golpes que era guerrillera, para luego vestirla de camuflado. A todas las encerraron, las desnudaron, las torturaron, les pasaron la puñaleta entre el cuerpo, las insultaron, las quebraron.

Mientras tanto, el niño en brazos de una madre ejecutada fue devuelto como un paquete más.

Y el terror seguía su curso.

El sargento Sierra Daza reconoció algunas ejecuciones extrajudiciales por las que ya ha sido condenado por la justicia ordinaria. Pero negó absolutamente cualquier hecho de violencia sexual. Y aunque las víctimas han relatado estos hechos con todo el dolor del mundo, la JEP titubea.

Porque «en algo confesó», dicen.

Y así, la puerta de la impunidad sigue abierta de par en par.

No será expulsado.

Porque aún puede “contribuir a la verdad”.

¿A qué verdad? ¿A cuál justicia?

Lo cierto es que en este proceso, las mujeres víctimas fueron expuestas de nuevo, obligadas a revivir el horror ante el agresor que las mira, las niega, y las vuelve a matar con cada palabra. Y también fue señalada la organización que las acompaña, Corporación Justicia y Dignidad, por parte del propio compareciente.

Nosotras. Las que nunca dejamos de creerles a las mujeres víctimas.

Como si eso no fuera suficiente, la vía de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está paralizada, porque la JEP no remite la información necesaria a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El Estado calla.

La JEP calla.

Y la impunidad grita.

La violencia sexual en el Putumayo no fue un hecho aislado. Fue una práctica repetida, sistemática, planificada.

Las cifras lo confirman.

El horror lo respalda.

Según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y de organizaciones de víctimas, la violencia sexual fue parte estructural del control territorial en el Putumayo. En lugares como El Placer, Puerto Caicedo y La Dorada, se documentaron violaciones sistemáticas a mujeres, niñas y adolescentes, usadas como objetos, trofeos o castigos.

El Centro Nacional de Memoria Histórica lo calificó como una práctica generalizada, con la mayor tasa de violencia sexual del país: 245 víctimas por cada 100 000 habitantes.

En los entrenamientos y consignas de guerra se enseñaba sin disimulo:

“Sube, sube guerrillero, que en la cima yo te espero. A tus mujeres violaremos y a tus hijas mataremos.”

Hoy, muchas de esas mujeres caminan con el alma rota… y aún así siguen caminando.

Porque si no lo hacen ellas, nadie contará que la guerra en Colombia no solo mata.

También viola.

Y calla.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Daniel Sánchez, 4 años de Impunidad

A esta hora, un 29 de mayo de hace cuatro años, los vecinos de Siloé ya sabían. Las redes lo habían dicho con la crudeza de una imagen que no puede borrarse. Los familiares aún lo negaban. Aún tenían esperanza. Aún lo buscaban. Pero la verdad cayó como un ladrillo desde la boca de alguien que no quería decirlo, que lo murmuró como una disculpa: “encontramos el cuerpo de Daniel”.

Daniel Stiven Sánchez tenía 16 años. Era del barrio, de los que madrugan con la pala y se acuestan con la esperanza de que lo poquito sirva. Hacía lo que podía para ayudar a su mamá. Esa noche no regresó.

Entonces comenzó la película de terror.

Pero no era una película. Era un guion real escrito desde arriba. Desde las órdenes de Estado. Desde el trino con voz de mando de Álvaro Uribe Vélez autorizando a soldados y policías a usar sus armas para defenderse del «terrorismo vandálico». Desde el decreto de asistencia militar de Iván Duque, que llenó las calles de uniformados, tanquetas y balas, y dejó en las aceras los cuerpos de quienes apenas reclamaban pan, educación, futuro.

El 28 de mayo de 2021, lo detuvieron arbitrariamente en la glorieta de Siloé, frente a Dollarcity. No era un terrorista, era un muchacho. Un adolescente. Le dispararon en la pierna, lo arrastraron como si no doliera. Testigos dicen que lo subieron a una tanqueta del ESMAD. Que pedía ayuda. Que gritaba que era menor de edad. Que los brigadistas intentaron alcanzarlo y también les dispararon.

Esa noche, Siloé ardió en fuego y rabia. Y a la mañana siguiente, el cuerpo de Daniel apareció calcinado dentro del local incendiado. Pero no se había quemado con el fuego. Se había quemado con el silencio.

La Fiscalía dijo que fue un accidente. Que Daniel murió por inhalación de gases calientes. Que se trató de una “culpa exclusiva de la víctima”. Como si él mismo se hubiera golpeado, arrastrado, encerrado. Como si el Estado no hubiera estado allí, con toda su maquinaria, para cazar.

El fiscal de Cali, Jhon Freddy Encinales, repitió esa versión como quien obedece una orden. No investigó. No recibió testimonios clave. No revisó videos ni fotos. No escuchó. No quiso escuchar.

La familia de Daniel tuvo que suplicar para que les entregaran su cuerpo. Medicina Legal se negó al principio, diciendo que no podían identificarlo, aunque ya lo habían hecho. Cuando finalmente lo devolvieron, el cadáver estaba destrozado: cortes sin justificación, suturas irregulares, músculos raspados donde había golpes. Le faltaban pedazos. No solo de cuerpo. También de verdad.

El informe forense tardó un mes en llegar. Los anexos, tres. Cuando llegaron, no coincidían. Las radiografías eran de alguien más. No mostraban fracturas visibles. No mostraban la historia del cuerpo de Daniel. No mostraban nada.

Tampoco hay pruebas de laboratorio. Ni de sus prendas. Fueron entregadas, sí, pero no al expediente. Acabaron destruidas en una funeraria. Lo que podía hablar, fue silenciado.

La investigación pasó un año después a la unidad de Derechos Humanos en Bogotá. La fiscalía 207 apenas repitió entrevistas y amenaza permanentemente con el archivo del caso. No reconstruyó hechos. No judicializó a nadie. El caso sigue flotando en una carpeta con polvo. Sin culpables. Sin justicia. Sin verdad.

Los responsables tienen nombre y rango: Iván Duque Márquez, expresidente; Diego Molano, exministro de Defensa; Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército. Ellos no solo sabían. Ellos ordenaron. Autorizaron. Justificaron. Supervisaron. Y repitieron que todo estaba “bajo control”, mientras el país contaba muertos. Por acción y omisión, por la sistematicidad de los hechos, por la política estatal de represión violenta contra la protesta social, son responsables de crímenes de lesa humanidad. La cadena de mando los incrimina. Las órdenes firmadas los señalan. Las madres que no tienen a sus hijos los acusan.

El presidente Petro prometió una Comisión de la Verdad para esclarecer los crímenes del paro. Lo dijo en campaña, lo repitió en discursos. Hoy, esa comisión no existe. No hay decreto, ni plan, ni escucha real a las víctimas. La promesa murió antes de nacer.

Las víctimas de ese mayo sangriento están hoy peor. Muchas están desplazadas. Amenazadas. Calladas. No pueden siquiera inscribirse en el Registro Único de Víctimas porque la ley no se los permite. Ese registro es solo para víctimas del conflicto armado, como si el estallido social del 2021 no fuera también hijo de esa guerra prolongada, como si no fuera una consecuencia de que Duque le falló a la paz. Los protocolos no reconocen la represión como crimen. El Estado se niega a mirarse al espejo. No reciben ayuda humanitaria. No tienen atención psicosocial. Nadie les protege la vida ni la dignidad. La impunidad es total. Intacta. Triunfante.

A esta hora, hace cuatro años, una madre, doña María Deiba, recibió la noticia que le arrancó la mitad del alma. Desde entonces, Crisol Yurani, hermana de Daniel, se prometió luchar hasta el último día para que el caso no quede en el olvido ni en la impunidad.

A esta hora, hace cuatro años, el país perdía a un hijo más, y ganaba una herida más. Una que no cierra porque no hay justicia. Porque no hay voluntad. Porque a Daniel lo mataron dos veces: primero la bala, luego el olvido.

Y esta historia no es solo la de Daniel. Es la de muchos. Es la de un país que sigue caminando sobre cadáveres mientras promete no repetirlos.

Pero la voz de su madre y su hermana, y la de quienes aún nombran a los que faltan, no ha callado. Sigue latiendo. Aunque tiemble, aunque duela. Porque hay verdades que no pueden quedar enterradas.

Porque cada cuerpo merece justicia. Porque Daniel tenía 16 años.
Y porque a esta hora, hace cuatro años, comenzó un horror que aún no ha terminado.

Por: Sofía López, Abogada y Periodista de la Corporación Justicia & Dignidad

 

 

Quince años de Justicia y Dignidad

Nacimos entre expedientes empolvados y calles de tierra. Éramos una abogada y tres abogados, con más voluntad que recursos, con más miedo que certezas, pero con la rabia suficiente para no rendirnos. Era el 2010, y el país seguía oliendo a pólvora. El suroccidente colombiano, nuestro territorio, era un campo de batalla donde las balas se confundían con el sonido del viento en las montañas. Era la época del esplendor de los falsos positivos, cuando jóvenes eran asesinados y presentados como trofeos de guerra. Las Águilas Negras y las Bacrim sembraban terror con panfletos y masacres, mientras el Estado nos llamaba enemigos solo por exigir justicia. Nos dolía la impunidad como un cuchillo mal enterrado. Veíamos cómo la Ley de Justicia y Paz se convertía en la alfombra bajo la cual barrían los crímenes de los paramilitares, dejando a las víctimas con las manos vacías y la memoria llena de ausencias.

Fue en esos días de incertidumbre que nos agarramos del camino de Eduardo Umaña Mendoza. Su memoria nos iluminó en la tormenta. Justicia y Dignidad se llamó su movimiento cuando aspiró a la Asamblea Constituyente, y Justicia y Dignidad nos llamamos nosotros cuando decidimos dar la pelea desde la región para la región. No queríamos tribunales fríos en Bogotá, queríamos estar ahí, en las veredas, en los barrios, en las cárceles donde encerraban a los que protestaban, en las montañas donde resistían los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos. Queríamos ser la voz de los que no tienen voz.

El primer caso nos marcó para siempre: las comunidades campesinas del Vergel y Pedregal, en Caloto, Cauca. Campesinos a los que la guerra les arrebató la tierra y la vida como si fueran simples cifras en un informe. Los acompañamos con lo que teníamos, con palabras, con demandas, con nuestra presencia cuando el miedo les cerraba todas las puertas. Y aquí estamos, quince años después, hoy 3 de marzo de 2025, exigiendo en reunión de trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un plan de reubicación y retorno para esas mismas familias campesinas que, a pesar de todo, siguen esperando justicia.

El camino ha sido largo y empinado. Nos quisieron callar con amenazas, nos persiguieron, intentaron desaparecernos, nos hirieron, buscaron doblegarnos con la judicialización. Por épocas, fuimos desplazados forzadamente porque los amos de la guerra así lo disponían, pero nuestro trabajo no paraba. Seguíamos, aunque fuera desde la distancia, porque la dignidad no conoce fronteras ni silencios impuestos. En estos años hemos visto cómo las comunidades que acompañamos se levantan, cómo las mujeres se organizan, cómo los jóvenes aprenden que la memoria es un arma más poderosa que el olvido. Nos han querido borrar, pero aquí estamos, tercos, de pie, porque la justicia no es una utopía, es un derecho que no estamos dispuestos a negociar.

Acompañamos víctimas de crímenes de Estado, de la guerra, del despojo. Nos metimos en las entrañas del litigio estratégico, llevando casos a las cortes nacionales e internacionales. Denunciamos, gritamos cuando fue necesario, y construimos cuando fue posible. Defendimos a indígenas, a campesinos, a afrodescendientes, a mujeres, a líderes que hoy estarían muertos si no fuera por la resistencia de sus propias comunidades.

No estuvimos solos. De nuestro andar nacieron hijos: la Casa de Educación Popular La Caracola, el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, la Guardia Intercultural Humanitaria. Porque la lucha no es de uno, es de todos.

Hoy, cuando la Corporación cumple quince años, miramos atrás y vemos un camino sembrado de nombres, de historias, de vidas que se han cruzado con la nuestra. Miramos adelante y sabemos que queda mucho por hacer, pero aquí seguimos, con la misma terquedad del primer día, con el mismo fuego en el pecho.

A nuestros mentores, Eduardo Umaña Mendoza y el padre Javier Giraldo, cuyo ejemplo sigue iluminando nuestro camino. A quienes han caminado a nuestro lado con compromiso y valentía: Sofía, Juan Esteban,  Diana, Deisy, Ginita, Ana Gabriela, Beatriz, Juan, Carlos Mario, Marthica, Sol, Emilse, Albita, Francisco, Sara, Anthoine y Lucía.

A quienes partieron para construir otros escenarios, pero siguen presentes en nuestra lucha y memoria: Alex, Fernando, Homero y Walter.

Y, sobre todo, a las víctimas y comunidades que nos han enseñado que la justicia y la dignidad no se mendigan, se exigen.

Por ellas, por ellos, por nosotras y nosotros, por quienes aún no han llegado, pero heredarán esta lucha.

Feliz cumpleaños, Justicia y Dignidad.

 

Voces de Resistencia: La Gira Europea del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, Corporación Justicia y Democracia y Corporación Justicia y Dignidad

Las infancias que la guerra devora y el Estado abandona

Caminamos por Europa con el peso de un país a cuestas. No era el peso de la nostalgia ni del miedo. Era el peso de los nombres sin lápida, de las madres que han parido hijos e hijas para la guerra, de las infancias que han cambiado los pupitres por los fusiles.

Vinimos a denunciar lo que en Colombia se oculta, lo que en los noticieros se menciona con vergüenza y se olvida con rapidez. Vinimos a decirle al mundo que en el suroccidente colombiano niños y niñas desaparecen y reaparecen como combatientes, que sus cuerpos se desvanecen en las montañas y sus nombres se borran de los registros del Estado. Vinimos sin recursos, sin apoyo, sin nada más que la certeza de que callar también es ser cómplices de la violencia.

Ginebra: denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU

El invierno suizo nos recibió con su frialdad habitual. No nos sorprendió. Nosotros y nosotras venimos del frío de la indiferencia, de la burocracia que sella expedientes y archiva vidas. En las salas del Comité de Derechos del Niño de la ONU, desplegamos nuestras denuncias como si fueran heridas abiertas.

Hablamos de lo que nadie quiere oír: del reclutamiento forzado que arranca a los niños y niñas de los patios de las escuelas y les devuelve convertidos en sombras, de la desaparición forzada que se traga sus nombres y sus historias, de cómo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en vez de protegerles, les maltrata y les estigmatiza, empujándolos de nuevo a la guerra.

El comité escuchó. Preguntaron. No hubo respuestas fáciles, porque no hay reparación para una infancia que ya no existe.

Nos encontramos con la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIAN, Francisco Javier Vera, la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niños, Niñas y Jóvenes y Acción Global, con la comisionada Rosaria Isabel Correa, con quienes cruzamos palabras, ideas y esperanzas. Sabemos que, en este juego de poderes, la solidaridad internacional es un resguardo necesario.

Barcelona: las redes de resistencia

Desde Suiza transitamos a Barcelona, a donde nos llevó la palabra y el compromiso de Betty Puerto, una luchadora curtida en la defensa de derechos humanos. Nos abrió las puertas de su casa y de la Taula Catalana, un espacio donde se discute la justicia más allá de las fronteras.

Nos sentamos frente a ellas y hablamos de nuestras muertes, pero también de nuestros sobrevivientes: de quienes hemos rescatado con nuestras propias manos, de aquellos y aquellas que lograron escapar de la guerra pero que el Estado sigue tratando como delincuentes. Presentamos nuestras propuestas de justicia indígena para la paz y la Guardia Intercultural Humanitaria, esa forma de resistencia que nació desde el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, en el corazón de las comunidades rurales, y se levantó con la dignidad de quienes han sido despojados de todo.

Nos escucharon. Nos creyeron. Y eso, en estos tiempos, ya es una victoria.

Madrid: la lucha de quienes defendemos con las leyes

Madrid nos esperaba con otro escenario. Aquí, la lucha se libra con códigos y leyes, con sentencias que, en el mejor de los casos, llegan cuando ya el daño está hecho. Nos sentamos en la mesa del Observatorio Internacional de la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española y dijimos lo que en Colombia nos puede costar la vida: que los abogados y abogadas defensores de derechos humanos están en la mira, que denunciar significa llevar una diana en la espalda.

Fuimos al Colegio de Abogados de Madrid y a la Asociación Libre de Abogados, donde compartimos no solo nuestra labor, sino nuestras cicatrices. La defensa de los derechos humanos como abogados y abogadas no es una profesión, es una condena.

En el Congreso de los Diputados de España, nos reunimos con Enrique Santiago (Izquierda Unida) y Agustín Santos (Sumar). Les hablamos de las infancias sin tumba, de quienes mueren sin haber vivido, de quienes sobreviven sin haber nacido del todo. También nos encontramos con Podemos Internacional, donde les mostramos la verdad cruda de nuestro país y pedimos respaldo. No para nosotros y nosotras, sino para quienes aún pueden ser salvados.

Volver con el corazón ardiendo

Aunque Europa prestó atención a nuestro clamor, el eco auténtico aún resuena en Colombia. Aquí, las madres seguimos esperando a nuestros hijos e hijas; aquí, la selva continúa tragándose nombres; y aquí, la guerra sigue arrebatando la infancia a quienes deberían estar jugando, no huyendo..

Nosotros y nosotras, Sofía López Mera y Víctor Javier Velásquez, volvemos con la certeza de que este viaje no fue en vano. Regresamos con la esperanza de que nuestras denuncias no se pierdan en el olvido y con la convicción de que la lucha sigue, aunque a veces duela, aunque a veces mate.
Porque la historia de Colombia no la escriben los poderosos en los palacios, la escribimos nosotros y nosotras, quienes hemos visto la guerra de cerca y seguimos, tercamente, empeñados en la justicia, la dignidad y la construcción de la paz y la democracia.

Este viaje lo hicimos como delegados y delegadas de la Corporación Justicia y Dignidad y la Corporación Justicia y Democracia, organizaciones que integramos con orgullo en el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz y la Guardia Intercultural Humanitaria. Seguimos en pie. Seguimos en la lucha. Porque la paz no se suplica, se construye, y así llegarán, por fin, la justicia, la dignidad y la democracia.