¿En qué se diferencia un bombardeo de Estados Unidos de uno colombiano?

No hay diferencia real entre los bombardeos que Donald Trump ordenó contra lanchas de pescadores en el Caribe y los bombardeos que el gobierno colombiano ha ejecutado en el Guaviare, Arauca o el Amazonas. Cambian el idioma, las coordenadas y la excusa oficial, pero la escena es la misma: proyectiles lanzados desde la comodidad de un dron contra seres humanos que, muchas veces, no pueden distinguirse del enemigo imaginado.

En el Caribe, la operación estadounidense —esa cruzada infinita disfrazada de “guerra contra el narcotráfico”— ya deja más de 80 pescadores muertos. En Colombia, los bombardeos “quirúrgicos” han terminado con la vida de al menos 12 menores, y hay reportes que los elevan a 17. Mientras Estados Unidos asegura que todos eran criminales, y el gobierno colombiano dice que todos eran “jóvenes combatientes”, lo evidente es lo otro: cadáveres sin nombre, familias sin verdad y justificaciones cada vez más mecánicas.

Aquí es donde entra el Derecho Internacional Humanitario —el DIH— que, aunque parezca un invento para incomodar ministros, en realidad existe para impedir exactamente esto.

Primero, el principio de distinción. Este obliga a diferenciar entre combatientes y civiles. Un pescador en una lancha dañada es un civil. Un niño reclutado forzosamente también lo es. Bombardear sin certeza viola este principio básico, contemplado en los Protocolos Adicionales de Ginebra.

Segundo, el principio de proporcionalidad, que prohíbe usar fuerza excesiva frente a un objetivo presuntamente militar si eso puede causar daños mayores a civiles. Lanzar misiles desde un avión contra embarcaciones pequeñas —o contra campamentos donde hay menores mezclados con adultos— es, en el mejor de los casos, desproporcionado.

Tercero, el principio de precaución, que obliga a verificar la naturaleza del objetivo y tomar todas las medidas posibles para evitar víctimas civiles. Es imposible cumplir con este estándar cuando se dispara desde miles de metros contra siluetas indistinguibles en el mar o en la selva.

Y cuarto, la protección reforzada de los niños, establecida tanto en el DIH como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño es explícita: los menores reclutados deben ser retirados, protegidos y reintegrados, no bombardeados.

Todo esto se viola cuando un Estado —estadounidense o colombiano— decide que es más simple mostrar “resultados operacionales” que asumir responsabilidades frente a su propia incapacidad de prevenir el reclutamiento o de identificar objetivos reales.

Pero el problema no es sólo jurídico; es moral. ¿Por qué indignan más los pescadores muertos por órdenes de Trump que los niños colombianos asesinados en una selva que casi nadie mira? Quizá porque la violencia imperial tiene cámaras internacionales, mientras que la violencia doméstica se esconde detrás de la costumbre. O porque en Colombia, con cinismo perfecto, muchos creen que un menor reclutado deja de ser víctima para convertirse en “parte de la guerra”.

Eso permite barbaridades como sostener —lo dirán los machirulos guerreristas de izquierda— que “no todo reclutamiento es forzado”, como si un niño empujado por el hambre y el abandono estatal estuviera haciendo una elección libre.

Pero la verdad es simple: ni a los pescadores se les bombardea, ni a los niños reclutados se les bombardea. Ni con bandera estadounidense ni con bandera colombiana.

Y claro, para rematar con ironía, tenemos un ministro de Defensa militar, defendido en el Congreso por el uribismo. Un detalle menor, dirán algunos. Pero ya eso, si se mira bien, lo dice todo.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo